
Un juez federal de Texas suspendió temporalmente la controvertida ley que ordenaba a todas las escuelas públicas del estado exhibir los Diez Mandamientos en cada aula antes del 1 de septiembre.
La medida, impulsada por la legislatura republicana local, requería que los centros educativos colocaran carteles de al menos 40 por 50 centímetros con la versión del texto extraída de la Biblia del Rey Jacobo, exhibidos en un lugar visible y con tipografía legible desde cualquier rincón del salón.
La decisión judicial, emitida por el juez Fred Biery de la Corte Federal de Distrito del Oeste de Texas, representa el tercer revés que recibe una norma de este tipo en Estados Unidos en los últimos meses. Iniciativas similares en Louisiana y Arkansas también fueron detenidas por los tribunales tras ser consideradas “claramente inconstitucionales”.
La demanda en Texas fue encabezada por 16 familias de distintos credos junto con líderes religiosos, entre ellos la Rabina Mara Nathan de San Antonio. Todos argumentaron que la legislación suponía una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, al romper la separación entre Iglesia y Estado y ejercer presión sobre los estudiantes para adherir a una doctrina religiosa promovida por el gobierno.

Según los demandantes, la norma imponía una preferencia estatal por ciertos valores y tradiciones cristianas, lo que invisibilizaba la diversidad religiosa y cultural presente en el alumnado. “El salón de clases de una escuela pública es un espacio secular, y se siente como una invasión a nuestras libertades cuando los estudiantes van a ingresar y de inmediato se les presenta una doctrina religiosa”, explicó la rabina Nathan, citada por The New York Times.
Otras familias subrayaron la problemática de exponer a estudiantes jóvenes a conceptos religiosos específicos. “Incluso si los Diez Mandamientos no se enseñaran explícitamente, la audiencia cautiva de los estudiantes seguramente tendría preguntas”, escribió en su fallo el juez Biery.
Para ilustrar el punto, añadió que “los adolescentes, curiosos por naturaleza, podrían preguntar: ‘señora Walker, sé sobre no mentir y amo a mis padres, pero ¿cómo se comete adulterio?’”.
Los padres también plantearon que hay diferencias substanciales entre las interpretaciones de los Diez Mandamientos entre tradiciones judía, cristiana y otras, lo que genera un sesgo hacia determinadas creencias.

El principal defensor de la ley, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó los Diez Mandamientos como “una piedra angular de nuestro legado moral y legal”. Paxton anunció su intención de “apelar la decisión” señalando que Texas continuará defendiendo estos valores en tribunales.
Los abogados estatales defendieron que la ley no obligaba a estudiantes ni docentes a recitar o adherir a los mandamientos y que se limitaba a la exhibición pasiva de un texto histórico. “La Constitución no garantiza a los ciudadanos el derecho a evitar completamente ideas con las que no están de acuerdo”, sostuvo William Farrell, representante legal de algunos distritos escolares demandados.
Para los promotores de la medida, los Diez Mandamientos representan un documento fundacional que sustentó buena parte del sistema judicial y educativo estadounidense. Además, recordaron que la Corte Suprema validó en 2005 la presencia de un monumento con los mandamientos en los jardines del Capitolio de Texas.
El fallo del juez Biery afecta por ahora a los 11 distritos escolares mencionados específicamente en la demanda, entre ellos el de Houston, el más grande del estado, así como Austin y Plano. Sin embargo, la controversia se inserta en un debate nacional que probablemente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos.

En 1980, el máximo tribunal invalidó una norma de Kentucky que pedía la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en las escuelas. No obstante, decisiones más recientes han dado lugar a interpretaciones que amplían el rol de la religión en el espacio público, como fallos sobre derechos de entrenadores o funcionarios a manifestar públicamente su religión.
La acción legal en Texas contó con el respaldo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, y la Fundación Libertad de Religión. Según Heather L. Weaver, abogada senior de la ACLU, la resolución representa una victoria para la libertad de creencias de estudiantes y familias: “las escuelas públicas no son escuelas dominicales”.
Mientras tanto, los abogados de la defensa insisten en que no existe coerción religiosa porque quienes no adhieran a ese credo no deben abstenerse de exponer sus propias ideas en el aula.