Dentro y fuera de Puerto Rico truenan contra suministro de datos de licencias de conducir a ICE y DHS; gobernadora dice que cumplen con la ley

hace 13 horas 3

Nueva York – Líderes políticos dentro y fuera de Puerto Rico cuestionaron que la Administración de la gobernadora Jenniffer González esté suministrando información a agencias federales sobre migrantes con licencias de conducir emitidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Uno de los que tronó contra el intercambio de datos como parte de la estrategia del gobierno que encabeza el presidente Donald Trump para avanzar con su plan de deportaciones masivas fue el representante demócrata de Nueva York Adriano Espaillat.

Tras una conferencia en la que miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) que preside evaluaron las intervenciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Espaillat dijo sentirse alarmado por el proceder de las autoridades en el territorio.

“Me siento muy alarmado de que esto esté sucediendo, porque yo hablé con la gobernadora y ella me aseguró que el gobierno de Puerto Rico no iba a cooperar”, dijo Espaillat, originario de República Dominicana, según citado por El Nuevo Día.

De acuerdo con los datos provistos por DHS, la mayoría de los detenidos por las autoridades migratorias en Puerto Rico provienen de la vecina isla.

En específico, 359 de las 485 personas arrestadas en el territorio son dominicanos.

La también demócrata de NY, Nydia Velázquez, planteó que, en vista de que la gobernadora había manifestado que las intervenciones no impactarían la isla, “eso es un problema para ella”.

Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, catalogó como “tres golpes” de traición el proceder del gobierno local, esto en referencia al tradicional plato de la comida dominicana.

“El 19 de enero, la gobernadora de Puerto Rico dijo que los inmigrantes en la isla no debían preocuparse porque ICE no iba a hacer redadas fuera de la frontera con México. El 26 de enero, ocurrió la primera redada. Detuvieron inmigrantes documentados, en violación a sus derechos. Ese fue el primer golpe”, dijo Hernández en un discurso ayer en el pleno de la Cámara que incluyó una imagen del platillo.

El segundo golpe, según el comisionado, fue el 27 de enero, cuando la gobernadora dijo que iba a cooperar con las políticas migratorias del presidente.

“Y, ayer (miércoles), salió a relucir que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que desde el 2013 otorga licencias de conducir a las personas, sin cuestionar su estatus migratorio, estaba compartiendo la información de inmigrantes con las agencias de inmigración. Ese fue el tercer golpe”, continuó.

El comisionado residente argumentó que la Administración González engañó al pueblo con sus posturas.

“Voy a ser claro: Todos queremos que los inmigrantes estén con sus papeles al día. Todos queremos que quien viole la ley enfrente consecuencias. Pero nadie puede defender que un gobierno engañe a su comunidad más vulnerable. Nadie puede defender que el gobierno les pida información personal para darles una licencia de conducir y que luego entregue la misma al gobierno federal para que los investiguen y los deporten. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de niños que podrían perder a sus padres. Estamos hablando de ancianos que podrían perder a sus hijos cuidadores”, expuso.

El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) catalogó como una mentira el argumento de la gobernadora de, que si no cooperan con las agencias federales migratorias, se exponen a una pérdida mayor de fondos federales.

“El gobierno federal (la Constitución de los Estados Unidos) asigna el poder de la cartera al Congreso, y la Rama Ejecutiva no puede congelar fondos que el Congreso asignó para un propósito específico. El gobierno de Puerto Rico puede defender sus derechos de su gobierno propio y el de su comunidad inmigrante en los tribunales”, planteó.

De acuerdo con el comisionado, 20 estados han asumido esa postura.

“Demandaron al gobierno federal por condicionar fondos federales a cambio de cooperación con inmigración. ¿Y el gobierno de Puerto Rico? Cobarde. En esa demanda, los 20 estados citan al menos ocho precedentes judiciales en favor de jurisdicciones que han resistido presiones similares del Gobierno federal. Ocho precedentes. ¿Y el gobierno de Puerto Rico? Cobarde”, tildó.

“La historia no tendrá misericordia: el gobierno de Puerto Rico traicionó a los dominicanos, a los haitianos, a los venezolanos y a tantos otros inmigrantes para complacer a Donald Trump. Como me dijo un amigo: les dieron tres golpes y los tiraron a mondongo”, puntualizó el comisionado residente.

Gobernadora dice que solo cumplen con la ley

Este viernes, luego de meses de silencio sobre el tema, la gobernadora emitió un comunicado en el que señala que “Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal” en términos de la respuesta a las intervenciones federales

“Reconozco el rol que las comunidades inmigrantes tienen en nuestra fibra cultural y las contribuciones importantes que hacen a nuestra economía. Pero la realidad es que no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no, y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de Seguro Social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles”, compartió por sus redes sociales.

“Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni mas, ni menos”, añadió.

“La data entregada el 29 de enero por DTOP fue un requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) con fecha del 26 de enero, por lo que la agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley”, concluyó.

Las licencias de conducir para indocumentados fueron aprobadas en el 2013 mediante una ley local durante la Administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, también del PPD.

Más de 20,000 migrantes cuentan con este permiso en virtud de la Ley Núm. 97 de 7 de agosto del referido año.

La licencia es una autorización que expide el secretario de DTOP para manejar un vehículo de motor por las vías públicas de la isla.

Para solicitarla, el extranjero debe haber residido en Puerto Rico por un periodo mayor de un año; no poseer una tarjeta de Seguro Social ni documento que verifique que no es elegible y no poseer documentación que demuestre que es ciudadano (a) de los Estados Unidos.

Al reaccionar al suministros de información sobre licencias de conducir, García Padilla catalogó como “gente mala” la que le entregó la lista a DHS.

“Gente mala la que entregó la lista, personas malas, de los peores de la humanidad, porque no tenían que entregarla. Los que entregaron y los que autorizaron la lista son unos arrodillados, unos eñagotados…Estás entregando seres humanos. ¿Cómo cara** van a misa el domingo?, ¿cómo van al culto?, entregando seres humanos para que los deporten”, dijo en el programa Primera Pregunta.

“El gobierno de Puerto Rico después viene a decirle a la comunidad dominicana que los defiende y los favorece. Hay que ser una mala persona. Hay que ser una persona genuinamente malvada, terrible, para entregarle esa lista al agente que va a ir a buscarlos a sus casas a deportarlos, gente que lo único que hizo fue guiar legalmente por las calles para ir a hacer los trabajos que los puertorriqueños no están dispuestos a hacer”, continuó.

Datos de unos 6,000 migrantes con licencias fueron provistos por el DTOP

Este miércoles, la encargada de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la isla, Rebecca González Ramos, confirmó a El Nuevo Día que datos de unos 6,000 migrantes con licencias fueron provistos por el DTOP a su agencia y a ICE.

La agencia, por su parte, confirmó lo anterior mediante declaraciones escritas.

“Este tipo de requerimientos, el cual puede estar vinculado a investigaciones relacionadas con la posible comisión de delitos, exige un manejo riguroso y confidencial de la información conforme al ordenamiento jurídico vigente. En virtud de estas disposiciones legales, el DTOP está impedido de divulgar detalles adicionales sobre el contenido o propósito del requerimiento, en protección de la integridad del proceso y los derechos de todas las partes involucradas”, indicó el DTOP

En febrero pasado, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, rechazó que la oficina estuviera colaborando con las autoridades federales. Sin embargo, ya para esa fecha, el DHS estaba recibiendo la información.

“Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, agregó González Ramos al rotativo.

El suministro de listas de migrantes con licencia inició a raíz de un requerimiento o subpoena emitido por las autoridades federales.

Debido a que media una orden del tribunal, abogados como Ernie Cabán han defendido el proceder de DTOP.

“OPINION: LO QUE ES MALO, es engañar por política, haciendo creer que un funcionario del territorio de PR podía NEGARSE o IMPEDIR la entrega de un listado de inmigrantes, ante una ORDEN de un JUEZ FEDERAL, basada en una LEY FEDERAL a petición del ICE”, compartió el también exfiscal en sus redes.

Por su parte, Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género en la isla, dijo a El Diario que el Departamento pudo haber recurrir a opciones legales para tratar de evitar no tener que proveer los datos.

“Yo creo que allí no hubo ninguna resistencia, simplemente se solicitó y se entregó. Eso sí que es un golpe bajo porque, cuando esa legislación se creó, se le estaba garantizando a las personas que hicieron ese proceso de sacar una licencia, que esa información no se iba a utilizar en su contra por su estatus migratorio, y eso fue un compromiso que se le hizo a la comunidad. Imagínate el compromiso que las personas con estatus migratorio no definido confiaron en su gobierno, confiaron en esa ley y sacaron sus licencias para estar en ley y para poder conducir, cuando pudieron decidir no estar en ley y seguir conduciendo de X forma…Esto que ha pasado es una traición a esa confianza que se le depositó al Gobierno”, manifestó.

La también portavoz del Frente Amplio de Acción Social alertó sobre el impacto en cadena que pudiera tener la acción en la búsqueda de servicios esenciales por parte de miembros de la comunidad migrante.

“Eso redunda, por ejemplo, en mujeres que están sin estatus migratorio y en situaciones de violencia de género. ¿Quién va a solicitar una ley de protección bajo estas circunstancias?, ¿quién va a ir a un cuartel a poner una querella? Esto redunda en que más mujeres pudieran estar muriendo a causa de la violencia de género. Estos patrones de violencia afectando a niños y niñas, y otros tipos de violencia. Ahora mismo, estas personas están presas dentro de sus casas, literalmente, expuestas a todo tipo de violencia, de carencias y de pobreza, y lo vamos a ver peor y peor cada vez”, anticipó.