Río de Janeiro vive su peor 'masacre': más de 100 muertos tras megaoperativo policial duramente criticado contra el Comando Vermelho

Los habitantes de Río de Janeiro recuperaron el miércoles decenas de muertos tras la megaoperación policial lanzada en la víspera contra el Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

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Tras dar cuenta de 64 muertos el martes, las autoridades de Río anunciaron el miércoles un último dato actualizado de 119 decesos. Sin embargo, según cifras de la Defensoría Pública, una institución que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, el balance de fallecidos sería de 132. Entre las personas que perdieron la vida hay cuatro policías y el resto, de acuerdo con información oficial, son sospechosos de integrar la banda armada que presentaron resistencia.

Cabe destacar que, hasta ahora, la actuación contra el crimen más letal en la historia de Brasil era la masacre de Carandiru, ocurrida el 2 de octubre de 1992. Ese día, 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar que buscaba controlar un motín en ese penal del estado de São Paulo.

Este martes, Río de Janeiro vivió escenas de guerra con tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales. Estos, según las autoridades, usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar “bombas”.

La operación se desarrolló en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a un área boscosa en los cerros que bordean estas barriadas. Dichos bosques amanecieron el miércoles plagados de cadáveres tiroteados.

Los habitantes de la favela se movilizaron para buscar a sus familiares y, sin ayuda de las autoridades, se internaron en el bosque de madrugada para recuperar los cuerpos con camillas improvisadas. Los cuerpos fueron depositados a primera hora de la mañana en una hilera de al menos 50 personas, tendidas lado a lado, en la plaza São Lucas, en Penha, a la vista de los familiares, curiosos y unos pocos periodistas.

Rayune Diaz Ferreira, una de las habitantes de la comunidad, está en la búsqueda de su primo, e indignada por una operación policial sin precedentes. “El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos ha abandonado de nuevo. En esta masacre somos los residentes quienes cargamos con los cuerpos. Dejaron los cuerpos allí, en el bosque, y los residentes pasaron toda la noche, sin dormir ni comer, buscando y cargando cadáveres sin cesar”, relató.

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Por su parte, el vecino y activista Raull Santiago, de 36 años, aseguró que “el Estado vino a masacrar”. “No fue una operación. Vino directo a matar, a quitar la vida, hay muchos muertos”, dijo mientras colocaba la mano sobre el rostro de un joven fallecido.

“Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública”, apuntó a su vez el abogado Albino Pereira Neto, que representa a tres familias que perdieron a algún pariente y quien denunció que las víctimas “fueron sometidas y asesinadas fríamente”.

Pero, mientras que voces como la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticaron la actuación policial, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente de derecha radical Jair Bolsonaro y responsable político de la intervención, dijo que fue un “éxito” y negó que la policía hubiese podido matar a inocentes. Esa visión tuvo el respaldo de toda la cúpula policial de Río, que ofreció detalles de la operación, planificada desde hace un año y que, según relataron, pretendía llevar a prisión a 180 supuestos narcotraficantes.

El secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, aseguró que se planificó acorralar a los narcotraficantes para forzarlos a refugiarse en la zona de bosque, a fin de reducir el riesgo de que se produjeran víctimas civiles. Curi afirmó que la acción fue “legítima” y arremetió contra las organizaciones y políticos que la han cuestionado, tildándolos de “narcoactivistas”.

De forma casi simultánea, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación antes de embarcar en un vuelo a Río de Janeiro, donde tiene previsto abordar la situación con las autoridades locales.

Lewandowski señaló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó “aterrado” por el número de muertes y “sorprendido” por no haber recibido aviso previo de esta acción por parte de las autoridades regionales. 

“La operación fue extremadamente cruenta, especialmente violenta. Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho”, añadió el titular de Justicia.

Una guerra de cifras

La cifra oficial de fallecidos (119) choca con las de la Defensoría Pública, que la eleva a 132, y con el recuento que hicieron los periodistas en el lugar de los hechos, que también constataron un número más elevado de muertos. Al margen, fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes; también se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

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Curi dijo que este fue “el mayor golpe” asestado al Comando Vermelho desde el origen de la organización, en los años setenta. Asimismo, destacó que se produjo en “el punto neurálgico” de esta banda, que tiene tentáculos en todo Brasil y en algunos países vecinos.

El megaoperativo provocó caos. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.

Entre tanto, el gobernador Castro ordenó el miércoles reforzar el patrullaje en todo el territorio del estado, mientras que Argentina activó una alerta máxima en las fronteras de su país con Brasil.

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“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Agregó que “esa alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no”, y aclaró que esta medida no afectará a turistas que quieran ingresar al país.

*Con información de EFE y AFP.