Episcopado mexicano advierte sobre un Estado sin control ante la violencia criminal

Mujeres reaccionan cerca de la escena del crimen donde fue hallado el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, en Eduardo Neri, estado de Guerrero, México, el 6 de octubre de 2025. Estrada era el párroco de la iglesia San Cristóbal en el pueblo de Mezcala, una zona conocida por sus altos niveles de violencia. REUTERS/Oscar Guerrero

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente en Michoacán, volvió a encender la alarma nacional sobre el deterioro de las instituciones y la ausencia de garantías de seguridad para servidores públicos y ciudadanos.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), emitió un comunicado en el que afirmó que la presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar. Este asesinato se suma a una larga lista de dirigentes locales, empresariales y sociales víctimas de la impunidad.

El documento suscrito por los obispos Ramón Castro Castro, Héctor M. Pérez Villarreal y Javier Navarro Rodríguez expuso que “los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”. En un contexto donde la administración federal ha sostenido un discurso de pacificación, los hechos demuestran un avance del crimen organizado frente a una capacidad estatal disminuida.

Casos como el de Carlos Manzo y el comerciante Bernardo Bravo evidencian, según la Conferencia del Episcopado Mexicano, una crisis de legitimidad institucional. Además advirtió que “la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas” es el problema central, más allá de los asesinatos de figuras públicas.

La CEM exigió en sus declaraciones que “ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos” e hizo un llamado a que las autoridades de todos los niveles adopten posturas firmes e inteligentes frente a la violencia que se extiende por múltiples estados. Voces eclesiales señalaron el abandono institucional en sectores donde las organizaciones criminales definen el día a día.

La Conferencia del Episcopado Mexicano planteó un enfoque social que involucra a familias, docentes y empresarios, sosteniendo: “todos los mexicanos somos responsables de construir la paz: familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de Gobierno, todos estamos llamados a defender los valores de nuestra Patria”.

Insistió en recuperar el orden constitucional y crear espacios de coordinación y diálogo nacional para restablecer la paz y la libertad. Mientras tanto, reconoció además a miembros de la Iglesia permanecen en las comunidades donde se vive la violencia y ofrecen acompañamiento a pesar de las amenazas “la entrega silenciosa y valiente de estas personas es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, recordándonos que la luz nunca se extingue frente a la oscuridad”.

Infobae ha documentado cómo este tipo de pronunciamientos surgen tras homicidios que ponen en evidencia la falta de actuar institucional oportuno y la ausencia de respuestas contundentes del actual gobierno morenista.