Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

BUENOS AIRES. - La justicia ordenó el decomiso de todos los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, y otros ocho condenados en el caso de Vialidad, un entramado de corrupción por el que la política cumple arresto domiciliario de seis años.

La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y al empresario Lázaro Antonio Báez, por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública.

El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso y concedió prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva. La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

Luego de la condena por este caso, los bienes y activos habían quedado embargados. Este decomiso de bienes incide sobre más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de Cristina Fernández y del resto de los culpables en este caso.

Uno de los principales inmuebles de la expresidenta Cristina Fernández está ubicado sobre la Avenida 17 de octubre al 800, fue adquirido en 2007 y tiene una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

La ejecución de la pena por Vialidad comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme, en junio de este año, la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.

Asimismo, el tribunal comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, según el reglamento vigente.

Argumentos de la defensa

Los abogados de Cristina Fernández, del resto de los condenados en la causa Vialidad, y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados. Argumentaron falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales.

Además, cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos y la inclusión de bienes previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.

FUENTE: Con información de Infobae/ La Nación