Alligator Alcatraz en Florida: ¿Justicia o intimidación?

La instalación está en consonancia con la política migratoria del gobernador Ron DeSantis, quien impulsó la ley que obliga a los sheriffs y jefes de correccionales a firmar convenios con ICE bajo el programa 287(g), que permite a agentes estatales colaborar en la identificación y detención de inmigrantes sin papeles.

DeSantis ordenó a su equipo identificar lugares para construir nuevos centros de detención temporal, una iniciativa muy en sintonía con el plan de deportación masiva anunciado por el presidente Trump.

Fue Uthmeier quien bautizó el sitio como Alligator Alcatraz, al publicar un video desde el aeropuerto Dade-Collier en Ochopee, sugiriéndolo como el lugar ideal para levantar el sexto centro de detención del estado en colaboración con ICE. “No se necesita invertir mucho en seguridad perimetral… si alguien escapa, solo encontrará caimanes y pitones. No hay adónde ir, ni dónde esconderse”, afirmó.

El centro fue construido en apenas nueve días. Su capacidad total es de 5.000 personas, aunque en esta primera fase solo puede albergar a 3.000 detenidos. Las instalaciones consisten en carpas climatizadas, similares a las usadas en emergencias naturales, con literas separadas por cercas metálicas. El costo anual de operación ronda los 450 millones de dólares y cada detenido representa un gasto de entre 165 y 247 dólares diarios para el erario público.

El pasado 1 de julio, el presidente Trump visitó el recinto acompañado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del gobernador DeSantis. Un evento muy parecido a una inauguración. “Les vamos a enseñar a huir de un caimán”, bromeó sarcástico Trump, “no corras en línea recta, corre en zigzag y tus posibilidades [de sobrevivir] aumentan un 1%”.

Disputa y daños ambientales

Desde el anuncio de la construcción del centro en los Everglades se levantó una gran polémica. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, denunció que el terreno pertenece al condado y que la construcción pone en riesgo el ecosistema circundante. Rechazó la oferta estatal de 20 millones de dólares por el terreno, alegando que su tasación más reciente fue de 190 millones. Finalmente, el gobernador asumió el control del lugar usando poderes de emergencia.

“Los Everglades son la fuente de nuestra agua potable y la piedra angular de nuestra economía”, advirtió Levine Cava en una carta enviada al fiscal general en la que se oponía a la construcción del centro.

Legalidad e irregularidades

El abogado de inmigración Willy Allen considera que la narrativa de una “invasión” de migrantes es infundada. “La mayoría de los detenidos se entregaron en la frontera, pidieron asilo, tienen permisos de trabajo y licencia de conducir”, dijo. Cuestionó además el impacto ambiental: “Alligator Alcatraz fue construido en la Reserva Nacional Big Cypress, parte del Parque Nacional de los Everglades. Su basura y residuos generarán daños que costará mucho tiempo en reparar”.

Según el criterio de Allen, el objetivo real del centro es “intimidar y provocar pánico”, desde el nombre del recinto hasta los memes oficiales que muestran cocodrilos con gorras de agentes del DHS, buscan intimidar.

“La meta del gobierno es intimidar, crear pánico y forzar que las personas se vayan de EEUU, que se autodeporten”.

Por su parte, la abogada Liudmila Armas Marcelo alertó sobre las condiciones de seguridad. “Fue construido en semanas. Ya hubo inundaciones, fallas en el aire acondicionado, en un lugar donde las temperaturas alcanzan los 100 grados Fahrenheit. No creo que se haya cumplido con normativas sanitarias ni de ingeniería civil”, cuestionó la letrada.

Redadas en general

Ambos abogados coinciden en que en la actualidad se están realizando detenciones arbitrarias, sin el debido proceso. “A personas con casos activos de asilo y sin antecedentes, se les detiene en sus citas con ICE”, sostuvo Armas. Citó el caso de una cliente gravemente enferma, que fue detenida, sin que tenga historial delictivo, "con un asilo pendiente y con la corte prevista para 2026". Lo único que desean es cumplir con su cuota de detenciones, indicó.

Allen, por su parte, recordó que la Corte Suprema ha avalado muchas medidas migratorias recientes, pero que sería interesante verificar el origen de los fondos para la construcción del Alligator Alcatraz y los contratos otorgados. Sobre la legalidad de detener a inmigrantes con antecedentes, sin orden judicial, mencionó la ley Laken-Riley, en vigor desde enero de 2025, que amplía los criterios de detención obligatoria para no ciudadanos.

Abarrotados y sin registros

Sobre las quejas de muchos familiares que afirman desconocer el paradero de sus seres queridos, la abogada Armas denunció que ICE no actualiza de forma inmediata su base de datos, dificultando la localización de detenidos por parte de familiares y abogados. “Los mueven constantemente de centro. No hay buena fe ni transparencia. La comunicación con clientes y oficiales es mínima”.

“Los centros en general están llenos, no de criminales, sino de personas con procesos migratorios activos. Muchos tienen permiso de trabajo, licencia de conducir, y no representan riesgo de fuga. Mientras tanto, quienes sí tienen antecedentes evaden las cortes y son difíciles de detener por ICE”, denunció.

Al parecer, en Alligator Alcatraz solo van personas que han cometido delitos.

Opiniones divididas

La entrada al centro, donde se encuentra un cartel anunciando Alligator Alcatraz, se ha convertido en punto de protesta y de curiosidad. Activistas ambientalistas, miembros de tribus originarias y defensores de derechos humanos llegan hasta el lugar para expresar su rechazo. También llegan curiosos que buscan una foto frente al cartel ya emblemático, cuyo nombre hace alusión a la famosa cárcel federal de máxima seguridad ubicada en la bahía de San Francisco, California que tenía fama de inexpugnable y albergó a criminales de la talla de Al Capone. Para estos últimos, esta cárcel es la materialización de una de las promesas de campaña del presidente Trump.

Un cubanoamericano de 67 años, que votó por Trump, posó bajo el letrero. “Vine por curiosidad. No estoy de acuerdo con traer a gente trabajadora, pero sí con encerrar a los delincuentes”, dijo.

Nora, residente de la zona, protestaba con firmeza: “Esto es asqueroso. Aquí traía a mis hijos a jugar. Aquí aprendieron a manejar. Esto es nuestro patio natural. Es cruel tener personas encerradas en este entorno tan duro y hostil”.

Otro visitante, Lee, llegó en moto, dijo estar de acuerdo con lo que sucede ahí. “Esto es un centro de procesamiento de inmigrantes, no un hotel. Estarán unos días y luego serán deportados o liberados. Es algo necesario”, dijo, aunque desistió de tomarse una selfi frente al cartel al ser increpado por Nora. “Las fotos bonitas se hacen en el Golden Gate [Bridge], no aquí, esto es una vergüenza”.

Supervisión y transparencia

El martes 8 de julio, la alcaldesa Levine Cava solicitó al gobernador DeSantis acceso para supervisar el centro, exigiendo mayor transparencia y señalando que sigue siendo propiedad de los contribuyentes del condado. “Debemos enfocar nuestros esfuerzos en deportar criminales peligrosos, no en eliminar protecciones a quienes cumplen la ley y contribuyen con nuestra economía”, afirmó.

Una semana antes, una delegación de legisladores estatales había solicitado una visita al lugar, pero el acceso les fue denegado.

Por su parte, Danny Pérez presidente de la Cámara de Representantes de Florida, aclaró en una entrevista de radio que la razón de la existencia de Alligator Alcatraz es para detener a aquellos inmigrantes ilegales que han cometido un delito, antes de que el gobierno federal los deporte para su país.

“Esto no es un lugar de detención para personas que no han cometido delito. Ahí solo están enviando criminales”, insistió.

Sobre las condiciones, Pérez, quien recorrió el sitio, dijo que no es un hotel cinco estrellas, pero las tiendas tienen piso, baños, camas y aire acondicionado.

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