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hace 6 días
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La misiva, firmada por 48 legisladores demócratas, denuncia condiciones insalubres, hacinamiento y hasta muertes bajo custodia de ICE, calificando la situación como una grave crisis de derechos humanos.
Denuncias
La misiva explica que el Departamento de Seguridad Nacional cerró recientemente varias de sus oficinas de supervisión interna, hecho que coincide con múltiples denuncias de condiciones inhumanas dentro de centros de detención de inmigrantes. En particular, el centro Krome, en 18201 SW 12th Street, Miami, ha sido señalado por reportes de confinamiento prolongado, falta de atención médica y malos tratos por parte del personal.
Según los legisladores, al menos tres personas han muerto bajo custodia de ICE y numerosos detenidos han reportado abusos graves, al punto de que un inmigrante lo calificó como un “campo de concentración”.
Wasserman Schultz, junto a otros representantes de Florida como Kathy Castor, Sheila Cherfilus-McCormick, Maxwell Frost, Darren Soto y Frederica Wilson, se unió a decenas de colegas del Partido Demócrata en una acción conjunta para exigir rendición de cuentas al DHS en una misiva enviada el 9 de abril de 2025.
Exigencias
La carta exige el restablecimiento inmediato de las oficinas de supervisión eliminadas por el DHS, como mecanismo esencial para garantizar condiciones dignas en los centros de detención. También denuncia que las personas detenidas en Krome enfrentan un entorno insalubre, hacinamiento extremo, negligencia médica y maltrato por parte del personal. Al menos tres muertes bajo custodia han sido documentadas.
Firmantes y apoyos
Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas de partido demócrata como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Adriano Espaillat, Pramila Jayapal, Eleanor Holmes Norton y Nydia Velázquez. Ningún miembro republicano del Congreso firmó la carta.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de los inmigrantes, como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura, entre otras.
Debbie Wasserman Schultz se ha destacado en el Congreso en la defensa de los inmigrantes, promoviendo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y venezolanos, y luchando contra los intentos de deportación de beneficiarios de libertad condicional provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Además, impulsó la legislación que garantiza el acceso de los congresistas a los centros de detención para labores de supervisión.
Texto de la misiva dirigida al DHS
Honorable Kristi Noem
Secretaria de Seguridad Nacional
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
2707 Martin Luther King Jr. Ave SE
Washington, D.C. 20528
Secretaria Noem:
Escribimos para expresar nuestra indignación por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cerrar oficinas clave de supervisión, responsables de garantizar los derechos civiles y el trato humano a los migrantes detenidos. El cierre de estas oficinas plantea serias dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de la ley por parte del DHS, en particular ante la continua aparición de informes que detallan condiciones inhumanas en centros como el Centro de Detención Krome en Florida. Exigimos medidas inmediatas para restablecer la supervisión y poner fin al maltrato inmoral de las personas detenidas.
Informes recientes del Miami Herald indican que las personas detenidas en Krome han enfrentado condiciones alarmantes, incluyendo confinamiento prolongado en entornos insalubres, falta de atención médica, hacinamiento y maltrato por parte del personal. Al menos tres personas han fallecido bajo custodia del ICE y varios hombres y mujeres detenidos, junto con sus familias, han denunciado graves abusos. Defensores de los derechos de los inmigrantes lo han calificado de "desastre internacional para los derechos humanos". Un detenido calificó a Krome de "campo de concentración".
Krome está sobrepoblado, superando con creces su capacidad. Defensores de derechos han alegado que el ICE no reporta la población detenida en los datos públicos. A medida que el gobierno intenta cancelar ilegalmente el estatus legal de más de un millón de beneficiarios del TPS y de la libertad condicional humanitaria —todos ellos examinados por el DHS al ingresar o después de solicitar protección—, es probable que las condiciones empeoren.
En lugar de actuar en respuesta a las decenas de quejas, informes y demandas sobre las condiciones inhumanas y las violaciones de los derechos civiles en los centros de detención del ICE, el Gobierno ha optado por recortar el personal y los expertos encargados de garantizar los estándares médicos, de higiene, de salud mental y del debido proceso. El 21 de marzo, el DHS cerró varias oficinas de supervisión: el Defensor del Pueblo de USCIS, la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades Civiles (CRCL) y el Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO). Esto tendrá consecuencias mucho más allá de la detención: eliminará las vías para que el público presente quejas sobre las políticas y prácticas del DHS, desde los controles en aeropuertos hasta las redadas del ICE en escuelas, hospitales y centros religiosos.
La eliminación de los mecanismos de supervisión deja a las personas detenidas en Krome y en todo el país sin recursos, socava la transparencia y erosiona la confianza pública en la capacidad del Departamento para defender los derechos humanos fundamentales y gestionar responsablemente miles de millones de dólares de los contribuyentes. Esta decisión es particularmente preocupante, dados los hallazgos previos de abuso y negligencia en las instalaciones del DHS, que subrayan la necesidad de una supervisión independiente.
El DHS tiene la obligación de garantizar que todas las personas bajo su custodia reciban un trato digno conforme a la ley y que el gasto federal en contratos privados reciba la supervisión y el monitoreo adecuados. La eliminación de las funciones esenciales de supervisión — cuyas actividades son exigidas por el Congreso — contraviene esta obligación y expone a las poblaciones vulnerables a un riesgo aún mayor de abuso. Dadas estas preocupaciones, solicitamos respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la justificación para cerrar las oficinas de supervisión dentro del DHS a las que el Congreso encargó garantizar las condiciones humanas y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles en los centros de detención del DHS?
¿Qué autoridad legal específica ha reivindicado el DHS para cerrar efectivamente las funciones de supervisión interna y retener información al Congreso y al público?
¿Cómo se utilizarán en el futuro los fondos asignados por el Congreso para estas oficinas?
¿Qué medidas, si las hubiera, ha adoptado el DHS para garantizar la rendición de cuentas y la supervisión en ausencia de estas oficinas, en los contratos de detención con empresas penitenciarias privadas?
¿Cómo planea el DHS abordar los problemas específicos reportados en Krome, incluyendo las acusaciones de aislamiento prolongado, hacinamiento, abuso físico y denegación de tratamiento médico? ¿Se ha incrementado el personal médico u otro personal en las instalaciones considerando el hacinamiento reportado?
¿Qué acciones han tomado los funcionarios del DHS o del ICE para garantizar el acceso de sus familiares y abogados a las personas detenidas?
¿Ha realizado el DHS alguna revisión interna sobre el impacto de la reducción de la supervisión en las condiciones dentro de los centros de detención? De ser así, ¿cuáles fueron las conclusiones?
Exigimos que revoque esta decisión y proporcione al Congreso un plan detallado sobre cómo el DHS restaurará las condiciones humanas para los migrantes detenidos y garantizará la transparencia en las operaciones de detención. Esperamos su pronta respuesta a estas preguntas cruciales para garantizar que la política migratoria de la Administración Trump no se convierta en una crueldad aún mayor.
Atentamente,
MIAMI-DADE
La pasada semana, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava también mostró preocupación por este tema, cuando dirigió otra misiva a la secretaria de Seguridad donde expresaba su preocupación por los reportes llegados sobre las condiciones del centro de detención ubicado en Miami.
“El aumento en la cantidad de detenidos enviados al Centro de Procesamiento de Krome ha causado que las condiciones se deterioren, creando un ambiente de detención inseguro e inhumano”, expresó Levine Cava, quien solicitó una visita de funcionarios federales, estatales y del Congreso a las instalaciones.
Hasta ahora, no ha trascendido ninguna respuesta por parte de DHS.
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