Puerto Rico: secretario de Salud designado se reunió con la Junta para discutir recortes de fondos federales para tres programas

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Nueva York – El secretario designado del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, dijo que activó un comité especial para responder a una notificación de las autoridades en Estados Unidos sobre la eliminación de varios programas financiados con fondos federales.

Por medio de un comunicado de prensa este martes, el designado especificó que la terminación afecta tres proyectos de salud pública en la isla.

Los programas en los que ya no participará Puerto Rico son el de Equidad en Salud (PES), el Programa de Inmunización y Vacunación para Niños (VFC), y el Programa de Epidemiología y Capacidad de Laboratorio para la Prevención y el Control de Enfermedades Infecciosas Emergentes (EKC).

El fin del primero es reducir las disparidades relacionadas con COVID-19 entre poblaciones en riesgo y desatendidas. Bajo el programa de inmunización y vacunación, se proveyeron vacunas gratis a los proveedores contratados bajo el plan de salud Vital del gobierno de Puerto Rico. El EKC apoya a los países en la vigilancia, prevención, preparación y control de enfermedades pandémicas y propensas a epidemias.

Ramos Otero, cuya confirmación al cargo está en veremos por controversias relacionadas con sus manejos como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, informó que se reunió virtualmente con miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y con personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para discutir los recortes.

“Una vez fuimos notificados por el gobierno federal, activé un comité y logramos una reunión virtual con la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El Departamento de Salud fue informado sobre la terminación de los fondos a los siguientes programas financiados por el gobierno federal: ‘Puerto Rico National Initiative to Address COVID-19 Health Disparities’, ‘Immunization and Vaccines for Children’ y ‘Epidemiology and Laboratory Capacity for Prevention and Control of Emerging Infectious Diseases'”, declaró Ramos Otero.

De acuerdo con el nominado, la pérdida de los fondos equivale a un 15.6% de los que quedaban del total asignado luego de que se declarara una emergencia de salud pública por COVID-19. La declaración quedó sin efecto en mayo de 2024.

“La cancelación repentina de estos proyectos implica una pérdida de $45,184,786.25 (de la asignación total: $290,339,790.00) equivalente al 15.6% de los fondos remanentes del total asignado para atender la emergencia de COVID-19 y otras iniciativas de salud pública”, especificó.

Ramos Otero añadió que le comunicó, tanto a la Federación como a la Asociación de Alcaldes, que, preliminarmente, el pago por servicios profesionales como parte de estos proyectos se haría hasta el 31 de marzo.

En esa línea, explicó que, debido a que estos fondos se liberan por la vía de reembolso, la agencia solo puede solicitar los mismos si se incurre en gastos previamente comprometidos.

El portavoz de Salud dijo que, junto a la gobernadora Jenniffer González, busca alternativas para mitigar el impacto de la decisión a nivel federal. En esa dirección, dijo que realizan gestiones con oficiales de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades).

La fecha específica de eliminación será notificada próximamente por el Departamento de Salud federal.

Potenciales recortes en otras agencias federales y su impacto en Puerto Rico

Desde su entrada formal al cargo, el presidente Donald Trump junto a su socio, el magnate Elon Musk, han establecido como prioridad recortar el gasto público y la burocracia.

Debido a que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, las decisiones tomadas en esa dirección o implementadas desde las distintas agencias federales pueden tener impacto en el funcionamiento a nivel local.

La semana pasada, por ejemplo, el tema central relacionado con fondos federales para Puerto Rico estuvo relacionado a la orden ejecutiva que firmó Trump para desmantelar el Departamento de Educación.

Por un lado, organizaciones y sindicatos que representan a estudiantes y maestros en la isla insistieron en su argumento de que de, una manera u otra, el financiamiento para programas y los servicios a grupos como el de alumnos con necesidades especiales se verán afectados. Por el otro, el gobierno de Puerto Rico sostiene que programas esenciales como lo de educación especial y Título I, entre otros, están asegurados.

El hecho de que Trump quiere pasar el manejo y evaluación de préstamos federales estudiantiles a la Administración de Pequeños Negocios (SBA); y al Departamento de Salud federal, programas de educación especial y de asistencia alimentaria en escuelas, ha levantado las alarmas de quienes se oponen a la reestructuración del Departamento, donde ya se prescindió de, aproximadamente, la mitad de su personal.

El Diario contactó el lunes al equipo de prensa del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para una entrevista sobre este tema, pero no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud.

Por otro lado, reportes de medios periodísticos en la isla dan cuenta de despidos de empleados federales en agencias como el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Un informe de El Nuevo Día, a finales de febrero, especifica que la Unión Nacional de Empleados del Tesoro en Puerto Rico (NTEU 193 PR) informó del despido de 200 de los 4,000 empleados del IRS.