Inculpados en crimen de fiscal Anderson “desaparecen” a punto de que CIDH decida sobre el caso

Sin embargo, además de que sus nombres no figuran entre los liberados, en estos momentos se desconoce el paradero de los tres desde el 2 de agosto último.

Ese día fueron trasladados desde los calabozos del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), en el Helicoide, hasta la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas, pero el ministerio de Asuntos Penitenciarios y el tribunal 6 de Ejecución del régimen, únicos que pueden ordenar traslados, han negado a familiares y abogados toda información sobre ellos.

“Están en desaparición forzada”, asegura Jacqueline Sandoval, abogada defensora de los Guevara y esposa de Rolando, quien informó por sus redes que el tribunal de la causa de los Guevara le dijo que desconocía el traslado. “No se me permitió acceder al expediente al no reconocerme como su abogada, rol que he ejercido durante sus 20 años en prisión”, añadió.

Otoniel (68 años), Rolando (64 años), y Juan Bautista (64 años), todos con carrera policial, fueron vinculados al asesinato del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, ocurrido en una vía pública al estallar un artefacto explosivo colocado en su camioneta, el 18 de noviembre de 2004.

El crimen, conocido como el caso Anderson, desató conmoción nacional y una abierta “cacería de brujas” con allanamientos y acusaciones contra banqueros, abogados, periodistas, policías, entre otros ciudadanos, que se oponían al gobierno de Hugo Chávez.

Desaparecidos los Guevara

La desaparición forzada que, según explica Sandoval, se deriva de la negativa de los entes del Estado de cumplir con su deber de informar sobre el lugar en el que se encuentran los Guevara, ya fue denunciado ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que están por emitir una decisión.

Pero, no es la primera vez. A días del crimen de Anderson, familiares de los Guevara denunciaron el secuestro y la desaparición, porque habían sido mencionados en la incipiente investigación que adelantaba el fiscal general Isaías Rodríguez. Días después, según reportes, los tres fueron hallados por funcionarios de la Guardia Nacional (GN) caminando semidesnudos, en la ciudad de Valencia, en el noreste del país, luego de haber sido vistos amordazados y maniatados bajo custodia de otros efectivos del mismo componente militar.

Más tarde fueron detenidos y llevan 20 años encarcelados como presos políticos.

Sandoval informó que la juez del caso, Fátima Jardín, “se negó” el 18 de agosto a recibir y sellar la diligencia formalmente consignada ante dicho tribunal, con la cual se notifica que, hasta esa fecha, no se había recibido información oficial sobre los Guevara”, denunció la abogada por sus redes. “Es una obstrucción judicial directa y contumacia estatal”, informó a la CIDH en un escrito sobre nuevos hechos graves.

La notificación, explicó, fue un requerimiento de la instancia interamericana que daba plazo al Estado venezolano a informar la ubicación de los hermanos Guevara. “La negativa del tribunal a recibir esta comunicación representa un grave obstáculo en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

La abogada exhortó a “las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para garantizar el acceso”.

Violación en caso Anderson

En realidad, el equipo de defensa de los Guevara lleva más de 20 años intentando que la justicia chavista se acoja a la norma constitucional y procesal. Y desde noviembre de 2011 se han solicitado infinidad de medidas humanitarias para los Guevara por razones de salud.

“Todas las solicitudes han sido rechazadas”, afirmó la abogada.

Los procedimientos judiciales sin rigor judicial fueron ordenados por el entonces fiscal Isaías Rodríguez. En el marco de la investigación se abrieron al menos cinco expedientes con cargos diferentes, a pesar de ser ilegal, contra quienes eran sospechosos de adversar a Chávez. Un “testigo estrella”, Giovanni Vásquez, promovido por Rodríguez y proveniente de Colombia fue presentado como su “prueba” estelar.

Otoniel y Rolando Guevara fueron condenados en el año 2005 a 27 años de prisión y Juan Bautista a 29 años, por homicidio calificado y agavillamiento, (además de porte ilícito de arma, en caso del último) en un proceso lleno de irregularidades, sin pruebas contundentes, y que abogados calificaron de “fraude procesal”, contó con el aval y respaldo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien sustituyó a Isaías Rodríguez.

Entre los años 2008 y 2010, Vásquez y Alexis Peñuela, también promovido como testigo en el juicio contra los Guevara, “admitieron haber prestado una declaración falsa a cambio de dinero”. Pero nada pasó.

En la CIDH

El asesinato del fiscal Danilo Anderson continúa sin ser esclarecido con el actual fiscal general Tarek William Saab. Los expedientes abiertos se mantienen “archivados”, una figura procesal que depende de una decisión discrecional.

Sandoval recordó que este caso le sirvió de pretexto a los servicios de justicia al servicio de Maduro para crear la jurisdicción antiterrorismo “en la que ponen o quitan jueces” en los casos políticos, gracias a su transitoriedad.

El caso Anderson con la prisión de los Guevara también espera sentencia de la CIDH, desde abril cuando fue realizada la audiencia, como uno de los casos referencia sobre la grave violación de derechos humanos en Venezuela. En 2023, esta instancia presentó ante la Corte IDH el “caso de los Guevara contra la República Bolivariana de Venezuela.

Uno de los cinco fiscales del Ministerio Público actuantes en el caso, Hernando Contreras, declaró “cómo se armó el fraude” y se “cocinó” la decisión, “producto de un montaje”.

FUENTE: Con información abogada Jacquiline Sandoval, redes,