LUMA vuelve al tribunal contra el gobierno de Puerto Rico: pide transferencia de $200 millones

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NUEVA YORK – LUMA Energy acudió nuevamente al tribunal federal en Puerto Rico contra la Administración de Jenniffer González, esta vez con una solicitud para que la jueza Laura Taylor Swain le ordene a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transferir más de $202 millones de dólares para pagar a compañías suplidoras de servicios de mantenimiento de la red eléctrica.

Por medio de un comunicado de prensa este jueves, el consorcio informó de la presentación de una moción bajo Título III de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El argumento de la compañía es que la AEE ha fallado en su obligación de financiar las cuentas operacionales para administrar y mantener el sistema, ya que se le adeuda más de $202 millones a las compañías que han brindado servicios para intentar mantener estable la red.

“Como resultado, LUMA no tuvo otra alternativa que tomar acción para asegurar que estos suplidores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas locales, reciban el pago que se les adeuda. La incapacidad de pagar a estos suplidores ha provocado que algunos detengan o nieguen servicios fundamentales para que LUMA pueda continuar ofreciendo a sus clientes un servicio eléctrico seguro, confiable y resiliente”, planteó la empresa.

Juan Saca, presidente de LUMA, consideró injusta la situación en la que se encuentran los suplidores por las reclamaciones.

“Estos suplidores brindan servicios esenciales que apoyan los trabajos de estabilización del sistema y de manejo de vegetación, y muchos son pequeñas y medianas empresas locales. Ellos se encuentran en una situación injusta causada por la resistencia de la AEE a financiar la cuenta operativa y de manejo de LUMA. No es justo esperar que hagan el trabajo y luego no recibir pago”, destacó Saca mediante las declaraciones escritas.

LUMA argumentó que las empresas, que suelen depender de contratos para operaciones de transmisión y distribución, al mismo tiempo emplean a miles de personas en toda la isla.

“El pueblo y los negocios de Puerto Rico merecen algo mejor, y estamos comprometidos a garantizar que reciban los pagos que les corresponden y evitar más retrasos en proyectos que ofrecen a los clientes el nivel de servicio que pagan y merecen”, añadió Saca.

Los números divulgados por LUMA apuntan a que, en promedio, la AEE ha subfinanciado las operaciones del sistema en un 70% entre julio de 2024 y junio de 2025. La empresa alega además que la Autoridad ha dejado de aportar más de $800 millones en servicios eléctricos desde el inicio de sus operaciones en 2021.

Según la entidad, el modelo “no sostenible” está afectando adversamente la capacidad de LUMA de realizar el trabajo esencial necesario para estabilizar la red eléctrica.

El texto de la moción, que reseñó El Nuevo Día, indica que, hasta el momento, del total de cuentas por pagar, la AEE adeuda sobre $182 millones a suplidores con facturas vencidas a 30 días; otros $150 millones corresponden a facturas vencidas por más de 60 días y unos $122 millones corresponden a facturas vencidas con más 90 días.

A juicio de LUMA, la meta del Gobierno es imposibilitar a la empresa hacer su trabajo y aumentar el descontento público.

“Desafortunadamente, este parece ser la meta del gobierno: hacer imposible que LUMA realice su trabajo y por consiguiente, engrandecer el sentimiento público contra LUMA y fabricar las bases para terminar el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) de la red de transmisión y distribución”, lee parte del documento judicial al que hace referencia el rotativo.

El principal oficial financiero de LUMA, Andrew Smith, declaró que, como operadores del sistema de distribución y transmisión de la AEE, llevan al menos tres años lidiando con transferencias de dinero insuficientes o con retraso.

El documento añade que, un año después de que el consorcio llegara a un acuerdo con la AEE para administrar la red eléctrica, la corporación dejó de suministrar las cantidades de presupuesto que correspondían.

Por supuesta falta de liquidez debido al alegado incumplimiento en pagos por parte de la AEE, LUMA anunció recientemente el despido de unos 160 empleados.

En respuesta, la gobernadora Jenniffer González y otros funcionarios de su Administración rechazaron los argumentos de la compañía y señalaron que a LUMA cada vez se le asignan más fondos que van desde partidas del Fondo General, lo que obtiene mediante la factura a los abonados y asignaciones federales, entre otras.

Este viernes, trascendió que Josué Colón, el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), le envió una carta a Saca en la que desmiente que estén fabricando información contra LUMA para dejar sin efecto el contrato.

El también nombrado zar de Energía por la gobernadora insistió en los señalamientos de que la empresa ha creado un déficit presupuestario de más de $900 millones en el sistema eléctrico.

Por su parte, Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), indicó en otra misiva este lunes a funcionarios y a los ejecutivos, tanto de LUMA como de Genera PR, que es un “hecho claro” que la escasez de efectivo está teniendo “consecuencias reales y profundas” en las labores de mantenimiento de la red.

Mujica planteó que, aunque la Autoridad le ha transferido, aproximadamente, $900 millones más a GridCo desde que se privatizó el sistema, “la mayoría de esos fondos aparentemente fueron gastados en respuesta por desastre y trabajos de restauración así como a gastos no presupuestados como trabajo de respuesta de emergencia por apagones”.

GridCo es una de las dos compañías operativas privadas bajo LUMA. GridCo es titular del Sistema de transmisión y distribución.

La presión del gobierno de Puerto Rico contra LUMA ha incrementado en los últimos meses a través, por ejemplo, de múltiples cartas en las que el Colón señala ineficiencias o incumplimientos por parte de la compañía. Estas acciones podrían traducirse en la eventual cancelación del contrato con LUMA, según la Administración González.