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El brigadier general William Rincón asumió su nuevo cargo el 24 de octubre - crédito Policía NacionalEl arribo del general William Rincón a la Dirección de la Policía Nacional de Colombia habría sido apenas el inicio de un “revolcón” interno que habría terminado en una serie de traslados presuntamente injustificados que ya empieza a generar controversia en el país.
Desde su llegada, Rincón habría impulsado traslados de oficiales considerados estratégicos, una decisión que, según una reciente información revelada por Cambio, ha sido interpretada por diversos sectores como una maniobra de “traslados castigo” motivada por disputas personales más que por criterios institucionales.
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Sin embargo, los revolcones internos no habrían empezado con la llegada de Rincón a la Dirección, aunque sí se intensificaron en la últimas tres semanas. Estos cambios se remontan a la purga institucional iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, que buscaba renovar la cúpula policial.
Rincón, tercer exoficial reintegrado por el presidente, asumió la misión de reconfigurar la inteligencia policial, un área donde la estabilidad y la experiencia resultan fundamentales.
William Rincón se convirtió en el tercer director de la policía en el último año - crédito AP/PolicíaNacionalEn este entorno, la rotación suele ser baja, ya que los oficiales acumulan años de trabajo y establecen relaciones de confianza tanto dentro del país como con organismos internacionales. Sin embargo, el nuevo director comenzó a mover piezas consideradas intocables, lo que generó inquietud entre quienes ven en estos traslados una respuesta a rencillas personales y no una estrategia anticorrupción, como ha sostenido la dirección.
Uno de los episodios más emblemáticos de esta ola de traslados involucra a la Estación de Carabineros, donde el mayor Carlos Alberto León y la capitán Natalia Velásquez se convirtieron en figuras centrales. Ambos oficiales, conocidos por su rigor en la aplicación del reglamento, fueron trasladados poco después de la posesión de Rincón: León a Tibú, Norte de Santander, y Velásquez a Puerto Rondón, Arauca, con apenas 48 horas de preaviso.
Según información conocida por Cambio, estos movimientos se formalizaron mediante oficios de cumplimiento inmediato, sin el plazo razonable que suele otorgarse para organizar asuntos personales y familiares, lo que alimentó la percepción de arbitrariedad.
El trasfondo de estos traslados se relacionaría con la presencia de reclusos de alto perfil en la Estación de Carabineros, entre ellos Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, implicado en el escándalo de los carrotanques de la Ungrd.
El traslado de dos oficiales de la Estación de Carabineros se habría dado por denuncias de Luis Eduardo López, conocido como "El Pastuso" - crédito Ungrd/XDurante el retiro de Rincón, se habría forjado una relación cercana entre el hoy director y López, que recibió visitas e incluso gestiones a su favor. La llegada de León y Velásquez supuso el fin de varios privilegios para los internos, lo que generó fricciones.
Según el cuñado de “El Pastuso”, consultado por ese diario nacional, el mayor León intentó imponer un régimen más estricto, lo que fue interpretado como una afrenta por los reclusos y sus familias.
Las versiones sobre el proceder de los oficiales son contradictorias. Mientras algunos familiares de los internos, como el cuñado de López, denunciaron ante Cambio episodios de maltrato y presunta extorsión —incluyendo el caso de una mascota que habría sufrido lesiones y solicitudes de dinero para mejoras en la estación—, los oficiales trasladados sostienen que solo cumplieron con su deber.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó al medio nacional que la Estación de Carabineros funciona como un pabellón anexo a la cárcel La Picota, aunque reconoció la existencia de un vacío jurídico sobre el régimen aplicable, lo que complica la interpretación de los hechos y la justificación de los traslados.
El procedimiento seguido en estos movimientos ha sido objeto de cuestionamientos. De acuerdo con la información recabada por Cambio, los traslados deberían formalizarse mediante actos administrativos que permitan a los oficiales reorganizar su vida personal.
En el caso de León y Velásquez, la notificación fue inmediata y sin margen de maniobra, lo que reforzaría la percepción de arbitrariedad. Además, las denuncias formales sobre supuestos hechos de corrupción y maltrato animal solo se presentaron después de los traslados, lo que añade un elemento de duda sobre la motivación real de las decisiones.
La dependencia de Inteligencia de la Policía Nacional es clave para mantener la comunicación con instituciones de otros países y coordinar operativos internacionales - crédito Policía de EspañaLa controversia no se limita a la Estación de Carabineros. En la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), la coronel Julie Katherine Ruiz y su equipo —el teniente coronel Sergio Peñaranda, el mayor Ramírez, el capitán Aljure y el subteniente Solano— también fueron objeto de traslados considerados punitivos.
Ruiz, que había sido designada como adjunta de Policía ante el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, vio cancelada su comisión de manera abrupta por orden de Rincón, mientras que su equipo fue enviado a zonas de alto riesgo como el Cauca.
En una queja presentada ante la Procuraduría, la coronel Ruiz denunció que estos traslados constituyen represalias por una misión de contrainteligencia realizada a finales de 2024, cuando Rincón lideraba la Inspección General.
Según el documento, la revisión de misiones de contrainteligencia sin orden judicial, la supresión de medidas de protección y la reasignación de su equipo vulneran la reserva legal y ponen en riesgo la vida de los oficiales. Un ejemplo es el traslado de Peñaranda a El Plateado, Cauca, una región especialmente peligrosa para un oficial con su perfil.
El origen de este conflicto se remontaría a una investigación interna sobre presuntas irregularidades en la Inspección General, en la que el equipo de Ruiz detectó la influencia indebida de asesores cercanos a Rincón en procesos disciplinarios.
Tras la entrega del informe, solo una de las personas señaladas fue trasladada, mientras que, con la llegada de Rincón a la dirección, los oficiales investigados mejoraron sus condiciones y los encargados de la contrainteligencia fueron removidos de sus cargos.
Frente a las acusaciones, el general Rincón defendió ante Cambio la legalidad y justificación de los traslados, argumentando que buscan prevenir hechos de corrupción policial y erradicar malas prácticas.
Además, calificó los movimientos en otras dependencias como procedimientos normales solicitados por los jefes de área. Por su parte, el director del Inpec reiteró al diario nacional la complejidad jurídica del régimen en la Estación de Carabineros, lo que dificulta establecer criterios claros para la toma de decisiones.
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