
Un operativo estatal sin precedentes, liderado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el respaldo de 20 agencias, culminó con el rescate de 60 menores clasificados como “críticamente desaparecidos”, muchos de ellos víctimas de abuso, explotación sexual y trata de personas. La iniciativa, denominada Operación Dragon Eye, se centró en localizar a niños entre 9 y 17 años en situación de alto riesgo.
La acción estuvo coordinada por la oficina del U.S. Marshals para el Distrito Central de Florida, en colaboración directa con la Oficina de la Fiscalía Estatal (OSP, por sus siglas en inglés) y liderada por el fiscal James Uthmeier. También participó el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), bajo la dirección del comisionado Mark Glass. Las autoridades informaron que ocho individuos fueron detenidos durante la operación por delitos relacionados con trata de personas, tráfico de drogas y exposición de menores a situaciones de peligro.
“Los verdaderos héroes detrás de esta operación son las fuerzas del orden que la planearon y ejecutaron”, expresó Uthmeier en un comunicado oficial. “Como fiscal general y padre de tres hijos pequeños, proteger a los niños es mi principal prioridad. Si victimiza a menores, irá a prisión. Punto”.

De los 60 menores rescatados, varios se encontraban en condiciones alarmantes. Algunos estaban siendo explotados sexualmente al momento de su localización; entre ellos se identificaron a varias niñas embarazadas, incluida una menor que está gestante del hijo de su tratante, según revelaron las autoridades durante la presentación de los resultados de la operación.
El U.S. Marshals Service clasifica como “críticamente desaparecidos” a los menores que presentan riesgo de ser víctimas de delitos violentos o que enfrentan factores de riesgo elevados, como abuso de sustancias, explotación sexual, exposición criminal o violencia doméstica. La operación no se limitó al rescate físico, afirmó el alguacil federal William Berger: “Estos niños fueron de inmediato atendidos, entrevistados y evaluados física y psicológicamente. Además, se puso en marcha un protocolo de atención a largo plazo con el objetivo de que no regresen a las calles ni a manos de sus victimarios”.
Las detenciones realizadas incluyeron cargos que van desde trata de personas hasta posesión y distribución de drogas. Las investigaciones siguen en curso y se anticipan nuevas imputaciones. Las causas penales serán gestionadas por la Oficina de Fiscalía Estatal, con apoyo de los fiscales de los circuitos judiciales Sexto y Decimotercero.
La fiscal especial Rita Peters fue designada para liderar el caso principal de trata, mientras que otros dos expedientes similares continúan en etapa de instrucción. Las autoridades enfatizaron que se trata de una estrategia judicial articulada, que busca desmantelar no sólo redes individuales, sino las estructuras de apoyo logístico y económico que las sustentan.
“El mensaje es claro”, afirmó el comisionado Glass en rueda de prensa. “Florida no será nunca un refugio para tratantes. Desde la FDLE seguiremos luchando por quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Y a cualquier familia que aún tenga un niño desaparecido, les digo: no dejaremos de buscar hasta traerlo a casa”.

Según datos de la National Human Trafficking Hotline, Florida se encuentra entre los tres estados con mayor número de casos reportados de trata de personas, junto con California y Texas. En 2024, el estado recibió más de 1.830 señales, lo que permitió identificar a 1.874 víctimas. Un porcentaje significativo de estas son menores de entre 11 y 17 años, muchos de ellos captados mediante manipulación emocional o plataformas en línea.
El Departamento de Niños y Familias del Estado de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) ha documentado que estos menores suelen ser aislados de sus entornos familiares, expuestos a violencia sexual, adicciones, y situaciones de explotación laboral forzada.
En respuesta a esta crisis, el gobernador Ron DeSantis anunció recientemente la asignación de 4.9 millones de dólares para ampliar la capacidad de albergues de emergencia y contratar personal especializado en atención a víctimas. Asimismo, se otorgaron 900,000 dólares en subvenciones directas a la FDLE para fortalecer su capacidad operativa en casos de trata.
“Florida está tomando medidas proactivas para frenar la trata de personas”, declaró DeSantis en una conferencia anterior. “Aunque nuestra frontera sur abierta favorece la actividad criminal como la trata, los estados pueden enfrentarlo con penas más duras y más capacitación para que el personal de emergencia sepa detectar y responder a estos casos. Hoy estoy satisfecho de haber implementado esas medidas en nuestro estado”.

La Legislatura de Florida también ha aprobado legislación destinada a endurecer las sanciones contra tratantes de menores y mejorar la capacidad de detección temprana. Entre las medidas adoptadas, se incluye la formación obligatoria en identificación de trata para empleados de hoteles, personal sanitario y trabajadores del sistema educativo.
Estas acciones buscan reducir los márgenes de impunidad y aumentar la probabilidad de intervención antes de que las víctimas entren en redes más profundas de explotación. El enfoque estatal actual combina represión, prevención y atención integral a víctimas, alineándose con modelos nacionales de combate a la trata.
Mientras las autoridades continúan procesando los casos derivados de Operación Dragon Eye, el estado mantiene una postura de tolerancia cero. “Cada niño rescatado representa no sólo una vida salvada, sino una señal contundente a los delincuentes: no tienen lugar aquí”, reiteró el comisionado Glass.