La elección en Costa Rica que puede consolidar el giro a la derecha en Centroamérica bajo la sombra del modelo de Bukele / Análisis de Mauricio Vargas

Con 39 años de edad, Laura Fernández Delgado, la líder derechista que fue ministra estrella del presidente Rodrigo Chaves, tiene todo a su favor para ganar las elecciones presidenciales de este domingo en Costa Rica, pues las encuestas, sin excepción, le otorgan en torno al 40 % de los votos, con más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo en carrera, el candidato del centro-izquierdista Partido de Liberación Nacional, Álvaro Ramos.

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Según la ley costarricense, quien obtenga más del 40 por ciento gana la presidencia sin necesidad de segunda vuelta, algo que resulta aún más probable para Fernández, candidata del Partido del Pueblo Soberano (PPSO), porque como los otros cuatro candidatos marcan porcentajes de un solo dígito, están perdiendo terreno ya que sus electores comienzan a desertar, y una parte de ellos puede terminar votando por la favorita.

La exministra Fernández fue figura central del gabinete de Chaves, lo mismo al frente del Ministerio de la Presidencia y como titular de la cartera de Planificación y Política Económica. Ese protagonismo sumado al respaldo de la opinión pública a la gestión de Chaves (63 por ciento a finales de octubre) le otorgaron desde el principio una ventaja enorme que le ha permitido incluso recoger electores del otrora poderoso Partido de Liberación Nacional, de tendencia socialdemócrata, cuyo candidato, Ramos, registró apenas 6 por ciento de las intenciones de voto en los sondeos finales, la semana pasada.

El líder natural del PPSO es Chaves, quien se ha mostrado cercano al presidente de El Salvador, el populista de derecha Nayib Bukele, uno de los mandatarios más populares del planeta, con 87 por ciento de aprobación al cierre de 2025, gracias a su política de mano dura contra las bandas criminales –conocidas como maras–, cuestionada por los defensores de derechos humanos, pero ampliamente respaldada por los salvadoreños.

El triunfo de Fernández este domingo consolidaría el giro derechista de Costa Rica, el país con la mayor tradición democrática de la región, que suma tres cuartos de siglo sin golpes de Estado y con elecciones cada cinco años, y que eliminó sus Fuerzas Militares tras la guerra civil de los años cuarenta, pero que en este siglo sufrió un grave deterioro en sus condiciones de seguridad interior por cuenta del mismo mal que afecta a toda la región: bandas narcotraficantes que imponen su ley a sangre y fuego, y han disparado las tasas de homicidio y extorsión.

Al igual que ocurre en Suramérica, el proceso hacia la derecha es generalizado en Centroamérica, con la obvia excepción de Nicaragua, donde mandan, desde 2007, el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario. 

Desde 2019, cuando Bukele ganó la presidencia de El Salvador, la derecha ha triunfado en Costa Rica en 2021, en Panamá en 2024 y en Honduras en noviembre pasado.

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Incluso en Guatemala, gobernada desde inicios de 2024 por el socialdemócrata Bernardo Arévalo, su administración ha terminado por adoptar algunas políticas bukelistas. 

Este fin de semana, y a pesar de sus grandes diferencias ideológicas con Bukele, Arévalo anunció la construcción de una megacárcel de alta seguridad para alojar a líderes y tropa de las maras, apenas unos días después de decretar el estado de sitio para combatir a más de 30.000 pandilleros que, entre otros objetivos, han jurado derribar su gobierno.

El asedio de las bandas en Centroamérica

La construcción de megacárceles al modelo de Bukele es tendencia en la región. Hace dos semanas, Chaves acogió al mandatario salvadoreño, quien lo acompañó a San Rafael, al oeste de San José, a la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada, una prisión de 31.000 metros cuadrados y altísima seguridad, con capacidad para más de 5.100 detenidos y una inversión de US$ 32 millones.

El Gobierno espera alojar allí a los integrantes de las bandas ‘los Lara’ y ‘la H’ (así llamada porque sus jefes llegaron de Honduras), así como a los de otras 270 agrupaciones criminales. Esos grupos están detrás del aumento de la tasa de homicidios, que pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2000 a 17 en 2023, con un ligero descenso en 2024 y 2025. Justamente el freno en el aumento de ese indicador y la desarticulación de 150 bandas han contribuido a aumentar el respaldo a Chaves y a su candidata Fernández.

En Guatemala, la situación es mucho más complicada, pues las maras le han declarado la guerra al Gobierno. A mediados del año pasado, harto de los lujos y comodidades de que gozaban en prisión los jefes de las bandas Barrio 18 y Salvatrucha –consideradas grupos terroristas por el Gobierno de Estados Unidos–, y de la facilidad con que seguían ordenando homicidios y otros delitos desde la cárcel, el presidente Arévalo ordenó trasladar a esos capos a estrechas y austeras celdas de máxima seguridad.

En un completo análisis publicado este fin de semana en El País de Madrid, Jacobo García, periodista gallego especializado en Centroamérica, narró cómo las bandas exigieron al Gobierno que sus líderes volvieran a sus cómodos lugares de reclusión y, como Arévalo no cedió a lo que llamó “un chantaje”, desataron una ola de motines en las cárceles que incluyeron el secuestro de 37 funcionarios de prisiones.

La policía, apoyada por unidades militares, sofocó la revuelta, y semanas después las maras contestaron con una inusitada violencia callejera que ha durado varios meses y que, el 17 de enero, se cobró la vida de 10 agentes de policías y dejó heridos a otros 10. Según García, las pandillas lanzaron una orden general: “Matar policías (…) el que sea, donde sea, como sea”. 

Para el Gobierno, estas bandas no están solas en su intento de desestabilizar. Arévalo asume que detrás de los ataques está lo que él denomina “pacto de corruptos”, que incluye a políticos tradicionales, militares, empresarios y a buena parte del aparato de justicia.

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“Si en Colombia, el gobierno de izquierda de Gustavo Petro está acusado por la oposición de aliarse con grupos criminales, en el caso de Guatemala la misma acusación va dirigida contra los viejos políticos de la derecha”, le explicó a EL TIEMPO un diplomático europeo experto en América Central y del Sur. “En cambio, en el caso de Honduras, esos nexos asoman en las diferentes corrientes políticas, y el desafío del recién juramentado presidente, Nasry Asfura, derechista que contó con el apoyo de Donald Trump, es romper con esas viejas alianzas y enfrentar con firmeza al crimen organizado”.

Muchos analistas dudan que pueda hacerlo, debido a que el Partido Nacional (PN), al que pertenece, ha tenido nexos con el narcotráfico: el anterior mandatario del PN, Juan Orlando Hernández, terminó preso en Estados Unidos, acusado de coordinar envíos de cocaína a ese país, lo que no impidió que Trump lo indultara y liberara el 1.º de diciembre pasado. “Una interpretación de ese indulto es que, a cambio de liberar a Hernández, Washington le ha exigido al nuevo presidente Asfura que combata sin contemplaciones a las maras de Honduras”, agregó la fuente diplomática.

El 'éxito' modelo Bukele

Ajenos a esos avatares políticos, millones de centroamericanos miran con simpatía al salvadoreño Bukele. Recientes encuestas muestran que el respaldo de 87 % de que goza el mandatario en su país no es muy distinto al que le brindan tres cuartas partes de los habitantes de los países vecinos a El Salvador. 

Los centroamericanos viven agobiados por la amenaza de las maras a las que, no sin despertar grandes cuestionamientos por parte de analistas políticos y defensores de derechos humanos, Bukele erradicó en El Salvador tras arrestar, entre 2021 y 2024, a más de 85.000 jóvenes –muchos de ellos menores de edad– acusados de pertenecer a las pandillas, y recluirlos en gigantescas cárceles construidas para la ocasión.

A fines de 2024, el mandatario ordenó liberar a 8.000 de ellos, tras reconocer que eran inocentes. Diferentes ONG, entre ellas el Socorro Jurídico Humanitario, aseguran que de los 85.000 encarcelados, 25.000 carecen de nexos con las maras y, en consecuencia, deben quedar en libertad. 

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Los defensores del modelo Bukele rechazan los cuestionamientos y, además, aseguran que la estrategia de seguridad no se ha limitado a las megacárceles, y que uno de sus pilares es la recuperación del control territorial de los barrios populares por parte de las fuerzas del orden.

“Aquí todo el mundo quiere un Bukele”, le dijo a Jacobo García de El País Alejandra Béliz, habitante del barrio El Mezquital, uno de los más azotados por la violencia de las maras en Guatemala, y cuyo hermano murió baleado por las pandillas. Ese pedido por un Bukele local no se limita a ese país. Ni siquiera al conjunto de Centroamérica: en varios países de América del Sur, donde la violencia de las bandas campea, se escuchan demandas similares.

Muchos centroamericanos ven al líder salvadoreño como una solución propia de la región, y por eso la desean. 

Las tasas de homicidio en esos países permiten entender el fenómeno: mientras que en Honduras es de 23,5 por cada 100.000 habitantes, en Guatemala llega a 17,2 y en Costa Rica, a 16,7; en El Salvador, donde era de más de 53 en vísperas del ascenso al poder de Bukele, el año pasado fue de 1,7, un tercio de la de Estados Unidos y muy similar a la de Francia.

La chilena Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y crítica de Bukele por la forma como ha restringido el ejercicio democrático en su país, explicaba hace unos meses a la cadena CNN que “la aprobación de Bukele es el resultado de que el pueblo salvadoreño puede salir a la calle, puede festejar, puede no ser asaltado ni matado”. Todo eso a cambio de mucha menos democracia, una apuesta que en estos tiempos millones de centroamericanos lucen dispuestos a hacer, lo que claramente favorece a la derecha.

Mauricio Vargas - Analista Senior - EL TIEMPO