MIAMI.- La batalla legal para frenar la construcción del centro de detención de migrantes “Alligator Alcatraz”, enclavado en los Everglades, tropezó el lunes con un obstáculo procesal: el Estado de Florida sostiene que la demanda fue presentada en el tribunal equivocado.
En un escrito judicial, Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, afirmó que la causa debió radicarse en el Distrito Medio y no en el Distrito Sur, porque la mayor parte del proyecto se ubica en el condado Collier, no en Miami-Dade.
Las organizaciones Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity interpusieron la demanda el 27 de junio en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Alegan violaciones a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y otras normas al construirse el complejo sin estudios de impacto ambiental.
El recurso solicita una orden de restricción temporal y una medida cautelar para detener la llegada de más detenidos y nuevas obras.
Alegato del Estado y réplica
En su moción, Guthrie subraya que “todas las instalaciones, todos los edificios y todo el pavimento en cuestión están en Collier, no en Miami-Dade”. Añade que las decisiones administrativas se tomaron en Tallahassee y Washington, por lo que la sede correcta sería el Distrito Medio.
El abogado Paul Schwiep replicó que buena parte de los hechos ocurrió en Miami-Dade —propietario nominal de la pista Dade-Collier— y acusó al estado de “judge-shopping” tras la reasignación del caso a la jueza federal Kathleen Williams, quien recientemente sancionó a la Fiscalía estatal en otro expediente.
La jueza Williams fijó una audiencia para el 30 de julio sobre la disputa de jurisdicción y pospuso la decisión sobre la orden de restricción hasta el 6 de agosto en Miami.
Mientras tanto, los grupos ecologistas estiman que unas 900 personas han sido trasladadas al centro en las últimas tres semanas.
Críticas
El proyecto, aclamado por el gobernador Ron DeSantis como una solución “de bajo costo” a la crisis migratoria, ha sido criticado por un supuesto impacto sobre especies protegidas y el hábitat de la pantera floridana.
También se cuestiona la cercanía a territorios tradicionales de la Tribu Miccosukee, que solicitó intervenir en la causa.
Asimismo, se han hecho públicas denuncias de acceso limitado a abogados y condiciones “inhumanas”, recogidas en una demanda paralela de la ACLU y Americans for Immigrant Justice.