¿Qué dice reciente estudio de los decretos bajo leyes 20 y 22 en Puerto Rico sobre empleo e impacto económico?

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NUEVA YORK – Un estudio encabezado por el profesor puertorriqueño José Caraballo Cueto sobre los incentivos contributivos bajo las leyes 22 y 20 en Puerto Rico concluyó que el crecimiento económico en la isla como resultado de la concesión de los mismos ha sido modesto.

La investigación titulada “¿Pueden los paraísos fiscales coloniales estimular el crecimiento económico?” buscaba determinar el impacto económico de los estatutos en Puerto Rico, ya que la literatura disponible hasta el momento no distinguía entre colonias y países soberanos.

“Los legisladores puertorriqueños aprobaron la Ley 22 de 2012, que otorgaba una exención fiscal total sobre la renta pasiva a las personas que trasladaran su residencia de cualquier país a Puerto Rico, y la complementaron con la Ley 20 de 2012, que reducía el tipo impositivo para la exportación de servicios al 4%, aprovechando la exención fiscal federal para las rentas procedentes de Puerto Rico. Sin embargo, cinco años después de la promulgación de estas leyes, seguimos observando resultados modestos, especialmente si los comparamos con los resultados de los paraísos fiscales manufactureros señalados en la literatura especializada”, estipula el estudio aceptado en el International Journal of Economic Policy Studies el pasado 14 de octubre.

La Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” concede exenciones contributivas sobre ingresos, producto de inversiones, devengado por individuos que se conviertan en residentes del territorio no más tarde del 31 de diciembre de 2035.

En el caso de las ganancias de capital a largo plazo, se exime a los individuos cubiertos bajo la ley del pago de contribuciones en la isla sobre las ganancias reconocidas, luego de advenir como residentes.

Con el estatuto se buscaba promover la inversión, generar empleos e impulsar el desarrollo económico.

La Ley 20 o “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” estableció incentivos fiscales para empresas que exportan servicios a otras jurisdicciones. La medida exime del pago de impuestos sobre la renta a los dividendos y beneficios provenientes de la exportación de servicios para los accionistas de negocios elegibles que posean un decreto bajo la ley.

La legislación perseguía convertir a Puerto Rico en un centro de servicios internacional o eje de exportación de servicios, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero.

Ambas leyes forman parte del Código de Incentivos o Ley 60 de 2019.

Particularmente, en el caso de la 22, sus efectos han sido cuestionados por diversos sectores dentro y fuera de la isla bajo el argumento de que han agravado la crisis de vivienda y complicado aún más que los locales puedan comprar o alquilar propiedades a costo razonable. Los detractores alegan además que la ley ha incentivado la gentrificación y los desplazamientos de puertorriqueños para beneficiar a extranjeros multimillonarios.

Los resultados del estudio de Caraballo Cueto arrojan que, para medir el efecto económico neto de este tipo de política, se debe contar con un escenario contrafactual (estado contrario al que se expresa).

“Tanto el (acercamiento) BSM (modelo bayesiano estructural de series temporales) como el SCM (tradicional de control sintético) proporcionan un escenario contrafactual y muestran efectos similares. Específicamente, ambos métodos hallaron que, al final del período, el empleo total y la producción total fueron un 3 % y un 2 % superiores, respectivamente, a los niveles contrafactuales. Por lo tanto, nuestros resultados son robustos ante cambios en las especificaciones”, indica el informe del economista.

La indagación determinó que las leyes representaron, aproximadamente, una contribución del 3% al nivel de empleo y del 2% al PNB (Producto Nacional Bruto).

“Nuestros resultados son consistentes con los de Butkiewicz y Gordon, quienes hallaron que los resultados económicos de otros paraísos fiscales eran proporcionales al tamaño del sector estimulado”, comparan.

Según los hallazgos, una vía mediante el cual los paraísos fiscales estimulan la producción y el empleo, es a través de una reducción en el costo del capital, lo que lleva a los extranjeros en los paraísos fiscales a invertir y contratar más de lo que lo harían de otro modo.

Sin embargo, el mayor impacto podría provenir de los participantes de la Ley 22 que también se benefician de la Ley 20. “Al exportar servicios, estos participantes suelen contratar empleados, invertir en infraestructura y mejorar la balanza de pagos en Puerto Rico, precisa el informe”, especifica el autor.

El escrito además señala que Puerto Rico no es el único paraíso fiscal colonial atractivo para personas de altos ingresos que se traducen en resultados económicos modestos.

“Otros paraísos fiscales coloniales que se centran en atraer a personas de altos ingresos al sector servicios también obtienen resultados económicos modestos, como se muestra en la sección 2, incluyendo Curazao, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Montserrat, las Islas Turcas y Caicos, Aruba y Bermudas”, menciona el reporte.

Sin embargo, la investigación no recomienda la eliminación de las leyes, sino reformarlas para establecer requisitos como creación de empleos nuevos.

“En cambio, recomendamos reformar estas políticas para maximizar su potencial. Específicamente, recomendamos que los legisladores condicionen la participación en virtud de estas leyes a la creación de empleos nuevos (no preexistentes), requisito que figuraba en la ley original, pero que se eliminó en 2017”, especifica la evaluación.

El estudioso sugiere además que se les exija a los recipientes de la Ley 22 adquirir propiedades nuevas o invertir una cantidad significativa en la renovación de propiedades existentes.

“Estas y otras condiciones aprovecharían el potencial de estas leyes y maximizarían sus efectos económicos y sobre el empleo”, apuesta.

“Estas recomendaciones permitirían al Gobierno alcanzar sus ingresos fiscales óptimos, reducir la carga tributaria para los agentes económicos que no participan en el paraíso fiscal y mitigar el problema del aprovechamiento indebido en una economía que enfrenta una grave crisis de deuda”, añade.

En cuanto a subsiguientes evaluaciones, Caraballo Cueto aconseja estudiar cómo afectan los decretos a los municipios donde se ubican los beneficiarios de las leyes 20 y 22.

“Además, otros investigadores podrían medir el efecto causal que otros paraísos fiscales coloniales, creados principalmente para particulares, pudieron haber tenido en otras economías y compararlo con los paraísos fiscales soberanos. Esta prometedora línea de investigación puede aportar más evidencia sobre si es apropiado establecer una distinción taxonómica entre paraísos fiscales coloniales y soberanos”, anticipa al análisis.

Como antesala a los hallazgos, el reporte plantea que investigaciones previas han demostrado que los paraísos fiscales estimulan el crecimiento económico, pero que la literatura relacionada no distingue entre los paraísos fiscales en naciones soberanas (que se destinan principalmente a corporaciones manufactureras) y los paraísos fiscales coloniales (que se destinan principalmente a personas de altos ingresos y al sector servicios).

“En la actualidad, casi un tercio de los paraísos fiscales del mundo son colonias. Dado que muchas colonias surgieron como paraísos fiscales hace mucho tiempo, cuando no existían datos, evaluamos el caso de Puerto Rico, la economía más grande entre ellas”, explica el estudio.