(VIDEO) ¿Cuándo la Junta de Control Fiscal se va de Puerto Rico?, director ejecutivo contesta en audiencia en el Congreso

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Nueva York – En una audiencia en la Cámara de Representantes federal, Robert Mujica, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), estimó que el organismo podría continuar administrando las finanzas de Puerto Rico al menos cuatro años más.

FOMBPR es la entidad creada bajo la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso para administrar las finanzas del territorio, pagar la deuda del gobierno local con los bonistas y que la isla reingrese al mercado de bonos.

Durante el encuentro ayer con los miembros del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes se examinó el funcionamiento de la Junta nueve años después de que se creara bajo el estatuto federal.

Uno de los asuntos traídos a colación fueron los al menos $2,000 millones de dólares en pagos a consultores y firmas de asesoría legal por parte de la Junta en casi una década como parte del proceso de reestructuración bajo PROMESA.

La Oficina de Presupuesto Congresional (Congressional Budget Office) había estimado que los gastos en los que incurriría Puerto Rico por asesoría legal y financiera serían de unos $370 millones de dólares en 10 años. Sin embargo, los datos más recientes disponibles apuntan a que la cifra alcanza los $2,000 millones, de acuerdo con el análisis de entidades como Espacios Abiertos (EA).

A preguntas del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, sobre la cantidad específica de dinero que la Junta ha gastado hasta el momento, Mujica respondió que el estimado inicial de reestructuración era de dos años y que terminaría luego de otros cuatro años consecutivos, pero que el trámite se ha extendido por mucho más tiempo por varias razones.

“La realidad es que ha tomado más tiempo porque el Gobierno se ha resistido a las reformas; tienes al huracán María…, tienes el COVID, todos estos asuntos interviniendo…”, expuso.

“Lamento interrumpirlo, pero tenemos tiempo limitado. ¿Cuál es la cantidad?”, insistió el comisionado residente.

“La cantidad total es, aproximadamente, $1,400 millones por el costo de la reestructuración”, respondió.

“Pero nosotros hemos escuchado que los consultores han costado más de $2,000 millones”, continuó Hernández Rivera.

“No, eso no es solo consultores. Eso también incluye el costo de la Junta per se, el personal de la Junta”, replicó Mujica.

“Pero seamos claros. Usted está consciente que esto es cinco veces más lo que el Congreso estimó que costaría. Usted entiende que esto está creando mucha desconfianza en Puerto Rico… la Junta impone austeridad a la gente de Puerto Rico, pero cuando se trata de sus propios gastos no está dando un ejemplo”, planteó el comisionado.

“Seamos claros. La Junta le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico más de $60,000 millones; $60,000 millones que los oficiales electos han incurrido en 16 años consecutivos, y eso resultó en las reducciones y las cosas que se han tenido que hacer”, señaló el miembro de la Junta.

A preguntas de quién decide si un presupuesto cumple con el estándar de balanceado, Mujica dijo que la Junta mira los estados financieros auditados que tienen del 2022 del Departamento de Hacienda y el Gobierno, y que ese presupuesto no estaba balanceado bajo acumulación modificada.

¿Cuándo se va la Junta de Puerto Rico?

Mujica responsabilizó al gobierno de Puerto Rico de que la Junta aún esté controlando las finanzas del territorio.

“Es la culpa del Gobierno. Las herramientas y los mecanismos para que la Junta se vaya están en las manos del Gobierno”, recalcó el director ejecutivo.

Sobre la salida definitiva del organismo, Mujica destacó que el reciente presupuesto balanceado al que le dio paso la Junta en coordinación con la Administración de la gobernadora Jenniffer González es “realmente un buen comienzo”.

“Los próximos cuatro años podrían llevar a cuatro presupuestos balanceados consecutivos. Y en ese periodo de tiempo nosotros podríamos hacer esas reformas. Pero nosotros necesitamos hacer al Gobierno responsable para asegurarnos que esas reformas realmente ocurran”, respondió ante la insistencia sobre un estimado de tiempo.

De acuerdo con la Ley PROMESA, se deben aprobar cuatro presupuestos balanceados para adelantar la salida de la Junta. Sin embargo, la crítica de sectores opuestos a la labor de la Junta es que el organismo interpreta esa disposición en la Ley PROMESA a su conveniencia para perpetuarse en la isla.

El mes pasado, la gobernadora anunció la aprobación del primer presupuesto balanceado y en cumplimiento con las exigencias de la Junta en una década, prácticamente desde que la entidad federal inició sus funciones en la isla.

El presupuesto que asciende a $13,095,315,000 con cargo al Fondo General se usará para los gastos ordinarios de las agencias del gobierno estatal para el nuevo año fiscal que inició el 1 de julio y culmina el 30 de junio de 2026.

“Por primera vez en casi 10 años de la imposición de la Junta, Puerto Rico presenta el primer presupuesto balanceado, requisito principal para su eliminación. Este logro de nuestra administración es el paso crucial para que de una vez retomemos el control de nuestras finanzas”, resaltó la gobernadora al informar la noticia.

La Ley PROMESA fue aprobada de manera bipartidista en el Congreso en el 2016 y firmada por el entonces presidente Barack Obama.

A pesar de que representantes como el demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, han presentado legislación para la salida anticipada de la Junta o luego de dos presupuestos balanceados, las medidas no han completado el trámite legislativo para convertirse en ley.

El campo de acción de la Junta en Puerto Rico es amplio. Aparte de encabezar los procesos de reestructuración de deuda en distintas agencias e instrumentalidades del Gobierno, el ente está autorizado a revisar y aprobar planes fiscales y presupuestos.

En la práctica, el poder de la Junta ha llevado a que se dejen sin efecto leyes aprobadas a nivel local.