
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la desarticulación de la mayor trama de fraude sanitario registrada en ese país, con la presentación de cargos contra más de 320 personas y la detección de cerca de 15 mil millones de dólares en reclamaciones irregulares. Voceros oficiales comunicaron la noticia desde Washington, describiendo la dimensión de la operación conjunta y anticipando que las investigaciones continúan.
Las autoridades federales informaron que el operativo implicó la colaboración de fiscales en distintos niveles, así como el apoyo de organismos internacionales para alcanzar a sospechosos radicados dentro y fuera de Estados Unidos. Como resultado, se incautaron bienes como automóviles de lujo, criptomonedas, dinero en efectivo y otros activos por más de 245 millones de dólares.
El informe oficial señala que se registró una cifra récord de solicitudes fraudulentas a los programas Medicare y Medicaid, cuyos fondos se originan en recursos fiscales estatales y federales. Los esquemas ilegales utilizaron mecanismos como la facturación ficticia, el uso de identidades robadas y la creación de empresas pantalla para emitir reclamaciones falsas.
El operativo derivó en el procesamiento de 323 individuos, incluidos médicos, proveedores de insumos médicos y otros profesionales del sector salud. El monto del fraude detectado supera los 14,6 mil millones de dólares, más del doble del récord anterior para este tipo de casos, según el Departamento de Justicia.
Cerca de 100 de los acusados cuentan con licencias médicas vigentes, y al menos 25 son doctores involucrados en la prescripción injustificada de tratamientos y en el uso indebido de datos personales para solicitar servicios inexistentes. Las imputaciones comenzaron a formalizarse en junio.

Las investigaciones determinaron que varios de los implicados adquirieron de manera encubierta empresas proveedoras de equipos médicos usando intermediarios en Europa del Este, Rusia y Asia. Estas compañías registradas legalmente eran utilizadas para emitir facturas falsas y reclamar pagos del Estado.
El caso más significativo estuvo relacionado con el suministro inexistente de catéteres, que generó reclamos por más de 10 mil millones de dólares. Esta modalidad constituyó el mayor volumen económico del fraude identificado.
La llamada Operación Gold Rush destacó por el uso de información personal de más de un millón de ciudadanos. Sus datos fueron empleados para crear solicitudes médicas falsas sin el consentimiento de los titulares. Las autoridades arrestaron a 19 personas vinculadas a este expediente, incluidas detenciones en Estonia y en puestos fronterizos de EE.UU., de acuerdo con registros judiciales y fuentes oficiales.
Las autoridades confiscaron aproximadamente 245 millones de dólares, además de vehículos de lujo, activos digitales y otros bienes acumulados por los sindicados. La magnitud del decomiso lo convierte en uno de los más importantes en el sector sanitario y servirá para resarcir parcialmente al sistema federal de salud.

Cada operación ilícita significó una pérdida directa para el financiamiento de servicios médicos destinados a la población. El director de la División Criminal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, advirtió que las reclamaciones ilegítimas afectan el presupuesto de programas como Medicare y Medicaid, sostenidos con fondos públicos. Se estima que las pérdidas ya concretadas ascienden a 2.900 millones de dólares.
Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, declaró que la investigación revela la existencia de estructuras criminales complejas, con capacidad para manejar transferencias internacionales, empresas ficticias y activos digitales. Las autoridades proponen fortalecer los controles de identificación de prestadores y mejorar los mecanismos internos de verificación de facturación médica, de acuerdo con AP.
El robo y uso indebido de datos personales y registros médicos afectó a más de un millón de ciudadanos estadounidenses, cuyas identidades fueron utilizadas para tramitar servicios que nunca se prestaron. El caso evidenció serias debilidades en la protección de la información sensible dentro del sistema de salud.

Las agencias involucradas confirmaron que las investigaciones continúan activas y que podrían ampliarse a otras jurisdicciones. También anticiparon una mayor cooperación internacional y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y detección de irregularidades, con el objetivo de frenar fraudes sanitarios sistemáticos.