El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, divulgar los testimonios del gran jurado que acusó formalmente a Jeffrey Epstein por tráfico sexual. La instrucción está sujeta a la aprobación del tribunal y ocurre en medio de críticas a la gestión del caso por parte de su Administración.
“Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Minutos después, la fiscal Bondi confirmó en un mensaje en X que está lista para avanzar con la solicitud presidencial.
“Presidente Trump, estamos listos para acudir mañana al tribunal para que se hagan públicas las transcripciones del gran jurado“, escribió.
La medida tiene lugar en un momento en que el caso Epstein vuelve a captar atención pública en Estados Unidos. Recientemente, el FBI y el Departamento de Justicia concluyeron que el empresario no tenía una “lista de clientes” vinculados a una red de chantaje, como se había especulado en diversas teorías no verificadas. Ambos organismos también confirmaron que Epstein murió por suicidio y anunciaron el cierre de las pesquisas.
La Administración republicana descartó este jueves la posibilidad de nombrar un fiscal especial para reabrir la investigación. “El presidente no recomendaría un fiscal especial en el caso Epstein”, aseguró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien indicó que la sugerencia había sido planteada por “alguien en los medios” y no como una propuesta oficial del Ejecutivo.
Las declaraciones se dan luego de que Trump señalara en una entrevista con Just the News que estaría dispuesto a considerar un fiscal especial si surgieran nuevos elementos “creíbles”.
El Departamento de Justicia, bajo sus propias regulaciones, tiene la facultad de designar fiscales especiales cuando exista un posible conflicto de intereses en investigaciones sensibles. En años recientes, esta figura ha sido utilizada en casos de alto perfil, incluidos los relacionados con Trump y el ex presidente Joe Biden.
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