MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis anunció este martes 22 de julio el inicio de auditorías estatales en el condado Broward para investigar prácticas de gasto público que considera “excesivas e injustificadas”, una medida que se replicará en otros condados como Miami-Dade, Palm Beach, Alachua e Hillsborough, con multas y restricciones presupuestarias para aquellos que no cooperen.
DeSantis pone a Broward en la mira
Durante la rueda de prensa en Fort Lauderdale, DeSantis aseguró que Broward es el primer objetivo debido a un incremento significativo en la recaudación de impuestos a la propiedad en los últimos años. Según datos citados por el gobernador, desde 2020 el condado ha aumentado en casi 450 millones de dólares los ingresos por ad valorem, lo que representa un alza de casi 50 %, mientras la población apenas creció menos del 5 % en el mismo período. “Si el crecimiento poblacional es mínimo, ¿por qué los contribuyentes pagan mucho más? Es injusto y merece escrutinio”, afirmó.
El mandatario cuestionó además decisiones presupuestarias del gobierno local, señalando que Broward destinó 800,000 dólares para participar en el Desfile de las Rosas, además de financiar programas ligados a políticas de diversidad e inclusión y proyectos alineados con el Green New Deal. También criticó el salario de la administradora del condado, que se aproxima a los 500,000 dólares anuales. “Estos no son gastos prioritarios. El dinero de los ciudadanos debe dirigirse a lo esencial, no a caprichos políticos”, subrayó.
Cómo funcionarán las auditorías y qué condados siguen
El plan, que forma parte del programa DOGE Florida (Department of Government Efficiency), se ejecutará con base en nuevas facultades aprobadas por la Legislatura estatal. A partir del 31 de julio, equipos compuestos por auditores y especialistas revisarán contratos, sistemas de datos, nóminas y gastos generales de los gobiernos locales que han mostrado resistencia a colaborar de forma voluntaria. La revisión será presencial e incluirá entrevistas al personal clave y acceso directo a los archivos contables.
DeSantis adelantó que el próximo anuncio se hará en Gainesville, en el condado de Alachua, y que la estrategia se extenderá en cuestión de semanas a otras jurisdicciones, entre ellas Hillsborough, Monroe y varias del noroeste de Florida. “Esto no se limita a una región; será un esfuerzo integral en todo el estado”, puntualizó.
Sanciones para los que no cumplan
El gobernador explicó que la nueva normativa contempla multas severas para los gobiernos que se nieguen a entregar la información solicitada. Cada requerimiento ignorado generará una sanción de 1.000 dólares por día, acumulativa y aplicable por ítem pendiente. Esto significa que, si una ciudad recibe una solicitud con 100 puntos y no responde ninguno, enfrentará una multa diaria de 100 mil dólares. Además, el Estado podrá retener asignaciones futuras e impedir que condados y municipios con historial de despilfarro reciban nuevos fondos o proyectos especiales.
En casos graves de desobediencia, el gobernador recordó que cuenta con autoridad constitucional para suspender funcionarios por incumplimiento de sus deberes. “Las reglas son claras: no podemos permitir que se dilapiden recursos mientras los ciudadanos enfrentan una presión fiscal cada vez mayor”, advirtió.
Cuando veas las barbas de tu vecino arder,....
El gobernador destacó que en el caso de Miami-Dade, "hemos tenido alguna cooperación"...."Algunos comisionados están ayudando. Puedo decir que en Miami-Dade han sido mejores que otros condados, pero no lo suficientemente buenos. Así que es posible que vean un anuncio de auditoria en un par de semanas. Igualmente en Palm Beach y en otras municipalidades del sur de Florida".
Reflexiones del gobernador y del CFO Blaise Ingoglia
DeSantis insistió en que esta ofensiva responde al clamor ciudadano por mayor transparencia y menor carga tributaria, sobre todo en momentos en que los costos de vida, seguros y vivienda se han disparado en Florida. “Si pagas impuestos, tienes derecho a saber dónde va tu dinero. Esto no es opcional: la ley exige transparencia”, dijo.
Por su parte, Blaise Ingoglia, jefe financiero del estado, calificó a Broward como “uno de los peores ofensores” en materia de gasto local y defendió la necesidad de imponer orden. “Estamos entrando en una nueva era de responsabilidad fiscal. Los gobiernos locales se han acostumbrado a gastar como si los recursos fueran infinitos, pero ese dinero pertenece a los contribuyentes”, declaró.
Ingoglia añadió que, mientras muchas autoridades locales se quejan de falta de recursos y piden más fondos al Estado, sus presupuestos evidencian despilfarro. “Si descubrimos que un condado malgasta dinero, no tiene sentido seguir asignándole más. No vamos a poner dinero bueno sobre dinero mal administrado”, enfatizó.
Un cambio de rumbo en la fiscalización estatal
Este anuncio marca el inicio de un control más estricto del gasto público en Florida, en un contexto en que el gobierno estatal presume de haber reducido su deuda a menos de 500 dólares per cápita, frente a los más de 1.200 dólares que representaba hace 15 años. “Mientras en Washington siguen aumentando el déficit, aquí en Florida demostramos que es posible ser eficientes. Pero debemos garantizar que esa disciplina también llegue a los gobiernos locales”, dijo DeSantis.
El gobernador cerró la conferencia asegurando que espera auditorías rápidas y resultados claros: “Nuestro objetivo no es castigar, sino devolver la confianza al contribuyente. Si todo está en orden, perfecto; si no, habrá consecuencias”.
El pasado mes de febrero, el gobernador anunció la creación del Departamento Estatal de Eficiencia Gubernamental (Florida DOGE) destinado a “eliminar el despilfarro en el gobierno estatal, ahorrar dinero a los contribuyentes y garantizar la rendición de cuentas en la administración pública”.