El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se apartó del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando debía definir si acataba el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual anuló la acusación fiscal por presunta financiación irregular en las campañas de 2011 y 2016.
La decisión de inhibirse del caso, anunciada este lunes, se produjo tras la publicación de información en el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece sobre la cercanía entre el magistrado y César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP).
Verástegui afirmó que, desde octubre de 2024, ejerce su función “con apego a la Constitución, leyes ordinarias vigentes y valores éticos, entre ellos la imparcialidad”, y explicó que el escrutinio surgió luego de la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Acuña.
Rechazó tener una “gran amistad” con el exgobernador de La Libertad, aunque reconoció que lo conoce, y mencionó que la relación se dio entre sus padres en Cajamarca hace varias décadas. “Reitero, no es cierto la ‘gran amistad’ que se señala (...); no obstante, sí lo conozco, pero no me une ningún vínculo”, puntualizó.
La decisión del juez se conoció después de que el semanario Hildebrandt en sus trece publicara información sobre la cercanía de Verástegui con César AcuñaAgregó que conocer a Acuña implicaría inhibirse solo ante causas que lo involucren directamente, no ante terceros, y afirmó que el título del reportaje que motivó su decisión, “Alianza para el proceso”, corresponde a lo que calificó como “especulaciones periodísticas propios de medios sensacionalistas”.
Luego de este pronunciamiento, el expediente de Fujimori sigue pendiente de asignación a un nuevo juez. La semana pasada, el TC ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y contra su partido tras determinar que el proceso que se le seguía “carece de sustento jurídico”.
La decisión declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se le sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.
Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.
En ese sentido, el TC ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que defina con prontitud la situación jurídica de Fujimori, sobre la base “de lo dispuesto en la sentencia”. Indicó que “no se declara inocencia ni culpabilidad”, solo la imposibilidad de continuar con una acusación “sin sustento jurídico y contraria a la Constitución”.
En desarrollo.
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