El régimen cubano intensificó el terror con 212 abusos contra civiles en septiembre

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un "mes negro para la libertad de expresión" en la isla, registrando al menos 212 acciones represivas contra la población civil, durante septiembre. El informe subraya que la dictadura cubana utiliza la represión para infundir terror, lo que el OCDH califica como su "estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones".

Una parte significativa de las violaciones estuvo vinculada a la protesta pacífica ocurrida el 13 de septiembre en Gibara, Holguín. El OCDH documentó 27 detenciones arbitrarias de corta duración relacionadas con el suceso, donde los residentes salieron a las calles a exigir “¡Corriente y comida!” y a gritar consignas de “¡Libertad, libertad!”. Las provincias más afectadas por estas acciones represivas fueron La Habana, Holguín y Granma. Desde enero de este año, el OCDH contabiliza un total de 2,462 acciones represivas y 461 detenciones arbitrarias.

El régimen cubano intensificó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y la manifestación pacífica. El Observatorio destacó las sentencias impuestas a ciudadanos por simples convocatorias o publicaciones en línea. Ana Ibis Trista Padilla fue condenada a 14 años y Jarol Varona Agüero a 13 años por cargos como “propaganda contra el orden constitucional”. Además, Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años) fueron sentenciados solo por compartir una convocatoria a una protesta que ni siquiera se materializó.

Entre las principales violaciones documentadas se encuentran el sitio de viviendas de activistas, juicios sin las garantías procesales mínimas y abusos continuos contra personas privadas de libertad. Se reportaron 38 denuncias provenientes directamente de presos políticos, presos comunes y sus familiares. Un caso emblemático es el de Julio César Duque de Estrada Ferrer (56 años), condenado a cuatro años y seis meses de prisión por grabar con su celular una cola de alimentos y supuestamente "no reaccionar" ante un agente de la policía política.

La represión del régimen se extiende a protestas pasadas. El Tribunal Municipal de Bayamo sancionó a 15 ciudadanos por participar en las manifestaciones del 17 de marzo de 2024. Las penas de cárcel impuestas oscilan entre tres y nueve años por presuntos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”. El OCDH también informó sobre el juicio en curso contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido desde noviembre.

FUENTE: Redaccción