Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en “Alligator Alcatraz”

MIAMI.- Un tribunal federal de apelaciones autorizó el jueves la continuidad de las operaciones en el controvertido centro de detención "Alligator Alcatraz" en los Everglades de Florida, con lo que revirtió así una orden judicial previa que exigía el cierre de las instalaciones.

La decisión del Onceno Circuito suspende el mandato de una jueza federal que había determinado violaciones a la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), lo que permite a la administración estatal y federal mantener activo el centro mientras se resuelve la apelación definitiva.

Veredicto del Onceno Circuito

Las juezas Elizabeth Branch y Barbara Lagoa, junto a un tercer magistrado del Onceno Circuito, concluyeron en su veredicto que "el equilibrio de los daños y nuestra consideración del interés público favorecen una suspensión de la orden judicial preliminar".

La determinación judicial no solo frena la orden de cierre, sino que también impide a la jueza Kathleen Williams avanzar con el caso hasta completar el proceso de apelación.

El veredicto representa un triunfo para la administración de Ron DeSantis y el Departamento de Seguridad Nacional, quienes apelaron de urgencia la decisión del tribunal inferior que ordenaba el desmantelamiento del centro en un plazo de 60 días.

Reacciones y confirmación de la misión

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión en redes sociales como una "victoria contra un juez activista", y afirmó: "El Onceno Circuito no solo bloqueó la orden de la jueza (Kathleen) Williams de cerrar Alligator Alcatraz, sino que le impidieron proceder con el caso hasta que se complete la apelación”.

A lo que añadió: “¡Una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump!".

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis confirmó en X: "La misión continúa en Alligator Alcatraz. Los medios se equivocaron. El juez izquierdista ha sido revocado. Florida seguirá liderando".

Origen de la controversia legal

El centro de detención enfrentó una orden preliminar de la jueza federal Kathleen Williams el 21 de agosto, quien dictaminó que tanto Florida como el gobierno federal supuestamente habían incumplido la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) al no realizar una evaluación de impacto ambiental antes de construir las instalaciones en los humedales de los Everglades.

La decisión original de Williams ordenaba suspender la llegada de nuevos detenidos, cesar toda construcción adicional y desmantelar cercas temporales, luces y generadores en un plazo de 60 días.

Implicaciones operativas y financieras

La decisión del tribunal de apelaciones permite a Florida reanudar la recepción de detenidos en las instalaciones, según documentos judiciales que indican que el estado planeaba "intensificar las operaciones en la instalación si se emitía una suspensión".

El centro, con un costo aproximado de $245 millones en su construcción y gastos operativos anuales estimados en $450 millones, había visto reducir significativamente su población de detenidos tras la orden inicial.

Voces disidentes y futuro del litigio

Los grupos ambientales, que habían celebrado la decisión inicial como una "victoria histórica para los Everglades", ahora enfrentan un revés significativo. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, había declarado previamente que la orden judicial "envía un mensaje claro de que las leyes ambientales deben ser respetadas por líderes en los más altos niveles de nuestro gobierno".

La Tribu Miccosukee, que se unió a la demanda bajo el argumento de que el centro se construyó en tierra sagrada tribal, expresó su determinación de continuar la lucha por sus derechos y la protección de los Everglades.

Tras el fallo de este jueves, la batalla legal continúa, mientras los grupos ambientales y la Tribu Miccosukee evalúan sus próximos pasos en esta controversia que ha dividido opiniones sobre inmigración, derechos ambientales y la jurisdicción federal versus estatal.