¿Cómo el proyecto de presupuesto aprobado en la Cámara federal impacta a Puerto Rico en temas como SNAP (PAN) y Medicaid?

hace 6 horas 2

Nueva York – Los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional (SNAP) aprobados por la Cámara de Representantes esta mañana como parte del plan de presupuesto a 10 años podrían afectar a beneficiarios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional), subvención en bloque que aplica en Puerto Rico, advirtió Javier Balmaceda, analista sénior del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

Hoy, los republicanos en la Cámara le dieron paso a lo que el presidente Donald Trump ha llamado el “grande” y “hermoso” proyecto de ley de presupuesto del gobierno federal.

Los legisladores lograron su fin luego de un tranque entre los más conservadores del llamado “Caucus de la Libertad” y los más moderados que no favorecen recortes a programas como SNAP y Medicaid.

Al final, la votación fue de 215-214 con dos republicanos uniéndose a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete. Estos fueron Warren Davidson, de Ohio, y Thomas Massie, de Kentucky. El presidente del Caucus de la Libertad, Andy Harris, de Maryland, votó “presente”.

Con el voto en la Cámara, los republicanos lograron la meta de aprobar la legislación antes del feriado de “Memorial Day” este lunes. Ahora, la pieza ómnibus pasará a la consideración del Senado, donde también se prevé división con relación a su contenido.

A grandes rasgos, la propuesta de ley extiende los recortes de impuestos de Trump de 2017 al tiempo que elimina temporalmente los gravámenes sobre las propinas calificadas y las horas extra.

El reporte del New York Post hoy, uno de los primeros medios en notificar de la aprobación, señala que la medida no elimina los impuestos sobre los ingresos del Seguro Social, pero otorga a las personas mayores una deducción adicional.

Por otra parte, el proyecto aumenta el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT) a $20,000 dólares para personas casadas que presentan declaraciones por separado con un límite de ingresos de $250,000, y $40,000 en el caso de cualquier otro contribuyente con un límite de ingresos de $500,000.

El paquete, aprobado en la Cámara, además aumenta el techo de la deuda a $4 billones.

En cuanto al tema migratorio, la pieza legislativa dispone $175,000 millones para seguridad fronteriza, que incluyen $46,500 millones de esos dirigidos a la construcción del muro entre Estados Unidos y México.

La propuesta de ley además descarta al mandato de la Administración de Joe Biden que exigía que dos tercios de las ventas de automóviles nuevos sean eléctricos para 2032.

También acelera la concesión de permisos para la exploración de gas natural si los solicitantes pagan el 1% de los costos del proyecto o $10 millones.

Requisito laboral para Medicaid

En el caso de Medicaid, los republicanos incluyeron el requisito de trabajo mensual de 80 horas para adultos hábiles de entre 19 y 64 años que se inscriban en el programa.

Para SNAP, se ampliarán los requisitos laborales en los casos de adultos hábiles sin hijos hasta los 64 años para ser elegibles al programa de alimentos.

En cuanto a SNAP, otra disposición obligaría a los estados a pagar una parte mayor del costo de las prestaciones si su tasa de error en los pagos supera el 6 %. Los estados con tasas de error más altas deberán pagar entre el 15 % y el 25 % del costo de las prestaciones.

Según está contemplada la legislación al momento, los estados deberán asumir el 5% de los costos de los beneficios del programa y la mayor parte (75%) de los costos administrativos, de acuerdo con un informe de The Hill. Actualmente, los estados no pagan las prestaciones y solo la mitad de los costos administrativos.

“Hay miles de categorías de gastos administrativos…y allí hay una una proporción, por decirte, el gobierno federal cubre 50% y el estado otro 50%. Una de las cosas más dolorosas que están haciendo con este proyecto de ley es que le están transfiriendo un peso mucho más grande del gasto administrativo de los programas a los estados. Y hay estados y hay estados. Hay estados que tienen mejores situaciones financieras y otros que no, y hay estados que pueden acoger ese mayor peso presupuestario y otros que no. Para los que no tienen tanta holgura financiera es un impacto severo y se pueden ver afectados toda la administración de los programas y eso también genera posiblemente una pérdida de beneficiarios, porque si no tienes el personal para atender un programa, por ahí se te cuelan un montón de personas que no pudiste atender; un caso que no pudiste procesar”, explicó el analista sénior de Puerto Rico y los otros territorios en entrevista con El Diario.

La congelación del “Thrifty Plan” para SNAP y PAN

La medida aprobada en la Cámara incluye la congelación del llamado Thrifty Food Plan (TFP) que se refiere al presupuesto para comestibles que determina la cantidad máxima de beneficios de SNAP y PAN que pueden recibir individuos o familias elegibles mensualmente.

El Plan de Alimentación Económica o Plan Thrifty es básicamente lo que se utiliza para establecer los precios de los alimentos de una canasta básica saludable, y es desarrollado por USDA (Departamento de Agricultura federal).

“Se supone que se deben actualizar con mucha frecuencia para que refleje precios actualizados y cuál es el costo moderno de poder comer saludablemente”, abundó el encargado de Puerto Rico y otros territorios en CBPP.

En el caso de Puerto Rico, el TFP que se usa para el SNAP también se utiliza para la subvención en bloque aplicable a Puerto Rico a través del PAN, por lo que cualquier cambio en esa dirección afectaría la asistencia alimentaria para los beneficiarios en la isla.

“En el 2021, se hizo una actualización muy importante, muy amplia, que hace muchos años que no se hacía. En el 2021, básicamente, nos pusimos al día. Entonces, con esa actualización, aumentaron por mucho los beneficios del SNAP y también los del PAN. De hecho, la subvención en bloque del PAN creció casi un 23% con esa actualización del TFP; para que veas lo mucho que impacta este componente al financiamiento. Uno de los recortes que habían propuesto era revertir esa actualización, que eso hubiera sido súper severo”, expuso Balmaceda.

Sin embargo, el experto añadió que la congelación del TFP tendría un impacto “grande” y “medible” en la isla.

“Están proponiendo congelar el TFP y que eso no se actualice de aquí a nueve años, hasta el 2034. Eso tiene un impacto medible, porque la subvención en bloque de Puerto Rico, de aquí al 2034, si el TFP se actualizara como corresponde, hubiera logrado que la subvención creciera casi $1,000 millones más. Pero, al congelarlo, te quedas entonces sin ese crecimiento de $1,000 millones que es un montón de dinero”, detalló el analista.

Para Puerto Rico, el representante republicano de Pennsylvania, Glenn Thompson, ha propuesto una partida de $50 millones anuales para el PAN que sería evaluada como parte del contenido de la Ley Agrícola (Farm Bill), cuya prórroga más reciente expira en septiembre.

“Todavía está por verse, porque Thompson lo que ha querido hacer es darle un ‘plus’ de $50 millones a Puerto Rico, pero en la Ley Agrícola. En el proyecto de reconciliación, lo que ha intentado hacer es atender un componente de la Ley Agrícola que son los subsidios agrícolas, pero esos $50 millones ha quedado fuera por el momento”, señaló Balmaceda.

De acuerdo con el entrevistado, en vista del tranque por el contenido del paquete agrícola que incluye temas agrícolas, de nutrición y de conservación, “Thompson está tratando de agarrar las partes que él entiende que son prioritarias y que no ha podido actualizar con la Ley Agrícola y las está tratando de meter unos pedazos de la Ley Agrícola en este otro vehículo legislativo para poder atender algo de lo que estaba previsto en la Ley Agrícola”.

Para combatir los altos índices de pobreza y el grave problema de inseguridad alimentaria en Puerto Rico, diversos sectores dentro y fuera de la isla abogan desde hace años por una transición del PAN A SNAP, lo que representaría unos $4,500 millones al año para el territorio, en comparación con los $2,900 millones anuales que recibe actualmente.

En cuanto al debate por Medicaid, uno de los más espinosos de las pasadas semanas, Balmaceda sostuvo que medidas como la imposición de requisitos laborales, por “default”, se traducirán en menos personas participando del programa.

“Cuando impones un requisito laboral, en la práctica, el requisito laboral conlleva una pérdida de beneficiarios de un programa, porque hay muchos beneficiarios que no van a poder cumplir con ese requisito laboral…Lo que ocurre cuando uno impone un requisito laboral, y esto se ha visto en diversos estados que han establecido requisitos, es que pierden participantes, miembros de un programa que no pueden cumplir con el requisito laboral. Así que, en efecto, es un recorte”, argumentó.

Hasta 15 millones de personas y más quedarían fuera de Medicaid, estima CBO

En este contexto, el integrante de CBPP hizo referencia a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que apuntan a que, aproximadamente, 15 millones de personas (y probablemente más) perderían su cobertura médica y quedarían sin seguro debido a los recortes de Medicaid. Otros factores como la falta de extensión de los créditos fiscales para las primas para la cobertura del mercado de seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y cambios en el mercado de seguros médicos de la ACA, también llevarían a una reducción en el número de beneficiarios.

Según las proyecciones de la CBO, unos 7.6 millones de personas quedarían sin seguro debido a las políticas de Medicaid respaldadas por Comité de Energía y Comercio de la Cámara.

Por otro lado, 1.8 millones de personas quedarían sin seguro debido a la codificación de las disposiciones de las normas del mercado de seguros médicos de la Administración Trump.

“Son 70 millones (de adscritos al Medicaid) y CBO está estimando que, al final, el efecto neto va a ser una pérdida de, aproximadamente, nueve millones de personas, estamos hablando de un porcentaje alto, de un 12 a 13% de los beneficiarios”, calculó.

Los impactos de recortes a Medicaid en Puerto Rico

Balmaceda recordó que, en Puerto Rico, Medicaid (al igual SNAP) transcurre por un carril de financiamiento distinto.

La subvención en bloque que se asigna a la isla se basa en una cantidad fija, conocida como Participación Financiera Federal (FFP) desde 1968.

Debido al ordenamiento anterior, cada cierto tiempo, Puerto Rico se enfrenta a lo que se conoce como “abismo fiscal del Medicaid”. En el 2027, al Congreso le toca reevaluar el financiamiento de Medicaid para la isla.

En diciembre de 2022, se aprobó en Washington D.C. el proyecto ómnibus de presupuesto que incluyó $19,400 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico para un periodo de cinco años, lo que evitó el llamado “precipicio fiscal”.

“Lo otro que preocupa es que hay una contracción del programa Medicaid en sí. En Puerto Rico, el financiamiento discurre por un carril aparte al tradicional que tienen los estados. En ese sentido, ese grueso de financiamiento no se va a ver afectado…Hasta donde hemos podido ver, esa parte no se vería afectada”, especificó Balmaceda.

“Si uno se va al detalle…hay algunas cositas puntuales que se pueden ver afectadas con el proyecto de ley. Lo que pasa es que es difícil medirlas de antemano”, añadió.

En declaraciones el mes pasado a El Diario, Edwin Park, profesor investigador de la Universidad de Georgetown en Washington D.C., alertó, que en caso de que se avancen con los recortes a Medicaid, Puerto Rico probablemente tendría que asumir una mayor parte de la financiación del programa o no le quedaría de otra que reducir el grupo de expansión o tomar otras medidas en respuesta a los cambios.

“Si bien Puerto Rico opera con una subvención en bloque, el gobierno federal cubre el 90% del costo de la expansión de Medicaid (siempre que haya suficientes fondos federales en la subvención en bloque). Sin embargo, dado que Puerto Rico ha recibido suficientes fondos adicionales de la subvención hasta el final del año fiscal 2027, una reducción en la tasa de contrapartida de la expansión al FMAP (Porcentaje de Asistencia Médica Federal) regular (76% hasta 2027 y 55% posteriormente) significaría un cambio significativo en los costos para el Estado Libre Asociado”, anticipó el experto en Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) y ACA.

Por otro lado, la propuesta sobre requisitos laborales de Medicaid aplicaría a la isla.

“No hay una exención específica para Puerto Rico y los otros territorios. Eso significa que a Puerto Rico se le tendría que requerir instituir un requisito de trabajo que impondría trámites burocráticos y dificultaría que las personas elegibles permanezcan inscritas, no porque no estén trabajando o no deberían estar exentos, sino porque no pueden navegar por el sistema de informes ni obtener las exenciones a las que califican”, señaló el profesor.

En cuanto al plan de Trump de exenciones fiscales, Balmaceda puso en duda que los cambios favorezcan a la clase trabajadora.

“Las exenciones no benefician directamente a ninguna familia que genere, grosso modo, menos de $400,000 dólares por año. Estamos hablando que van a ser las familias más ricas las que van a ser elegibles a esas exenciones. Hay dos cosas. El proyecto incluye sacarle los impuestos a las propinas y los republicanos argumentan que eso es un beneficio para las familias trabajadoras que no ganan $400,000 o más. El otro argumento que plantean es el típico de que, a medida que tú le cobres menos impuestos a la gente más rica del país, esa gente va a tener más medios disponibles para emprender en negocios nuevos, pagarle mejor a sus empleados, etc., etc. Entonces, a través de todo eso, ellos pueden plantear que las exenciones contributivas de alguna forma van a redituar en mayores salarios, emprendimientos…”, abundó.

Para el analista del CBPP, los argumentos son hipotéticos, ya que, al momento, no hay garantías de beneficios directos a los menos privilegiados.

“Para nosotros no tiene validez el argumento porque no se sostiene en ninguna literatura, evidencia. Esta idea de, que si uno le cobra menos impuestos a la gente más rica de un país, que esa gente de pronto se hace más dadivosa y decide pagar mejores salario, no se cumple. La forma en que se cumple eso es con buenas regulaciones, leyes, buen recaudo al fisco y que el fisco entonces pueda utilizar ese dinero, a través del Gobierno, para sufragar programas o proyectos que impacten directamente a las personas trabajadoras con ingresos moderados o escasos”, puntualizó.