USDA pedirá a beneficiarios de SNAP reaplicar al programa como parte de estrategia contra el fraude

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NUEVA YORK – La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, anunció que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) deberán reaplicar al mismo o recertificarse como parte de una iniciativa contra el fraude.

En “Rob Schmitt Tonight” de Newsmax este jueves, la funcionaria alegó que “186,000 hombres, mujeres y niños fallecidos en este país” están recibiendo cheques del programa.

Rollins se refirió a datos de SNAP que la agencia recibió de 29 estados, en su mayoría republicanos.

La secretaria dijo que aplicarán “mano dura” para atajar el supuesto problema.

“¿Se imaginan lo que vamos a encontrar cuando tengamos acceso a los datos de los estados demócratas?”, planteó.

De acuerdo con la encargada de USDA, el fin es desarrollar una estrategia para reconstruir el programa.

“Esto nos dará una base sólida y una estrategia para reconstruir este programa por completo, para que todos vuelvan a solicitar su beneficio, para asegurarnos de que todos los que reciben ayuda financiada por los contribuyentes a través del SNAP o cupones de alimentos, sepan que son literalmente vulnerables y que no pueden sobrevivir sin ella”, expuso en el intercambio.

Rollins puso como ejemplo el caso de una persona que con el mismo número de Seguro Social recibió seis tarjetas EBT diferentes en seis estados.

No está claro el alcance de la verificación que va a realizar USDA.

Lo que es un hecho es que todos los estados cuentan con un proceso periodo de certificación que exige a los beneficiarios del programa brindar información actualizada sobre ingresos y residencia.

Un hogar solo puede recibir los beneficios del SNAP durante un período específico y limitado. A esto se le conoce como el proceso de certificación. Durante ese término de tiempo, el caso se cierra automáticamente a menos que se autorice un nuevo período de certificación.

El período de certificación puede durar entre seis o 12 meses, según cada caso. Usualmente, el periodo de 12 meses aplica a hogares con ingresos estables.

En declaraciones a The Hill, un portavoz de USDA confirmó que la agencia reforzará los procesos.

“La secretaria Rollins quiere poner fin al fraude, el despilfarro y el abuso constante del programa SNAP”, indicaron desde la agencia. “Anteriormente, las tasas de fraude solo se suponían, y el presidente Trump está tomando medidas al respecto. Parte de ese trabajo consiste en utilizar procesos estándar de recertificación para los hogares, así como en el análisis continuo de los datos estatales, un mayor trabajo regulatorio y una mejor colaboración con los estados”, añadieron.

En mayo pasado, USDA informó que le requeriría a los estados el suministro de información personal de beneficiarios hasta el 2020.

La entidad se basó en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada “Eliminar los silos de información para detener el desperdicio, el fraude y el abuso”.

El objetivo del decreto es “eliminar las barreras innecesarias que impiden a los empleados federales acceder a los datos del Gobierno y promover el intercambio de datos entre agencias”, ya que son pasos importantes para “eliminar la duplicación burocrática y la ineficiencia, al tiempo que se mejora la capacidad del Gobierno para detectar pagos indebidos y fraudes”.

En cuanto a los estados demócratas, la mayoría se ha negado a proveer la información.

Un reporte de NPR precisa que al menos 27 estados republicanos ya han compartido datos de millones de personas que reciben fondos SNAP en sus jurisdicciones que van desde nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de la Seguro Social.

En octubre, la jueza de distrito en San Francisco, California, Maxine M. Chesney, falló a favor de los estados demócratas en la demanda que busca evitar el suministro de información a USDA.

La jueza emitió una orden preliminar que le impide al gobierno de Trump exigir a los estados que entreguen la información personal de los inscritos en SNAP.

Chesney respondió de esta forma a la petición de 22 fiscales generales estatales.

La jueza determinó que los estados sufrirían un daño irreparable si el USDA cumpliera su amenaza de retener los fondos del SNAP a los estados que no cumplieran con la solicitud.

Parte de la preocupación de los demandantes es el uso que finalmente le dará la Administración Trump a los datos.

El grupo sospecha que se podría utilizar para rastrear inmigrantes e intensificar la campaña de arrestos y deportaciones ordenada por el presidente.

Un funcionario del Departamento de Servicios Humanos de Pennsylvania argumentó en documentos ante la corte que su agencia intentó negociar un acuerdo de intercambio de datos con el USDA, pero que la entidad no respondió sobre el uso que le pretendían dar al material, cómo o cuándo lo compartirían con otras agencias federales, ni los protocolos de seguridad que se aplicarían si esos datos se compartieran.

El programa SNAP fue centro de debate durante el más reciente cierre, ya que Trump y su equipo se negaban a liberar los fondos para SNAP hasta que se reabriera el Gobierno. La disputa llegó hasta el Tribunal Supremo. Hasta el momento, beneficiarios en algunos estados han recibido sus pagos completos; en otros, parcialmente o nada.

Rollins dijo en una entrevista por CNN el jueves que la totalidad de los pagos serán enviados para el lunes.

“Anoche mismo comenzamos a trasladarnos para asegurarnos de que el programa continúe sin interrupciones, una vez que el gobierno reabra, y esperamos que para finales de esta semana, la mayoría lo reciba a más tardar el lunes”, detalló.