Tráfico de fauna silvestre se ha convertido en una sofisticada economía criminal: así opera la nueva frontera del crimen organizado en Colombia

Hoy, según advierte un nuevo informe del Royal United Services Institute (RUSI), el tráfico de fauna silvestre se ha convertido en una sofisticada economía criminal que imita los mecanismos del lavado de dinero mediante empresas legales, documentos aparentemente válidos y cadenas de suministro formales para ocultar el origen ilícito de animales y productos de alto valor.

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En el informe, titulado 'Una ilusión de legalidad: el blanqueo de vida silvestre en Colombia y México', el centro de estudios señala que comerciantes deshonestos y organizaciones criminales, entre ellos cárteles del narcotráfico y grupos armados, están explotando industrias de vida silvestre que operan bajo una fachada legal para blanquear ganancias ilícitas y encubrir la extracción, el transporte y la exportación de especies protegidas.

Entre las más afectadas figuran los grandes felinos, los caimanes, los tiburones y las ranas venenosas, todos de alta demanda en los mercados internacionales.

"El blanqueo de especies silvestres supone un grave riesgo para la seguridad nacional e internacional, causa daños medioambientales y socioeconómicos y crea oportunidades para la delincuencia organizada y los agentes de conflictos", advierte el documento, escrito por Jennifer Scotland y Anne-Marie Weeden, dos investigadoras en el RUSI.

Se trata de uno de los análisis más completos hasta ahora sobre cómo las redes criminales logran insertar fauna obtenida ilegalmente en circuitos comerciales formales, aprovechando vacíos regulatorios y una débil capacidad de control estatal.

El estudio estima que el mercado ilícito global de vida silvestre mueve alrededor de 20.000 millones de dólares al año y demuestra cómo, tanto en Colombia como en México, granjas de cría, santuarios de fauna, comerciantes y empresas de productos del mar son utilizados como engranajes clave para dar apariencia de legalidad a especies extraídas ilegalmente de la naturaleza.

El peligro de la supervisión laxa en México

En México, el informe pone el foco en los grandes felinos (incluidos leones, tigres y jaguares) y en el uso de santuarios de fauna mal regulados como fachadas para el comercio ilegal. Bajo el discurso del rescate o de la rehabilitación, algunos de estos centros habrían facilitado el traslado de grandes volúmenes de animales a instalaciones en el extranjero.

La combinación de inspecciones limitadas, supervisión laxa y posible colusión entre operadores privados y funcionarios corruptos ha generado alarma internacional sobre la facilidad con la que especies protegidas pueden "lavarse" dentro del sistema.

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Las ranas venenosas en Colombia

El caso colombiano también ocupa un lugar central en el informe.

Las autoras explican que los estrictos controles sobre la cría legal de especies en peligro, lejos de erradicar el problema, han llevado parte del comercio a la clandestinidad.

Animales extraídos ilegalmente en Colombia son sacados de contrabando e integrados luego en operaciones de cría "legales" en otros países, desde donde reingresan al mercado internacional con documentos aparentemente válidos.

Uno de los ejemplos más crudos es el de las ranas venenosas. Según el reporte, recolectores rurales colombianos pueden recibir apenas 0,50 dólares por cada ejemplar capturado, mientras que esos mismos animales alcanzan precios de hasta 850 dólares en mercados internacionales de coleccionistas y aficionados.

El lavado de especies permite que criadores fraudulentos se apropien de la mayor parte de la ganancia, a costa de las comunidades vulnerables y de la biodiversidad del país.

El informe también documenta cómo algunos grupos armados han utilizado la pesca ilegal de pirarucú (paiche o arapaima) como mecanismo para blanquear ganancias del narcotráfico.

En zonas fronterizas, el pescado es trasladado junto con otros cargamentos ilícitos de cocaína y-o otros productos para evadir controles nacionales y alimentar cadenas de suministro legales.

'El blanqueo de vida silvestre debe tomarse mucho más en serio'

El informe trae a colación el caso de Nancy de Barberi, la conocida diseñadora colombiana que fue condenada en EE. UU. a 18 meses de cárcel por comerciar con pieles de especies protegidas.

"Ni siquiera el muy publicitado caso de Nancy Teresa González de Barberi, procesada en Estados Unidos, dio lugar a ninguna acción legal colombiana contra los zoocriaderos o las curtiembres implicados en esta cadena de suministro. De Barberi, fundador de la empresa de diseño de lujo Gzuniga Ltd, con sede en Nueva York, fue condenado a 18 meses de cárcel por pagar a mensajeros para que introdujeran en Estados Unidos bolsos fabricados en Colombia con caimanes y pitones capturados y protegidos por la CITES", dice el reporte.

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Una convergencia criminal similar se observa en México con el comercio de aletas de tiburón y pepino de mar, donde grandes compradores y exportadores con presuntos vínculos con cárteles han logrado introducir productos capturados ilegalmente en mercados de Estados Unidos y de Asia.

Para Jennifer Scotland, el fenómeno sigue siendo subestimado por las autoridades.

"Nuestro informe muestra cómo actores deshonestos y grupos del crimen organizado subvierten el comercio legal de fauna en peligro para su propio beneficio, dañando la biodiversidad y socavando oportunidades económicas para las comunidades locales. Para mitigar estos daños, el blanqueo de vida silvestre debe tomarse mucho más en serio", dice Scotland.

El reporte subraya que los casos de lavado de especies rara vez se detectan y, cuando salen a la luz, suelen tratarse como simples infracciones administrativas. Esa respuesta limitada, advierten las autoras, oculta el papel de financiadores, intermediarios corporativos y funcionarios corruptos que permiten la infiltración del crimen organizado en cadenas de suministro aparentemente legítimas.

Entre sus recomendaciones, RUSI plantea cerrar vacíos legales que permiten disfrazar actividades ilegales, clasificar el tráfico de vida silvestre como delito precedente al lavado de dinero y fortalecer las investigaciones financieras para rastrear y confiscar activos.

También insiste en la necesidad de mayor cooperación internacional y en trasladar parte de la carga de control a los países de destino, donde la demanda de consumidores sigue impulsando el negocio.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal del EL TIEMPO - Washington