24 organizaciones piden al Congreso investigar al DHS por arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses en redadas

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NUEVA YORK ? Un grupo de 24 organizaciones encabezado por UnidosUS le pidió a los miembros del Congreso que inicien una investigación contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por abuso de poder en respuesta a un reporte de ProPublica que revela que más de 170 ciudadanos estadounidenses, incluyendo menores, han sido detenidos por las autoridades en operativos y redadas migratorias.

Las entidades circularon este jueves un comunicado conjunto en el que denuncian las detenciones injustas por parte de agentes federales, y el uso de violencia y fuerza excesiva en algunos de los casos.

También destacaron la falta de un registro oficial de la frecuencia con la que ocurren estas detenciones, lo que evidencia falta de transparencia y rendición de cuentas, y posibles violaciones al debido proceso de ley en las prácticas de control migratorio.

“Estos hallazgos demuestran con precisión por qué el Congreso debe implementar las reformas de rendición de cuentas migratoria propuestas por UnidosUS y una coalición de organizaciones latinas de defensa de los derechos civiles. Además, estos abusos resaltan la preocupación más amplia planteada por una coalición multirracial de grupos de derechos y libertades civiles sobre el abuso de autoridad federal y la necesidad de que el Congreso reafirme su función de supervisión, incluyendo la prohibición de despliegues militares ilegales en ciudades estadounidenses”, plantearon las organizaciones.

Los denunciantes respaldaron la iniciativa de legisladores demócratas para realizar una audiencia en Los Ángeles, California, sobre el alcance de la política de arrestos y deportaciones masivas de la Administración Trump.

“Felicitamos al representante Robert García (D-CA-42), miembro de alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y al senador Richard Blumenthal (D-CT), miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, quienes han anunciado una audiencia en Los Ángeles para realizar importantes esfuerzos de supervisión y exigir responsabilidades al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los funcionarios federales por los abusos de poder”, destacaron.

Además, catalogaron como “primeros pasos importantes” la citación de Kristi Noem, secretaria del DHS, a una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, así como la carta conjunta que enviaron miembros del Comité Judicial y de Supervisión de ese mismo cuerpo legislativo al DHS y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que piden el cese de las redadas militarizadas en Chicago.

En términos de nuevas acciones legislativas, la coalición de organizaciones insistió a los congresistas a legislar reformas que lleven a la creación de salvaguardas para evitar los abusos expuestos en el reporte, al tiempo que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades migratorias.

Entre las propuestas se encuentran medidas para garantizar el debido proceso y el acceso a un abogado para las personas detenidas; exigir el uso obligatorio de cámaras corporales para los agentes federales y el acceso público a las grabaciones; fortalecer la supervisión de los programas de cumplimiento de la ley del DHS, incluyendo los acuerdos 287(g) que delegan la autoridad migratoria a las fuerzas del orden locales; prohibir la detención de personas embarazadas, en período de posparto y lactantes; y prohibir el uso indebido de recursos militares para actividades migratorias o policiales rutinarias en ciudades estadounidenses, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional bajo la autoridad del Título 10 o el Título 32.

El llamado también pide el establecimiento de medidas para que las víctimas de fuerza excesiva por parte de oficiales federales, puedan buscar reparación en los tribunales federales.

Aparte de UnidosUS, se sumaron al reclamo: ACCESS Reproductive Justice, America’s Voice, Aquí: The Accountability Movement, Center for Human Rights and Constitutional Law, Center for Law and Social Policy, Children’s Defense Fund-Texas, Chinese for Affirmative Action, Franciscan Action Network, Hispanic Federation, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Latino Victory Project, League of United Latin American Citizens (LULAC), Mi Familia Vota, NAACP, National Action Network, National Council of Asian Pacific Americans (NCAPA), National Latina Institute for Reproductive Justice, National Urban League, National Women’s Law Center, Oasis Legal Services, Serving At-risk Families Everywhere, Stop AAPI Hate y Voto Latino.

La investigación de ProPublica arrojó que el Gobierno no lleva un registro de cuántos ciudadanos son detenidos por agentes de inmigración, aunque el estimado apunta a 170 casos de ciudadanos detenidos en redadas y protestas.

La evaluación además reveló que más de 20 ciudadanos han reportado haber sido detenidos durante más de un día sin poder llamar a sus seres queridos ni a un abogado. En algunos casos, sus familias no pudieron encontrarlos.

Por otro lado, la indagación arrojó que agentes han arrestado a unos 130 estadounidenses, incluyendo una docena de funcionarios electos, por presuntamente interferir con o agredir a los oficiales. La mayoría de estos casos fueron desestimados.

El informe destaca que, cuando la Corte Suprema decidió que que los agentes de inmigración en el área de Los Ángeles podían considerar elementos como la raza para proceder con operativos y redadas, el juez Brett Kavanaugh afirmó que los ciudadanos no deberían preocuparse. Según el conservador, si los oficiales descubren que la persona detenida es ciudadana o se encuentra legalmente en Estados Unidos la liberarían de inmediato.

El reporte de la organización independiente de noticias señala que lo anterior dista mucho de la realidad.

“Agentes de inmigración han arrastrado, tacleado, golpeado, electrocutado y disparado a estadounidenses. Les han puesto la rodilla en el cuello. Los han retenido a la intemperie bajo la lluvia en ropa interior. Al menos tres ciudadanas estaban embarazadas cuando los agentes las detuvieron. A una de ellas ya le habían volado la puerta de su casa mientras la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, observaba”, resalta la recopilación.

El medio de periodismo de investigación añade que videos de testigos de intervenciones muestran el maltrato al que han sido sometidas algunas de estas personas.

En septiembre pasado, UnidosUS junto con siete organizaciones envió una carta a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado para pedirle que adoptaran enmiendas cruciales para restablecer la rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria en los próximos proyectos de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La carta pide al Comité de Asignaciones del Senado incluir los cambios en su próximo proyecto de ley e insta a ambas cámaras a garantizar que estas reformas se conserven en cualquier acuerdo final de conferencia.