
Un jueza federal de Nueva York ha decidido retirar el control de Rikers Island, una de las cárceles más grandes y conocidas de Estados Unidos, de las manos de la ciudad de Nueva York.
Según informó Fox News, la jueza Laura Taylor Swain emitió un fallo de 77 páginas en el que ordena que el sistema carcelario de la ciudad, incluido el complejo de Rikers, sea administrado por un funcionario independiente que reportará directamente al tribunal.
Esta decisión responde a las persistentes condiciones peligrosas e inconstitucionales en la prisión, así como al fracaso del Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York (DOC) en implementar las reformas ordenadas previamente por la corte.

El fallo se enmarca en el caso Núñez contra la Ciudad de Nueva York, iniciado en 2011, cuando un grupo de reclusos presentó una demanda federal alegando un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de las cárceles de la ciudad.
En 2015, la ciudad llegó a un acuerdo conocido como la Sentencia de Consentimiento de Núñez, que estableció una serie de reformas destinadas a reducir la violencia y mejorar la supervisión en las instalaciones carcelarias. Sin embargo, Swain señaló que, a pesar de los nueve años transcurridos desde la implementación de estas medidas, las condiciones en Rikers Island no han mejorado significativamente, calificando esta situación como “alarmante e inaceptable”.
En noviembre pasado, la jueza declaró al DOC y a la ciudad en desacato civil por incumplir 18 disposiciones de órdenes judiciales diseñadas para reducir la violencia y el abuso en el sistema carcelario. Como respuesta, Swain ordenó la designación de un Gerente de Remediación de Núñez, quien tendrá autoridad para modificar políticas relacionadas con el uso de la fuerza, la dotación de personal, la disciplina y la seguridad.
Este funcionario independiente tendrá poderes similares a los de un receptor, pero su enfoque estará limitado a las violaciones de desacato identificadas en el caso.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su desacuerdo con la intervención federal, pero aseguró que cumplirá con la decisión judicial. En declaraciones realizadas el martes, Adams afirmó: “Si el juez federal decide que quieren hacer algo diferente y no les gusta lo que estamos haciendo, se trata de una decisión federal. Vamos a acatar las normas”.
Adams también defendió su gestión, argumentando que las condiciones en Rikers han mejorado bajo su liderazgo, con una reducción en incidentes como apuñalamientos y agresiones, aunque reconoció que los problemas en la prisión tienen décadas de antigüedad.

El complejo de Rikers Island ha sido objeto de críticas durante años debido a las condiciones peligrosas y la disfunción sistémica que lo caracterizan. En 2017, el entonces alcalde Bill de Blasio anunció un plan para cerrar la prisión en un plazo de 10 años, con el objetivo de reducir la población carcelaria y reemplazar Rikers por cuatro cárceles modernas ubicadas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.
Este plan, aprobado por el Concejo Municipal, también prohibió nuevas inversiones de capital en Rikers, lo que, según Adams, ha limitado la capacidad de la ciudad para mejorar las instalaciones. Sin embargo, el proyecto enfrenta retrasos significativos, y no se espera que la primera de las cárceles de reemplazo esté lista antes de 2029.
Swain reconoció las limitaciones presupuestarias y de infraestructura como parte del contexto, pero rechazó estas circunstancias como excusas válidas para justificar el incumplimiento de las reformas. En su fallo, indicó que el Gerente de Remediación de Núñez tendrá la capacidad de plantear cuestiones relacionadas con el gasto de capital directamente al tribunal.

La decisión de la jueza ha sido bien recibida por organizaciones como The Legal Aid Society y el bufete de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel. Representantes de estas entidades, como Mary Lynne Werlwas y Debra Greenberger, calificaron el nombramiento del gerente independiente como un “punto de inflexión crucial”.
En un comunicado conjunto, señalaron que el liderazgo de la ciudad ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad y los derechos constitucionales de las personas encarceladas, permitiendo que la violencia y el desorden persistan en las cárceles.
Con esta medida, el tribunal busca abordar de manera directa las fallas estructurales y de liderazgo que han perpetuado las condiciones inaceptables en Rikers Island, marcando un nuevo capítulo en la supervisión federal del sistema carcelario de Nueva York.