Régimen cubano evita declarar la emergencia, no quiere rendir cuentas por ayudas y colapso

El régimen cubano se niega a declarar formalmente el estado de emergencia, aunque la isla enfrenta un colapso total: desde una crisis económica profunda y la epidemia del dengue, hasta los daños devastadores del huracán Melissa.

A pesar de que la ley lo permite, la decisión de no activarla es puramente política. Si el régimen lo hiciera, tendría que reconocer públicamente la magnitud del desastre y, lo que es más importante, someterse a supervisión. Al no hacerlo, mantiene un control absoluto sobre el país, ignorando la grave situación de la población.

La legislación cubana permite al presidente declarar esta medida ante "desastres naturales o catástrofes." De adoptarse, el poder pasaría al Consejo de Defensa Nacional, un órgano militar. En teoría, esto daría al régimen poderes enormes para restringir derechos básicos (como la libertad de reunión o expresión) y confiscar bienes. Sin embargo, el problema principal para el Ejecutivo no es la falta de poder, sino que el marco legal no establece límites de tiempo ni mecanismos de control judicial o de la Asamblea Nacional, algo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sí exige, reseña el portal web Diario de Cuba.

La razón clave para la omisión es que una emergencia formal forzaría al régimen a ser transparente. Si se declarara, el régimen estaría obligado a justificar y rendir cuentas sobre cada donación, cada envío de ayuda y cada gasto presupuestario. Este escrutinio público pondría fin a la opacidad que le permite manejar la crisis a su antojo.

La abogada Maylin Fernández Suris, experta legal afirma que Cuba "no es que tenga las condiciones para decretar un estado de emergencia, es que lo necesita." Según explica, la emergencia permitiría al régimen desviar dinero que actualmente va a sectores como el turismo o las Fuerzas Armadas para atender a miles de familias que viven en la extrema vulnerabilidad.

Mantener la crisis en un "limbo jurídico" —sin reconocer la situación excepcional— facilita el desvío de recursos y la manipulación de la ayuda. La falta de control permite a funcionarios y a estructuras militares manejar discrecionalmente las donaciones internacionales, dando prioridad a sus allegados y evitando el escrutinio público sobre cómo se distribuyen realmente los alimentos, materiales o fondos de emergencia. Esta opacidad es esencial para el régimen y sería imposible bajo una emergencia formal.

Políticamente, el régimen cubano prefiere operar con discrecionalidad absoluta, bajo un estado de excepción que existe de facto, pero sin las garantías legales que protegerían a la población en una crisis declarada. Esta práctica consolida redes internas de corrupción y maximiza el poder del Ejecutivo, a pesar del sufrimiento humanitario y el colapso económico del país.

Fernández concluye que los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de "proponer una declaración del estado de emergencia, exigirla al presidente." Advierte que si no actúan, la omisión los hace responsables directos del desastre, y podrían ser llamados a cuentas en el marco de un futuro proceso de justicia transicional.

FUENTE: Redacción/ Diario de Cuba