“¿A dónde nos vamos?”, el grito desperado en el parque de casas móviles de Sweetwater

De hecho, se estableció un centro de recursos en colaboración con United Way, se mantuvieron reuniones con los propietarios y se coordinó ayuda con la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava. El objetivo, según declaraciones de la alcaldía, ha sido “explorar todas las vías posibles para ayudar durante esta difícil transición”.

Pero a ras de suelo, entre el polvo de la demolición y el hedor de montañas de basura acumulada, la percepción es radicalmente distinta. Los residentes no hablan de "ayuda", sino de "abandono". Dicen, por ejemplo, que no sienten "solidaridad", sino lo que denominan, casi al unísono, como una “traición”.

“Lamentablemente, hemos votado por ellos [oficiales electos], cuando nos prometieron muchas ayudas y no estamos recibiendo ninguna”, aseveró María Victoria Fajardo, residente desde hace nueve años en esa comunidad.

Su voz se quebró al recordar una conversación que asegura sostuvo, cara a cara, con el alcalde al inicio de la crisis, según su relato. “Me dijo, 'no se preocupen, esto no se ha vendido'”, rememoró. “Cuando ya sabía él que todo estaba programado”, cuestionó. El alcalde Díaz afirmó que solo se enteró cuando la situación estaba avanzada a través de una carta enviada a propietarios e inquilinos.

El conflicto se gestó en noviembre de 2024, cuando los propietarios, CREI Holdings, emitieron las notificaciones de desalojo con una fecha límite del 19 de mayo de 2025.

El plan: demoler el parque de 94.5 acres, uno de los últimos grandes enclaves de vivienda asequible en Miami-Dade, para dar paso a un moderno proyecto urbanístico que incluye, según lo informado, “vivienda asequible”.

Sin embargo, los nuevos apartamentos serían para hogares que ganen entre el 80% y el 120% del ingreso medio del área, un umbral inalcanzable, de acuerdo con lo expresado, para la mayoría de los actuales residentes, quienes invirtieron entre 20.000 y 200.000 dólares en casas móviles que ahora ven reducidas a escombros.

En medio de la situación que afrontan unas 220 familias que aún permanecen en sus casas móviles, el alcalde Díaz también indicó haber gestionado alquileres razonables para apartamentos de una o dos habitaciones en un complejo del sur del condado, con valores que oscilaban entre los 500 y los 600 dólares. "Esto es una gran oportunidad para quienes quisieran irse", dijo un funcionario local que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Mientras tanto, el urbanizador CREI Holdings avanza con un plan integral para el amplio terreno, financiado con más de 170 millones de dólares en préstamos.

El proyecto no solo contempla el edificio de 328 unidades ‘Li'l Abner III’, sino también una escuela K-12, un centro de atención médica y un parque comunitario; una transformación que, sobre el papel, promete revitalizar la zona.

Último recurso

Mientras cientos de familias aceptaron paquetes de compensación y se marcharon, otros residentes se negaron a ceder. Organizados, presentaron una demanda colectiva contra los dueños del proyecto, la Ciudad de Sweetwater y el Condado Miami-Dade, con la esperanza de que la justicia les ofrezca el amparo que sus líderes políticos, sienten, les han negado.

Ese acto de resistencia obtuvo una primera y crucial victoria. “El propietario presentó casos de desalojo contra 200 familias”, explicó Duley Herrera, un residente que se ha convertido en uno de los portavoces de la comunidad. “Pero ya fueron los primeros 33 casos a la corte y el juez dijo que no teníamos que pagar”.

Esta decisión suspendió la obligación de sufragar los aproximados 1.200 dólares de renta mensual por el uso de la tierra, un respiro financiero y una palanca de poder en su batalla legal.

“Estamos decididos a quedarnos aquí hasta esperar una solución definitiva porque gastamos todo lo que teníamos en un trailer, que no tenemos a donde mover, y tampoco dinero para hacerlo”, complementó la vecina María Victoria Fajardo.

Polvo, fuego y abandono

No obstante, la victoria legal no detuvo la “pesadilla diaria”. La demolición avanza mientras cientos de personas, incluyendo niños y ancianos, aún viven allí.

Para muchos, la coexistencia se ha vuelto un infierno. Dos incendios han sido reportados, uno de ellos investigado oficialmente como intencional. Además, el Condado multó al parque con más de 108.000 dólares tras encontrar amianto, un conocido carcinógeno, entre los escombros de las casas demolidas.

Para Martha Torres, residente en el lugar por cuatro años, la situación se convirtió en una “crisis de epidemias”. “Hay zancudos, ratones, paticos muertos”, describió con una mezcla de repugnancia y resignación. “Llevamos ya casi tres meses con este problema”.

El colapso es visible en los montículos de basura, pero también llega de forma silenciosa a través del correo. Francisca López dijo haber recibido en abril una factura de agua por 2.458 dólares para un período de tres meses. Su pago normal era de unos 260 dólares.

“Es una cosa demasiado exuberante”, afirmó. A pesar de seguir todos los pasos para disputar el cobro, probablemente causado por una tubería rota durante la demolición, según su testimonio, la compañía de agua la mantiene “en investigación”, dejándola en un limbo financiero hasta septiembre.

Más denuncias

A la alegada “negligencia” se suman actos considerados de “abuso directo” que los residentes denuncian como tácticas de intimidación. Teresita Blanco relató cómo una vecina que se quejaba del agua sucia que caía sobre su propiedad en el proceso de remoción fue supuestamente agredida por un trabajador.

“El hombre del camión le echó agua sucia que sacan de ahí del alcantarillado”, contó.

En otro incidente, el techo de una casa demolida cayó sobre el vehículo de un vecino del sector que, según Blanco, “acababa de ser operado de corazón abierto”.

“No es nuestro problema”

El sentimiento de abandono se solidifica en las interacciones con las autoridades locales. Martha Torres expuso lo que, a su juicio, es una “hipocresía” que considera insultante.

“Aquí por una manguerita dañada o por el césped que esté bien alto, le hacían a uno un ticket”, explicó. “Ahora que vivimos como en un basurero, ¿cómo es posible que las autoridades no hagan nada?”.

La “indiferencia” se hizo explícita, según Torres, en una reunión con los comisionados de la Ciudad. “Uno de ellos se atrevió a decir que no, que eso no era problema de ellos”, dijo.

En torno a este aspecto, el comisionado municipal Reinaldo Rey sostuvo que los oficiales electos de la Ciudad “no podemos hacer nada porque se trata de un terreno privado”. De acuerdo con el legislador local, cualquier solución debe provenir de los dueños del predio. "Todo esto nos preocupa, sí, pero esa es una comunidad privada".

Temores y esperanza

Con la temporada de huracanes como una espada de Damocles sobre sus cabezas, los escombros se transforman de un problema sanitario a una amenaza mortal.

Los residentes han enviado correos, han asistido a reuniones y han hablado con la prensa. Sus declaraciones fueron recogidas por DIARIO LAS AMÉRICAS en el contexto de una reunión realizada la noche del miércoles 9.

Arguyeron que su lucha ya no es solo por sus hogares, sino por su seguridad básica. “Estamos padeciendo”, resumió María Victoria Fajardo.

Atrapados entre la demolición y un futuro incierto, los residentes de Li'l Abner se aferran a la esperanza de que la corte les dé la razón. Su demanda es clara. No es solo dinero; es justicia lo que piden, según sus propias palabras.

En opinión de Fajardo, se trata de recibir “lo que nos corresponde: un sitio donde vivir”. Mientras tanto, permanecen en sus casas, porque: “¿A dónde nos vamos sin dinero?”, se preguntó.

La decisión de estas personas podría verse como el retrato de una comunidad que se niega a ser borrada en silencio, un último acto de resistencia para pedir ser tratados “de manera justa”.