NUEVA YORK – Por entender que la empresa LUMA Energy tiene una carta en blanco para no asumir responsabilidad por daños a equipos electrodomésticos de los consumidores como resultado de apagones u otros problemas con el sistema eléctrico, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) de Puerto Rico demandó a la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía en la isla.
El fin principal del recurso ante el Tribunal Superior de San Juan que la agencia anunció esta semana es dejar sin efecto la cláusula del contrato entre la compañía privada y el Gobierno que le otorga inmunidad a la empresa y evita que los abonados reclamen daños a sus equipos por las fluctuaciones en el servicio.
En específico, la demanda solicita invalidar la cláusula 4.1(g) conocida como “Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement” del contrato entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
También pide descartar la resolución del Negociado de Energía del 1 de mayo del 2021 que ratifica la inmunidad.
Con base en esa cláusula, LUMA ha denegado unas 1,828 reclamaciones presentadas por consumidores en la isla que han sufrido pérdidas económicas debido a daños a sus enseres.
Entre otros argumentos, DACO señala que la AEE no gozaba de dicha inmunidad cuando clientes presentaban reclamaciones por aparatos afectados como resultado de apagones o relevos de carga.
Algunos expertos argumentan que reclamaciones bajo esta causal en un tribunal deben ser presentadas por el consumidor.
Sin embargo, a juicio de DACO, ellos tienen la capacidad de llevar pleitos como este ante los tribunales en defensa de los consumidores.
Con el recurso, la oficina busca que el tribunal le permita a todo ciudadano presentar reclamaciones a LUMA por daños en sus aparatos debido a deficiencias en los servicios que provee la compañía e interrupciones en el sistema.
En declaraciones a Radio Isla, Valerie Rodríguez Erazo, la secretaria de DACO, dijo que es “una gran barbaridad” la inmunidad de la que goza LUMA Energy, cuyo contrato inició oficialmente en julio del 2020.
“A LUMA, una empresa privada, el Gobierno le ha dado básicamente un relevo de responsabilidad donde ellos solamente tienen que responder por negligencia crasa…Básicamente, para probar negligencia crasa tienes que probar intención y tiene que ser un daño físico corporal. Pero estas reclamaciones, que son las que vemos día a día, conforme a como está la cláusula hoy en su contrato y el relevo que le dio el Negociado de Energía (NEPR) a LUMA, pues ellos no tienen que responder, lo que me parece una gran barbaridad”, explicó Rodríguez Erazo sobre el alcance del acuerdo.
Para la secretaria, de la resolución del NEPR, ente regulador de la industria energética en la isla, es de donde verdaderamente “emana” la exoneración, que no aplicaba cuando la AEE estaba encargada de operar los activos de energía en Puerto Rico.
“Usted hacía la reclamación, se tardaba, pero ellos enviaban un perito para evaluar, y, en efecto, reconocer que fue un problema del voltaje o causado por una negligencia de ellos, y te daban un crédito en la factura futura”, contrastó Rodríguez Erazo.
“La legislación federal es bien clara. Esta inmunidad tiene que ser legislada”, afirmó.
El Senado así como la Cámara de Representantes de Puerto Rico se unieron formalmente como amigos de la corte en apoyo a la demanda radicada por DACO. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico hizo lo propio.
¿Qué dice la demanda del DACO contra LUMA Energy?
La demanda inicia señalando que DACO no busca interferir en los poderes legales otorgados al Negociado de Energía, sino hacer valer los derechos de los consumidores “ante la ineficiencia y la falta de un servicio adecuado” por parte del operador LUMA Energy.
En el recurso se argumenta que, como parte del acuerdo con LUMA, el Negociado usurpó el poder legislativo para eliminar derechos adquiridos bajo el argumento que tiene poder reglamentario.
“En el proceso de aprobación del Puerto Rico Transmission And Distribution System Operation And Maintenance Agreement (en adelante “el Acuerdo”), el NEPR otorgó una inmunidad casi absoluta a LUMA frente a reclamaciones de consumidores por daños causados por la negligencia de dicha compañía en el descargue de sus funciones. Es decir, en el 2021, el NEPR aprobó por fiat contractual y administrativo y sin la intervención de la Asamblea Legislativa, un cheque en blanco a LUMA para actuar negligentemente, dejando en un estado total de indefensión a los abonados de energía, a la ciudadanía en general y a cualquier persona que pueda sufrir daño por la negligencia de LUMA, sus directores, oficiales, empleados, agentes y contratistas”, lee el documento judicial.
El texto añade que el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) han alertado sobre el “efecto nefasto” para el consumidor del relevo. Sin embargo, no le han reconocido legitimación para llevar este tipo de reclamo.
“El DACO, sin embargo, es la agencia llamada en ley para hacer valer los derechos de los consumidores y es quien tiene la potestad para presentar esta causa de acción a nombre de todos y cada uno de los puertorriqueños. Por tanto, y en virtud de los hechos que se detallan a continuación, se solicita sin más que se declare nula la Sección 4.1(g) del Acuerdo de LUMA y la Resolución del 31 de mayo de 2021 sobre el relevo de responsabilidad…”, declara el pedido.
Para el gobierno de Puerto Rico, el NEPR otorgó un “cheque en blanco a LUMA para realizar actos negligentes en perjuicio de los consumidores que no fueron parte de la negociación del acuerdo”.
“Este tipo de inmunidad ni siquiera la ostenta el Gobierno Central en virtud de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, indica el documento.
Aparte del pedido para que se declare nula e inconstitucional la Sección 4.1(g) del acuerdo, así como la resolución del NEPR ratificando casi en su totalidad las disposiciones del convenio, el recurso concluye con el pedido al tribunal para que le permita a todo ciudadano llevar reclamaciones por “daños causados por la negligencia y la fluctuación del servicio de energía eléctrica ante LUMA”.
Finalmente, se emplaza a la Corte que conceda a la parte demandante cualquier otro remedio al que tenga derecho.
Respuesta de LUMA a la demanda del Gobierno
En respuesta a la demanda, LUMA indicó, mediante declaraciones escritas, que atenderán el reclamo con seriedad y responsabilidad.
“Advenimos en conocimiento sobre la demanda presentada contra la AEE y LUMA hoy por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Una vez recibamos la notificación oficial, la atenderemos con la seriedad y responsabilidad que merece a través del Tribunal”, reaccionó LUMA.
“Nuestro compromiso es seguir trabajando en beneficio de los clientes, pese a los retos significativos que enfrentamos en operar un sistema eléctrico frágil y deteriorado, que por años ha carecido del mantenimiento y la inversión necesaria”, agregó la entidad.
Se supone que LUMA fuera emplazada oficialmente ayer.
La potencial cancelación del contrato de LUMA
Con esta movida, el gobierno de Puerto Rico, encabezado por la primera ejecutiva Jenniffer González, suma otra acción como parte de su promesa de cancelar el contrato con el consorcio ante lo que considera incapacidad para brindar un servicio eléctrico confiable y eficiente.
Adicional a lo anterior, el director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, envió esta martes una comunicación a los encargados de la empresa para iniciar lo que se conoce como un proceso de “resolución de disputas”. El documento menciona seis supuestos incumplimientos de LUMA a sus obligaciones contractuales.
El también “Zar de energía” señaló que LUMA ha incumplido en el tema de niveles de interrupciones de servicio y el manejo de fondos federales para proyectos de reconstrucción. Según el funcionario, la compañía tampoco ha cumplido con las labores de despeje de vegetación, entre otras.
“La letanía de incumplimientos aludidos –lapsos en financiamiento federal, apagones que colocan en riesgo la red, riesgos de vegetación, sobregiros presupuestarios y auditorías estancadas– han llevado la paciencia de Puerto Rico a un punto de quiebre. La AAPP, por lo tanto, invoca por este medio el mecanismo de resolución de disputas del Artículo (15) y notifica formalmente a LUMA: el gobierno de Puerto Rico no subsidiará más la incompetencia o la resistencia. Los puertorriqueños merecen un operador de la red que mantenga las luces encendidas, respete los fondos públicos y obedezca los términos y condiciones del contrato que suscribió”, indica Colón en la misiva de 81 páginas a la que hace referencia El Nuevo Día.
Nydia Velázquez reacciona
A nivel federal, la representante demócrata de Nueva York en el Congreso, Nydia Velázquez, mostró su respaldo a la notificación anunciada por Colón.
“Desde su llegada, LUMA ha agravado la crisis energética en Puerto Rico con una gestión marcada por la negligencia. Doy la bienvenida a Notificación de Disputas a LUMA Energy de parte de @AAPPPuertoRico”, compartió Velázquez desde su cuenta en la red social X.
La legisladora argumentó que el proceso debe ser uno justo, transparente y enfocado en el bienestar del pueblo.
“Estoy lista para colaborar por un Puerto Rico más justo y resiliente”, concluyó.
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