¿Por qué organizaciones y periodistas en Puerto Rico denuncian ataque al acceso a la información pública por proyecto del Senado?

NUEVA YORK – A pesar del amplio rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil y de gremios periodísticos, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado aprobó a viva voz este martes las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (141 de 2019).

Bajo el slogan “defiende tu derecho a saber”, aproximadamente, una veintena de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de periodistas y otras partes interesadas habían pedido que no se aprobara el Proyecto del Senado 63.

Sin embargo, sin vistas públicas previas, los penepés le dieron paso a la medida que, a juicio de sus detractores, empeora la referida ley y pone trabas de acceso a la información pública.

Entidades como Sembrando Sentido, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Kilómetro Cero, Overseas Press Club (OPC), Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal, Centro de Periodismo Investigativo, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Amnistía Internacional, 9 millones, entre otras, se juntaron este martes en una conferencia para denunciar que avanzar con la medida le complicaría el acceso a información del Gobierno, no solo a miembros de la prensa, sino a ciudadanos particulares.

La conferencia se realizó en las escalinatas del lado norte del Capitolio, en San Juan, a horas de que se aprobara la medida sin antes haber sido evaluada en vistas públicas.

Para Nydia Bauzá, presidenta de la ASPPRO, el PS63 impone mayores obstáculos a los periodistas en la isla.

“Este nuevo proyecto de enmiendas a la llamada Ley de Transparencia busca imponer mayores obstáculos al ejercicio del periodismo en Puerto Rico con términos más largos para que las agencias públicas respondan a los requerimientos de información y con sanciones prácticamente metafóricas a los jefes de agencia que se nieguen a proveer los datos solicitados en términos razonables”, afirmó.

La líder gremial consideró además que la medida es una innecesaria que agrega más burocracia a los procesos y hace más oneroso los mismos.

“Mucha gente en nuestro país no tiene acceso a internet, y, de convertirse en ley, este proyecto PS 63, estos ciudadanos no podrán acudir a las agencias públicas con requerimientos de información. También se castiga más a la ciudadanía que tiene que procurar información en oficinas regionales pues en estos casos los plazos para las respuestas son mucho mayores”, argumentó.

“Esta medida no fortalece la transparencia, lo que hace es desmantelarla”

Por su parte, Issel Masses Ferrer, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, planteó que la transparencia no es un lujo, es un deber del Estado, al igual que la rendición de cuentas.

“La transparencia es una herramienta esencial para defender la democracia, combatir la corrupción y asegurar que cada dólar público se usa de manera eficiente, justa y equitativa. Por eso nos oponemos firmemente al Proyecto del Senado 63. Esta medida no fortalece la transparencia, lo que hace es desmantelarla. Duplica los plazos de respuesta de las agencias o de las entidades gubernamentales; facilita grandemente que entidades públicas puedan declarar confidencial la información; da pie a que se entregue la información en cualquier formato sin importar lo que se esté pidiendo; solicita correo electrónico y dirección de los solicitantes y no protege la privacidad del solicitante que muchas veces, sobre todo cuando son persona de a pie, tienen miedo a represalias”, enumeró la fundadora de la organización que trabaja para hacer accesible la información sobre el gasto público.

La defensa de Rivera Schatz

En un mensaje antes de la votación, el presidente senatorial insistió en que la legislación no limitará el derecho al acceso a la información.

“El proyecto lo que exige es que la persona dé su nombre y su dirección, ¿qué de malo tiene eso? Además de exigir su nombre y su dirección, además de ampliar un poco el término, este proyecto sugiere que la agencia o funcionario que incumpla, tiene consecuencias económicas por su incumplimiento”, defendió Rivera Schatz.

“Este proyecto, bajo ninguna circunstancia, limita el acceso a la información. Bajo ninguna circunstancia le quita ningún derecho a ningún periodista ni a ningún ciudadano, bajo ninguna circunstancia. Sencillamente, trae un escenario donde la razonabilidad tiene que ser la orden del día; que haya un balance real entre la petición de ciudadano y un periodista y la capacidad de proveer con prontitud, que es el concepto que permea en estos escenarios sobre información y transferencia, que se provea la información que se solicita”, continuó el líder de la mayoría en el Senado.

“Los gremios que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Inclusive, si quieren ir al tribunal, también pueden hacerlo”, añadió.

De paso, generalizó contra todos los opositores al proyecto al tildarlos de “izquierdosos”.

“No nos intimidan los izquierdosos, los comunistas, los socialistas, los diminutos, los ‘maduritos’; nadie nos intimida a nosotros”, puntualizó Rivera Schatz.

El reporte de El Nuevo Día indica que la legislación pasó el cedazo del Senado con 18 votos a favor y nueve en contra de las delegaciones minoría, es decir, los del Partido Popular Democrático (PPD), Proyecto Dignidad (PD) y del Independentista Puertorriqueño (PIP).

La medida pasará a la consideración de la Cámara, donde, según anticipó el presidente senatorial, también sería aprobado en ese cuerpo y firmado por la gobernadora.

El Proyecto del Senado 63 lleva días siendo centro del debate político en Puerto Rico.

Precisamente, de lo que más resalta en la discusión son los diversos sectores que se han sumado en contra de la legislación.

Profesores de periodismo fueron otros que manifestaron su rechazo al proyecto presentado por Rivera Schatz.

En específico, seis profesores de Información y Periodismo de la Facultad de Comunicación e Información (FaCI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras divulgaron una carta que reseñó El Nuevo Día en la que catalogan la medida como un obstáculo al acceso a la información pública.

“Cuando se obstaculiza el acceso a la información pública, se limita la función fiscalizadora de la prensa y la capacidad del país para exigir rendición de cuentas”, señaló el grupo de académicos.

“El acceso a la información pública es la base de la participación democrática. Sin datos, no hay rendición de cuentas; sin rendición de cuentas, no hay democracia”, añadieron los educadores que firmaron la carta en su carácter personal.

Carla Minet, la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI), consideró que los cambios harán más difícil fiscalizar a las autoridades gubernamentales.

“Lo peor es la ampliación de términos porque se duplican los términos, y, en el caso de las personas que no viven en el área metro, esos términos corren hasta 50 días. Aparte de eso, integrar a los jefes de agencia a que tengan que tengan que ser notificados de todas las peticiones de información”, dijo en entrevista con Telemundo Puerto Rico.

En un artículo de opinión en la página del CPI, Minet argumenta lo siguiente: “El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real”.

Entre otras cosas, la medida aprobada en el Senado, redefine el procedimiento de solicitud de modo que cualquier persona podrá pedir información por escrito o electrónicamente. Sin embargo, el solicitante deberá notificar al jefe de agencia y al presidente de la rama correspondiente, enumera un reporte de NotiUno. Si ese proceso no se cumple, la petición se considerará defectuosa.

Otro detalle importante es que la persona debe añadir su dirección postal o electrónica, y la agencia en cuestión confirmar el recibo con un número de referencia.

En cuanto al término para entregar los datos, el mismo se extiende de 10 a 20 días laborables para oficinas centrales, y de 15 a 30 días para oficinas regionales, con una prórroga máxima de 20 días adicionales. En caso de que no se cumpla con el plazo, se considerará una denegatoria automática y el ciudadano puede puede elevar su reclamo ante un tribunal.

Por otro lado, la propuesta de ley establece un Recurso Especial de Acceso a Información Pública ante el Tribunal de Primera Instancia, sin necesidad de abogado ni aranceles, con un formulario simplificado. El tribunal podrá resolver el caso en un plazo breve y emitir una resolución revisable ante el Tribunal de Apelaciones.

Otro cambio es la imposición de multas de hasta $100 diarios (hasta un máximo de $18,000) a las agencias o entidades que incumplan una resolución judicial que les ordene a divulgar información.