CIUDAD DE MÉXICO- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechazó categóricamente la versión difundida por la fiscalía General de la República sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las autoridades aseguraron que el lugar funcionaba únicamente como campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, los integrantes del colectivo afirman haber encontrado evidencia de que allí se cometieron crímenes atroces.
Raúl Servín, miembro del colectivo, expresó su indignación por las declaraciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. En entrevista con Radio Fórmula, calificó sus dichos como “una mentira más del Gobierno” hacia quienes buscan justicia. “Lamentablemente dio un discurso sin validez alguna”, declaró.
Servín denunció la negativa del fiscal a acudir personalmente al rancho o enviar representantes para corroborar los hallazgos del colectivo. “Prefirió mantenerse en su versión, basada en suposiciones, ignorando lo que realmente ocurrió en ese lugar”, aseveró. El colectivo anunció que realizará una rueda de prensa en los próximos días para presentar pruebas que refuten la narrativa oficial.
Durante una comparecencia pública, Gertz Manero insistió en que los peritajes realizados descartan que el rancho haya sido utilizado como centro de exterminio. En contraste, Guerreros Buscadores de Jalisco asegura que en el lugar se hallaron restos humanos calcinados y más de 400 prendas de vestir. “Allí quemaron a personas. Hay pruebas. Nos duele porque creímos en este Gobierno”, lamentó Servín.
"Pesquisas"
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este miércoles que establecerán comunicación directa con el colectivo para conocer de primera mano la información recabada. “Lo importante es la verdad. Nada debe quedar en la oscuridad”, enfatizó en rueda de prensa.
Sheinbaum confirmó haber recibido una carta del colectivo, en la que solicitan que se revisen los avances previos de la investigación en coordinación con una unidad especializada de la fiscalía. Reiteró que, aunque el Ministerio Público actúa de forma autónoma, espera que las pesquisas continúen y se atienda a las víctimas.
El rancho fue intervenido por las fuerzas federales en septiembre de 2024. El operativo concluyó con diez detenciones, la liberación de dos personas secuestradas y el hallazgo de una víctima sin vida. Fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo documentó indicios de que el sitio habría servido como crematorio clandestino.
FUENTE: Con información de Europa Press