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hace 8 horas
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Nueva York – La Cámara de Comercio de Puerto Rico solicitó en el Congreso de Estados Unidos la creación de un Grupo de Trabajo Energético dentro de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) para responder a la crisis en la isla, coordinar esfuerzos entre agencias locales y federales y fiscalizar los trabajos en esa dirección.
El pedido, contenido en una ponencia escrita, fue sometido al subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que evalúa este miércoles la “Recuperación Fiscal de Puerto Rico bajo PROMESA”.
El encuentro estaba pautado para iniciar a las 10 a.m. en el salón 1324 de Longworth House Office Building.
La participación de los deponentes fue por invitación, especifica un memo con fecha del 9 de julio del presidente del subcomité, el republicano de Colorado Jeff Hurd.
PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) es un estatuto aprobado en el 2016, de manera bipartidista, en el Congreso. Bajo la referida ley, se creó la Junta.
La Junta es la entidad que maneja las finanzas de Puerto Rico y radica planes de ajuste de la deuda para las distintas agencias e instrumentalidades del gobierno local. Actualmente, la Junta trabaja en el plan para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.
En la audiencia de hoy se espera que el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, también exponga sus argumentos sobre la salida definitiva del ente de la isla, llamado que llevan haciendo múltiples sectores desde hace años.
Margaret Ramírez Báez, presidenta de la CCPR, hizo un llamado urgente para resolver las “fallas crónicas” que afectan al sistema energético de Puerto Rico. “A pesar de los múltiples planes y la asignación de miles de millones de dólares en fondos federales durante los últimos siete años desde la devastación del huracán María, Puerto Rico continúa padeciendo un servicio eléctrico inestable, el aumento de los costos de la electricidad y un crecimiento económico estancado”, lee parte de la ponencia que fue provista a El Diario.
Para los miembros de la CCPR, liderados por Ramírez Báez, los constantes apagones y el alto costo eléctrico no solo reflejan una crisis energética, sino de gobernanza.
“Reconocemos la importante labor que ha realizado la Junta de Supervisión y Administración Financiera para equilibrar el presupuesto de Puerto Rico y ejercer la supervisión necesaria sobre los contratos que no beneficiaban al público. Estos esfuerzos son cruciales para nuestra disciplina fiscal y merecen reconocimiento. Sin embargo, creemos que el mismo nivel de diligencia y liderazgo debe aplicarse ahora a la crisis energética”, planteó la presidenta en el documento legislativo.
Para la Cámara de Comercio, la recuperación fiscal y la prosperidad de Puerto Rico dependen de un sistema energético “funcional, asequible y confiable”.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), creada por el Congreso bajo la Ley PROMESA, tiene el mandato claro de fomentar el desarrollo económico en Puerto Rico. Este mandato no puede cumplirse mientras nuestros negocios, escuelas y hospitales se vean afectados por los persistentes apagones y precios de energía inasequibles. Por lo tanto, exigimos que la JSAF asuma un papel mucho más proactivo y orientado a resultados en la coordinación, la aplicación y la aceleración del proceso de transformación energética. Instamos a la JSAF a establecer de inmediato un Grupo de Trabajo de Energía dedicado, con autoridad clara para impulsar la rendición de cuentas, hacer cumplir los plazos y alinear a todas las partes interesadas, tanto federales como locales, hacia resultados mensurables”, pidió la entidad que sirve como principal portavoz del
empresariado en Puerto Rico, tanto pequeños como grandes negocios.
“Se acabó el tiempo. La gente y las empresas de Puerto Rico no pueden esperar más”, concluyó Ramírez Báez en su ponencia.
La Asociacion de Industriales de Puerto Rico se dispone a hacer una solicitud similar, pero para un grupo de trabajo para la “revitalización económica”.
Su presidente, Rafael Vélez Domínguez, afirmó que el grupo estaría llamado a desarrollar parámetros de referencia, coordinar la financiación de subvenciones y garantizar que el desarrollo industrial se integre con los objetivos de resiliencia, descarbonización y capacitación industrial.
Al igual que la Cámara, la Asociación considera que la Junta debe priorizar medidas de desarrollo económico en Puerto Rico, como también dispone la Ley PROMESA.
En ese sentido, resaltó la necesidad de reconstruir la red con fuentes modernos y diversificadas.
“Reconstruir la red con fuentes modernas y diversificadas es fundamental para la resiliencia económica. En medio de la crisis energética de Puerto Rico, diversificar la matriz energética es esencial para reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico, mejorar la resiliencia y avanzar hacia los objetivos de diversificación energética definidos por ley”, recomendó según cita El Nuevo Día.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, dijo ayer que evalúa la posibilidad de legislación que acelere la salida de la Junta.
El comisionado se refirió a una pieza legislativa similar a la presentada por el también demócrata, pero de Nueva York, Ritchie Torres, para que la Junta abandone el territorio luego de aprobar dos presupuestos balanceados y no cuatro como indica PROMESA.
Parte del problema es que la interpretación sobre el cumplimiento con el requisito de presupuestos balanceados varía dependiendo quién la haga. Aunque públicamente el gobierno de Puerto Rico había insistido durante la administración pasada en que ya Puerto Rico había presentado dos presupuestos balanceados, la Junta ha puesto en entredicho ese argumento.
El mes pasado, la gobernadora Jenniffer González se atribuyó haber firmado el primer presupuesto balanceado y en cumplimiento con las exigencias de la Junta de Control Fiscal (FOMB), lo que no se lograba desde que el organismo inició su funcionamiento en la isla hace unos 10 años.
En un comunicado el 14 de julio, Hernández Rivera lamentó que la unidad #2 de la central Aguirre quedara fuera de servicio el viernes pasado tras un incendio en un transformador dejando a miles de abonados sin electricidad.
Según el representante, lo anterior complica el problema de falta de generación que se traduce en interrupciones en el servicio, principalmente durante lo meses de mayor demanda, ahora en el verano.
“La unidad #2 de Aguirre quedó fuera de servicio y tenemos un déficit de generación que provocará relevos de carga”, alertó.
El funcionario añadió que la paralización de los contratos de generación temporera por parte de la Junta también agravan la crisis en la isla.
El organismo federal detuvo la aprobación del contrato de 15 años, valorado en $20,000 millones, que el gobierno local había cuadrado con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado.
NFE, matriz de Genera PR, compañía encargada de la generación de electricidad en Puerto Rico, detuvo el suministro de gas en las centrales San Juan y Palo Seco.
“La Junta de Supervisión Fiscal canceló el contrato defectuoso que el Gobierno firmó con New Fortress. En aparente represalia, la empresa ha suspendido el suministro de gas, agravando la crisis y enfatizando la importancia de tener diversas fuentes de energía, como la solar para la cual el Gobierno renunció a más de $300 millones. Como si fuera poco, dentro de esta crisis, el gobierno accedió a subir el costo de la luz, después de negar que lo haría”, expuso.
“Puerto Rico no merece este desorden. Continuaré trabajando desde el Congreso para resolver nuestra crisis energética y abaratar nuestro costo de vida”, puntualizó el comisionado residente.
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