Una persona privada de libertad en Georgia fue condenada a 80 años de prisión federal por fabricar y despachar explosivos a instituciones del gobierno de Estados Unidos desde una cárcel estatal, según confirmaron autoridades judiciales y reportes de la agencia The Associated Press. El proceso judicial culminó el martes 23 de septiembre de 2025, con el anuncio formal del fallo por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El acusado, identificado como David Dwayne Cassady, quien se identifica actualmente como Lena Noel Summerlin, confeccionó desde el penal de Tattnall County dos artefactos explosivos funcionales, que fueron enviados por correo al tribunal federal de Anchorage, Alaska, y a la oficina central del Departamento de Justicia en Washington, D.C.. Según registros oficiales citados por NBC News, los dispositivos “tenían capacidad para detonar”.
Desde los años noventa, la persona ahora conocida como Lena Noel Summerlin permanece bajo custodia del Departamento Correccional de Georgia debido a múltiples condenas previas, incluyendo secuestro y sodomía agravada, como informó ABC News. La defensa alegó que el accionar fue consecuencia de problemas de salud mental y denuncias por maltrato carcelario, documentadas en expedientes judiciales.
Lena Noel Summerlin, nacida como David Dwayne Cassady en 1968, ha estado privada de libertad por más de treinta años en diferentes prisiones de Georgia. Según el Departamento de Correcciones de Georgia, la persona acumula al menos una docena de sentencias superiores incluyendo delitos graves como secuestro y violación agravada, de acuerdo a registros oficiales mencionados por The Associated Press.
Sumado a este historial, la abogada defensora Tina Maddox detalló en documentos judiciales que Summerlin sufre de ansiedad severa y disforia de género, una condición que se reflejó en el proceso y en la argumentación para la sentencia.

De acuerdo a fuentes oficiales y expedientes citados por NBC News, los explosivos fueron ensamblados en el interior del penal de Tattnall County, al sur del estado de Georgia, sin que se haya esclarecido públicamente de dónde provinieron los materiales. Los paquetes postales fueron despachados desde la propia cárcel, dirigidos a la corte federal de Anchorage y a la sede nacional del Departamento de Justicia en Washington, D.C..
El pliego de cargos presentado por fiscales federales estableció que los dispositivos tenían la capacidad real de explotar. El acuerdo de culpabilidad, transcrito por ABC News, señala que “el acusado reconoció haber actuado en represalia por las condiciones carcelarias”, una declaración incorporada al juicio y validada por la defensa.
Según el fiscal federal Bryan Stirling, la fabricación y el envío de los explosivos constituyó “una amenaza para los destinatarios y para cualquiera que los transportara o entregara en desconocimiento del contenido”, declaraciones recogidas por NBC News. Ninguno de los dispositivos llegó a detonar ni provocó daños personales o materiales, de acuerdo al informe de la The Associated Press.
Rodney Hopkins, responsable de la Inspección Postal de Estados Unidos en Atlanta, aseguró que “la intención del acusado fue provocar temor e intimidación tanto en los destinatarios como en la sociedad civil”. Las agencias federales recalcaron el riesgo elevado de estos incidentes, especialmente por haberse originado dentro de un entorno supuestamente controlado.

La abogada Tina Maddox argumentó ante el tribunal que Summerlin, identificada como mujer transgénero, padecía “trastornos psiquiátricos agravados por el ambiente penitenciario, abuso persistente y falta de acceso a terapias especializadas”. Esto fue documentado en la presentación legal registrada el 8 de julio de 2025 y difundida por ABC News.
El acuerdo de culpabilidad aceptado por los jueces implica una condena de 80 años de prisión federal por dos cargos de uso malicioso de materiales explosivos. El fallo fue comunicado el 23 de septiembre de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y recogido por The Associated Press. Las autoridades penitenciarias y fiscales no detallaron en público el mecanismo preciso de obtención de materiales por motivos de seguridad institucional.
Las agencias federales de seguridad y supervisión postal anunciaron una revisión de sus protocolos internos como respuesta al episodio registrado en Georgia. Fuentes del Departamento de Justicia indicaron que se reforzará la detección y bloqueo de objetos peligrosos en los sistemas de correspondencia carcelaria, una medida destinada a evitar que artefactos no permitidos logren salir de los complejos penitenciarios.
El hecho ha puesto en relevancia las limitaciones del régimen carcelario estadounidense en materia de supervisión y control de paquetería, según análisis recogidos por NBC News y ABC News.
Por ahora, la condena de Lena Noel Summerlin marca un precedente en la persecución penal de delitos federales cometidos dentro de prisiones estatales. No se han anunciado cambios inmediatos en la regulación postal ni en la administración penitenciaria, aunque autoridades indicaron que se mantendrá la atención sobre incidentes similares y se revisarán los mecanismos de seguridad de forma periódica.