
Cada año, miles de menores de edad nacidos en Estados Unidos son expulsados del país junto a sus padres indocumentados, sin haber cometido ningún delito ni haber enfrentado proceso judicial. Aunque estos niños poseen la ciudadanía estadounidense, su reingreso al país está condicionado por procedimientos legales, barreras administrativas y factores económicos que dificultan su retorno.
Organizaciones de derechos civiles y abogados especializados en inmigración han advertido que las autoridades de inmigración, en algunos casos, no han ofrecido a las familias opciones reales para separar a los hijos ciudadanos antes de la deportación de sus padres. Esta situación ha dado lugar a lo que algunos expertos denominan "expatriación forzada" de menores estadounidenses, especialmente en los estados fronterizos y del sur del país.
Según reportó NBC News, el caso de Denisse Parra Vargas —una madre mexicana deportada desde Texas junto a sus tres hijos, dos de ellos nacidos en EEUU— ilustra las fallas en el proceso. La familia fue citada a una entrevista para recibir permisos laborales y, al llegar al centro de procesamiento, fue detenida sin posibilidad de contactar a familiares con estatus legal que podían quedarse con los menores.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los padres con órdenes de deportación tienen la opción de decidir si llevar consigo a sus hijos ciudadanos. En declaraciones enviadas a NBC News, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que los inmigrantes sin autorización legal “casi seguramente serán detenidos” y que existe un programa de salida voluntaria que ofrece USD 1,000 y vuelos gratuitos para quienes se acogen al proceso a través de una aplicación oficial.
Sin embargo, abogados de inmigración señalan que la narrativa oficial no refleja la realidad de muchas familias detenidas, quienes no reciben tiempo ni asistencia adecuada para tomar decisiones sobre el futuro de sus hijos ciudadanos. Sirine Shebaya, directora del National Immigration Project, indicó a NBC News que ICE, aunque implementó lineamientos desde la administración Obama para permitir tales decisiones, frecuentemente no los aplica de forma efectiva.
En el caso de Parra Vargas, su abogada, Naiara Leite Da Silva, afirmó que la familia fue engañada bajo el pretexto de una entrevista de asilo y que no se les permitió dejar a los menores con familiares que esperaban afuera del centro de procesamiento en Pflugerville, Texas. Según su testimonio, los niños fueron deportados junto con su madre sin que se les ofreciera una alternativa concreta.

El retorno de un menor ciudadano estadounidense desde otro país exige la presentación de un pasaporte válido. Según el Departamento de Estado, este documento es obligatorio para regresar por vía aérea desde cualquier país. En el caso de niños menores de 16 años que ingresan por tierra desde Canadá o México, pueden utilizar actas de nacimiento originales. Sin embargo, muchos menores deportados no tienen pasaporte ni certificados en regla.
Mich P. González, del grupo Sanctuary of the South, relató a NBC News que en algunos casos ICE confisca los documentos de identidad al momento de la deportación. En uno de los casos que su organización acompaña, una niña de dos años ciudadana estadounidense tuvo su pasaporte retenido y devuelto solo una vez que ya estaba en Honduras. Esta práctica dificulta el inicio de los trámites consulares necesarios para regresar.
Cuando no hay documentación válida, las familias deben solicitar nuevos documentos desde el extranjero. Este proceso puede demorar semanas o meses, y requiere asistencia consular, presencia de los padres y, en muchos casos, la intervención de un tutor legal en Estados Unidos. El costo económico de estos trámites y del eventual viaje de regreso también representa una barrera significativa para muchas familias, según declaraciones recogidas por NBC News.
Aunque legalmente los niños ciudadanos pueden regresar a Estados Unidos, deben hacerlo acompañados por un adulto autorizado. En muchos casos, las familias carecen de recursos para enviar a un tutor al extranjero, y los abogados advierten que incluso los adultos con estatus legal pueden enfrentar dificultades al intentar regresar al país si viajan al extranjero para acompañar a un menor.
NBC News informó que la ampliación de las facultades discrecionales de los agentes fronterizos bajo la política migratoria actual ha incrementado los riesgos para residentes legales permanentes y ciudadanos naturalizados que viajan fuera del país. Esta situación ha desincentivado a muchos familiares de intentar recuperar a niños ciudadanos que fueron deportados con sus padres.
Además, organizaciones como el Texas Civil Rights Project están solicitando el reingreso de algunos menores mediante permisos humanitarios o parole, un proceso que requiere evaluación caso por caso por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este recurso es utilizado principalmente en situaciones médicas, como el caso de una niña ciudadana estadounidense de 11 años diagnosticada con un tumor cerebral.

La expulsión de niños ciudadanos estadounidenses junto a sus padres tiene consecuencias más allá del reingreso al país. Investigaciones realizadas por la socióloga Erin Hamilton, de la Universidad de California en Davis, revelan que entre 2000 y 2015 se duplicó la población de menores nacidos en EE.UU. viviendo en México, alcanzando entre 80.000 y 100.000. De estos, uno de cada seis fue llevado al país por la deportación de al menos uno de sus padres.
Hamilton identificó que los niños “deportados de facto” tienen menos probabilidades de estar matriculados en la escuela primaria y mayores tasas de pobreza en comparación con otros menores ciudadanos que emigraron por razones distintas. Además, el 70% carece de seguro médico, según datos de los estudios publicados por la investigadora y citados por NBC News.
En México, estos menores tienen derecho a la ciudadanía mexicana si sus padres son mexicanos, pero requieren un acta de nacimiento local, cuyo trámite puede ser más lento que en Estados Unidos, explicó el profesor Víctor Zúñiga González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en entrevista con NBC News. Esto retrasa la inscripción escolar y el acceso a servicios básicos.
En otros países, como Guatemala, se presentan obstáculos similares. La abogada Wendy Cervantes, del Center for Law and Social Policy, advirtió que requisitos como la notariación de documentos escolares (inexistentes en EE.UU.) dificultan el ingreso de los niños al sistema educativo local. Estos retrasos pueden prolongarse indefinidamente si las familias no tienen recursos o conocimiento del proceso administrativo.
En algunos casos, las familias optan por dejar a los hijos mayores en Estados Unidos, especialmente si están cerca de la mayoría de edad. Estos adolescentes asumen el cuidado de hermanos menores, continúan estudios y en ocasiones se encargan de mantener propiedades familiares, según testimonios recopilados por NBC News. Esta dinámica familiar, no regulada por las autoridades, deja a los menores a cargo de responsabilidades legales y económicas sin apoyo estatal.
La fragmentación de estas familias también ha sido documentada por entidades como la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU., que ha solicitado mayor supervisión sobre las prácticas de ICE relacionadas con familias mixtas. Rochelle Garza, presidenta de la Comisión, cuestionó ante NBC News si se está creando una ficción legal al afirmar que los niños pueden regresar fácilmente cuando existen múltiples pruebas de lo contrario.