Juez ordena cárcel para policía en Cusco por exigir pago de 10 mil soles a cambio de favores en investigación

Prisión preventiva para suboficial que exigió soborno en Cusco; coronel queda con comparecencia

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial Jasan Barrios Cárdenas, acusado de pedir dinero a un colega para favorecerlo en un proceso disciplinario. La medida fue tomada por el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Cusco, dirigido por el juez Guido Castillo Lira.

Además, la coronel Edith Espejo Puma, jefa de Criminalística, recibió comparecencia restringida mientras continúa la investigación. El Ministerio Público sostiene que ambos participaron en un presunto caso de cohecho pasivo propio, cometido en el ejercicio de su función policial.

Para ordenar el caso, estos son los implicados:

• Jasan Barrios Cárdenas – Suboficial PNP, detenido con prisión preventiva.
• Edith Espejo Puma – Coronel PNP, investigada con comparecencia.
• Johan Fano Condori Rodríguez – Suboficial denunciante, de la sección de Tránsito.

La denuncia fue presentada por Fano, quien afirmó que sus colegas le pidieron 10 mil soles para evitar un proceso disciplinario tras un accidente de tránsito ocurrido en Quillabamba, en la provincia de La Convención.

Según la fiscal especializada en delitos de corrupción, Lisbeth Páucar Fernández, el hecho comenzó el 28 de octubre, cuando Fano sufrió dos incidentes, cuando supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol: una caída y un accidente en motocicleta. Fue llevado al hospital, pero la investigación interna que correspondía a Inspectoría no avanzó como debía.

Suboficial intentó fugar y tragarse billetes del soborno

En lugar de seguir el procedimiento regular, Barrios Cárdenas —quien solo era encargado de mesa de partes— habría asumido tareas que no le correspondían. De acuerdo con la denuncia, él advirtió a un amigo de Fano que el policía sería “dado de baja” si no pagaba el soborno.

Los 10 mil soles iban a entregarse en tres partes. Las dos primeras serían de 3 mil soles cada una.

El 12 de noviembre, antes de la 1:20 p. m., Barrios llamó al denunciante y acudió a su habitación en la avenida Miguel Grau. Llegó en un vehículo oficial y pidió el dinero. Fano le entregó mil soles en billetes fotocopiados por la Fiscalía como parte del operativo.

El suboficial pidió el resto, sin saber que fiscales y policías ya estaban apostados en la zona para intervenirlo. Cuando se le ordenó esperar dentro del vehículo, Barrios intentó escapar: chocó contra motocicletas, trató de ocultar los billetes metiéndoselos a la boca y luego abrió la puerta para huir hacia los carriles de bajada de la avenida.

Tras el fallido intento, se entregó en la comandancia de La Convención. Un día después, la coronel Espejo también se presentó ante las autoridades. Llegó afectada y terminó internada en una clínica.

Durante sus declaraciones, Barrios dijo haberse asustado al ver el operativo, pero aseguró que luego colaboró:“Me he entregado, confesado los hechos y reparado los daños”, señaló.

La coronel Espejo negó cualquier participación:“No tengo nada que ver en este problema. El hecho de ser jefe de una unidad no implica que yo ordeno al personal a que se realicen conductas indebidas”, declaró.

Este caso se suma a un escenario preocupante. Según el sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, 298 policías están siendo investigados en el país por posibles vínculos con actividades delictivas. Esta cifra evidencia la magnitud del problema dentro de la institución.

Ante ello, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la aprobación de un nuevo Decreto Supremo para acelerar la expulsión de policías involucrados en delitos. El objetivo es aplicar sanciones más firmes y rápidas.

Ministro anunció que pidió la renuncia de asesora. | Mininter

“Aquí no hay espacio para ningún policía que está al margen de la ley. Todo policía que está al margen de la ley inmediatamente tiene que ser retirado de la institución. Esa es política de Gobierno”, afirmó.

La estrategia incluye una oficina especial en Lima, encargada de tramitar procesos sumarísimos para aquellos efectivos sorprendidos en flagrancia o con pruebas confirmadas. Con ello, se busca que las sanciones se apliquen sin demoras.