Se derrumba el mito de la seguridad en Costa Rica: ¿por qué?

El mito fundacional de excepcionalismo de Costa Rica nunca había sido tan cuestionado. El país que, célebremente, no tiene fuerzas armadas; que durante años ha recibido a refugiados de sus vecinos centroamericanos y que se promocionó ante el mundo como un “refugio seguro” tras los atentados del 11 de septiembre, ahora cuestiona su propia identidad en medio de un aumento del crimen organizado y de escándalos políticos.

La seguridad ha venido deteriorándose desde hace años, a medida que Costa Rica se convirtió –según el Gobierno estadounidense– en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos y Europa. Y este año se han registrado una serie de hechos que algunos ciudadanos solían creer que ocurrían solo en los países vecinos.

En junio, el exministro de Seguridad Celso Gamboa fue arrestado por cargos de narcotráfico y ahora enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Gamboa, un abogado que fue un miembro clave del gabinete en 2014 y que posteriormente trabajó como juez entre 2016 y 2018, sería uno de los primeros costarricenses en ser extraditados bajo una reforma constitucional aprobada en mayo, la cual permite la extradición por delitos de narcotráfico y terrorismo.

También en junio, Roberto Samcam Ruiz, un mayor retirado del ejército nicaragüense, fue asesinado. Esto encendió alarmas sobre la capacidad del país para proteger a los exiliados políticos. Según ACNUR, desde 2018, 317.000 nicaragüenses han huido de su país hacia Costa Rica en busca de protección internacional —Costa Rica alberga ahora al 55% de todos los refugiados nicaragüenses en el mundo.

Un par de meses después, en agosto, Rodrigo Chaves se convirtió en el primer presidente costarricense en enfrentar una votación en la Asamblea Legislativa unicameral para suspender su inmunidad y ser juzgado por un presunto esquema de corrupción relacionado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La iniciativa, vinculada a ese caso de corrupción y a otro sobre financiamiento ilícito de campaña, no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para aprobarse. Frente a ello, Chaves niega haber cometido irregularidades.

Estos desafíos, inusuales para los estándares costarricenses, se han convertido en un tema central de cara a las elecciones presidenciales de febrero. En una encuesta de la Universidad de Costa Rica, las categorías relacionadas con la seguridad —criminalidad, narcotráfico y crimen organizado— se ubicaron como el problema más crítico para los votantes. Justo detrás se posicionaron la educación, la salud pública y la corrupción.

Aun así, la popularidad del presidente Chaves ha aumentado en las encuestas. Su nivel de aprobación ha estado por encima del 50% desde noviembre de 2023 y alcanzó el 63% en octubre de 2025, según una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR (CIEP-UCR). Esa misma encuesta muestra que el 71% de los encuestados afirma que la situación de seguridad en Costa Rica había empeorado en los 12 meses anteriores.

Los analistas y expertos han atribuido la popularidad de Chaves a su liderazgo personalista y a su estrategia de comunicación confrontativa. Por ello, el apoyo hacia él podría no trasladarse a su candidata elegida para las elecciones presidenciales de febrero: Laura Fernández. Su trayectoria política incluye el cargo como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, que ocupó desde el 2022 hasta el 2025 y, en simultáneo, el cargo como ministra de la Presidencia en 2024, hasta su renuncia en 2025. Aunque actualmente encabeza las encuestas con un 25% de apoyo, el 55% de los votantes sigue indeciso; es probable que muchos costarricenses definan su voto en las semanas previas a la jornada electoral.

Criminalidad creciente

Políticos de todo el espectro ideológico han planteado posibles causas que expliquen el aumento de la criminalidad. En agosto, la expresidenta Laura Chinchilla intervino ante la Comisión Especial Permanente de la Asamblea sobre seguridad y narcotráfico: “La crisis de seguridad que enfrentamos hoy es real... Y la actual administración es la principal responsable”.

Chinchilla sostuvo que el aumento de la criminalidad no responde a problemas estructurales, sino a una falla política incapaz de mantener los pilares de la seguridad costarricense en un contexto de creciente presión del crimen regional. Sin fuerzas armadas, Costa Rica había sustentado su seguridad en la policía civil, el Estado de derecho y programas sociales orientados a reducir la desigualdad y promover la movilidad social. Sin embargo, el gasto social como porcentaje del PIB pasó de un máximo de 24,2% en 2020 a alrededor de 20,7% en 2024, su nivel más bajo en la última década. A ello se suman la menor coordinación institucional; la caída del gasto público en educación y salud como proporción del PIB; y la erosión de la confianza en las instituciones, factores que han dejado al país especialmente vulnerable al incremento de la actividad criminal.

Asimismo, hay un avance del crimen organizado, que se ha intensificado en toda la región. En la última década, el número de organizaciones criminales que operan en Costa Rica pasó de 35 a 340, según el ministro de Seguridad, Mario Zamora. La violencia también ha trascendido los homicidios vinculados al narcotráfico, pues se han registrado incrementos en los robos, los feminicidios, los asesinatos por encargo y los casos de corrupción. La tasa de encarcelamiento del país aumentó de 282 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 359 por cada 100.000 este año.

En 2017, el país registró lo que entonces se consideraba su año más violento, con 603 asesinatos. Ese récord fue superado en 2022, con 661 homicidios, y nuevamente en 2023, con 907. Aunque los homicidios disminuyeron ligeramente el año pasado, Costa Rica siguió siendo el séptimo país más violento de la región, por encima de Guatemala y Panamá, según Insight Crime.

LEA TAMBIÉN

Chaves ha dicho que está decidido a tomar medidas firmes contra el crimen y ha adoptado algunas tácticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En agosto, aprobó la construcción de una enorme prisión de máxima seguridad inspirada en el famoso CECOT de El Salvador.

Presión nicaragüense

Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre el asesinato de Roberto Samcam. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, ha descrito el asesinato de Samcam como premeditado y ha sugerido una posible conexión con el régimen de Ortega en Nicaragua. Recientemente, cuatro personas fueron detenidas en relación con el crimen, que presuntamente fue perpetrado por encargo.

A pesar de la creciente presión, el presidente Chaves aún no ha comentado públicamente sobre el asesinato ni sobre sus posibles repercusiones. La postura oficial de su administración ha sido guardar silencio y esperar a que concluya la investigación, una posición que ha sido criticada por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. Los analistas proponen varias explicaciones para su discreción: desde la cautela procesal para evitar influir en la investigación, hasta los costos diplomáticos y políticos de reconocer públicamente que la represión nicaragüense podría haber alcanzado territorio costarricense. La propia vulnerabilidad de Chaves, en medio de acusaciones de corrupción y los esfuerzos por levantar su inmunidad, también podría estar desalentándolo de ofrecer una respuesta más contundente.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha solicitado una investigación y exigido que el gobierno aclare las circunstancias del asesinato. El fiscal general, Carlo Díaz, no ha descartado la posibilidad de que el crimen tuviera motivación política. De ser así, abogados sostienen que el Estado costarricense podría tener responsabilidad. Esto sería otro golpe para una imagen que está cambiando rápidamente. 

RAFAEL LEDEZMA (*) Y ANTONIO MONTE (**)

Americas Quarterly

(*) Profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica y doctor en Historia de El Colegio de México.

(**) Doctor en Filosofía en Historia de la Free University of Berlin (Alemania) y profesor visitante de Historia en la Universidad Nacional de Costa Rica.