Propuesta de ley bipartidista abre halo de esperanza para reforma migratoria

MIAMI. – Las representantes María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, anunciaron que reintroducirán este martes en el Congreso el proyecto de 'Ley Dignidad', una iniciativa de reforma migratoria que busca una solución integral a la crisis del sistema de inmigración de Estados Unidos.

La propuesta, formalmente llamada ‘Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream Act of 2025’, se presenta como una versión "nueva y mejorada" del proyecto que ambas legisladoras impulsaron sin éxito en 2023.

"Estados Unidos siente las consecuencias de décadas de inacción", escribió Salazar en la red social X, donde aseguró que "el sistema está roto".

La iniciativa bipartidista resurge en el contexto de las deportaciones masivas que viene realizando la Casa Blanca, con énfasis en delincuentes peligrosos, aunque opositores aseguran que las autoridades migratorias también estarían expulsando personas sin récord delictivo.

Aspectos importantes del proyecto

El núcleo de la ley establece un sistema dual para la regularización. El primer componente, el Programa Dignidad, se dirige a inmigrantes indocumentados con al menos cinco años de residencia en el país.

Los aspirantes deben aprobar verificaciones de antecedentes, carecer de historial criminal y pagar 7.000 dólares en restitución durante los siete años del programa. A cambio, obtendrían autorización de trabajo y protección contra la deportación, pero no acceso a beneficios federales.

Quienes completen esa primera fase podrían acceder al Programa Redención, de cinco años adicionales. Este segundo paso plantea la aprobación de exámenes de inglés y civismo, además de la realización de servicio comunitario o el pago de otros 5.000 dólares. Al finalizar, la norma ofrecería un camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Otros componentes

En materia de seguridad, la propuesta destina 35.000 millones de dólares para mejorar la infraestructura y la tecnología en los puertos de entrada.

Las medidas incluyen una reforma al sistema de asilo para que los casos se determinen en un plazo de 60 días, la eliminación de las políticas de ‘catch and release’ y la creación de cinco campus humanitarios en la frontera sur. Asimismo, se contempla el establecimiento de centros de procesamiento en América Latina.

La legislación también ofrece protección específica para los ‘Dreamers’, quienes podrían obtener una residencia condicional permanente por hasta diez años.

De igual forma, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que llevan al menos tres años en el país tendrían acceso a la residencia legal permanente, una disposición relevante tras el reciente anuncio del fin de este amparo para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Dificultades y respaldo

A pesar de su base bipartidista, el proyecto enfrenta obstáculos en un Congreso polarizado y debe pasar por varios subcomités en donde requerirá un amplio consenso para su avance.

La propuesta cuenta con un respaldo significativo de más de 35 miembros del Congreso y el apoyo de más de 50 organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la American Business Immigration Coalition y World Relief.

"Ahora que el presidente Trump finalmente ha asegurado la frontera, es hora de arreglar el resto del sistema", afirmó la representante Salazar. Por su parte, Escobar señaló que "estos tiempos difíciles exigen compasión y acción, y la Ley Dignidad de 2025 ofrece un enfoque bipartidista que restaura la dignidad de las personas".

Presencia del sur de Florida

El apoyo a la iniciativa también se manifestó desde la sociedad civil. Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston y líder de la comunidad colombiana en el sur de la Florida, viajó a Washington con un grupo de empresarios y activistas para respaldar la propuesta.

Andrade confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que están "muy motivados" y que su objetivo es pedir a todos los legisladores el apoyo a la ley, ya que, a su juicio, la legislación en ciernes ofrece "un alivio a muchas personas" que cumplen con los requisitos de residencia y buen comportamiento.

El activista comunitario minimizó el enfoque en las deportaciones y apuntó a un problema más profundo. "Hay muchos temas donde el proceso migratorio se traba", explicó Andrade. Detalló las dificultades que enfrentan empresarios con visas de inversión, profesionales y personas con talentos especiales.

En su opinión, este proyecto de ley es "una herramienta muy importante para que la gente se pueda legalizar y seguir en su proceso de crecimiento y fortaleza familiar".

Andrade también ofreció un análisis sobre los obstáculos políticos pasados. Cuestionó que en negociaciones anteriores el bloque demócrata "quiere todo, quiere el pastel completo" y no muestra, según dijo, disposición para negociar por etapas.

Por ello, celebró el actual clima político, donde el liderazgo republicano permite el avance del debate. "Felicito a María Elvira y a todos los que están en este proyecto", concluyó, pues considera que esta es una oportunidad para sacar adelante una “solución necesaria”.