Policías de Florida y agentes de la Patrulla Fronteriza comparten sus vehículos como parte de su estrategia migratoria

Vehículos patrulla del estado de Florida participan en operativos coordinados con agencias federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías estatales de Florida y agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) están compartiendo vehículos para aplicar leyes migratorias en operativos de tránsito ordinarios, revelaron documentos judiciales federales a los que accedió WPTV. Esta estrategia permite a los agentes federales interrogar y arrestar a personas sin estatus migratorio regular inmediatamente después de una infracción de tráfico, sin necesidad de esperar a otros funcionarios de inmigración.

Hasta el martes, esta táctica no había sido reportada ni comunicada oficialmente por las autoridades estatales ni federales. El descubrimiento fue confirmado por múltiples abogados de inmigración que, al ser consultados por el medio, afirmaron desconocer por completo la existencia de esta práctica, que se estaría ejecutando sin transparencia pública ni lineamientos formales conocidos.

“Esto es nuevo”, declaró al medio el abogado Richard Hujber, con sede en Boynton Beach. En su opinión, la medida facilita los arrestos inmediatos de personas indocumentadas al evitar demoras en la llegada de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Según explicó, “una de las cuestiones es no tener que esperar a que llegue ICE. He visto cómo eso toma horas, y en distintas administraciones, donde no era una prioridad, simplemente se esperaba sin saber qué hacer con la persona”.

Agentes de distintas jurisdicciones colaboran en la aplicación de políticas migratorias en territorio estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los documentos judiciales revisados por WPTV, al menos dos arrestos recientes evidencian este procedimiento. En el primer caso, un agente de la Policía de Carreteras de Florida detuvo un vehículo cuyo conductor no realizó una parada completa antes de girar a la derecha con semáforo en rojo. Un agente de la Patrulla Fronteriza, que viajaba en el mismo vehículo patrullero marcado, interrogó a los ocupantes y arrestó a un hombre originario de Guatemala. El detenido enfrenta el cargo federal de “extranjero previamente deportado encontrado en Estados Unidos”, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

En un segundo incidente, otro conductor fue detenido por tener el parabrisas polarizado. Nuevamente, un agente federal presente en el mismo patrullero interrogó a los pasajeros y detuvo a un hombre que declaró haber ingresado de forma ilegal al país desde México. Al igual que en el caso anterior, fue acusado formalmente con el mismo delito migratorio.

Ambos arrestos se efectuaron en vehículos de la Policía de Carreteras de Florida con presencia confirmada de agentes federales de CBP, lo que indica una operación conjunta que ha venido desarrollándose fuera del escrutinio público y que no había sido comunicada oficialmente por el Estado ni por las agencias federales implicadas.

Presencia de autoridades federales en vehículos estatales forma parte de una estrategia en curso en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Hujber manifestó preocupación respecto a la preparación legal y operativa de los policías estatales que participan en operativos con implicaciones migratorias. “Me preocupa si están recibiendo el entrenamiento adecuado para estos procedimientos, especialmente cuando se trata de coordinar con la Patrulla Fronteriza en arrestos que pueden tener consecuencias penales graves”, comentó.

Por su parte, el abogado Guillermo Flores Jr., con oficina en Jupiter, explicó a WPTV que ha notado un patrón emergente en sus propios casos. Mencionó a un cliente que reportó haber sido detenido por un vehículo de patrulla conducido por un supuesto agente del Departamento de Seguridad Nacional. Según Flores Jr., los motivos para detener a los vehículos han sido tan variados como una matrícula defectuosa, neumáticos desgastados o inspecciones comerciales.

“Estamos escuchando todo tipo de motivos: desde problemas con la matrícula hasta llantas en mal estado. Algunos han sido detenidos por inspecciones a vehículos comerciales”, dijo al medio.

La cooperación entre fuerzas estatales y federales redefine los límites operativos en tareas de inmigración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stuart Kaplan, abogado y exagente del FBI, defendió la colaboración entre fuerzas estatales y federales. Explicó que históricamente los cuerpos de policía locales se sentían frustrados por su incapacidad para actuar frente a la presencia de personas indocumentadas. “Había un trasfondo de frustración porque sabían que había personas ilegales, posiblemente peligrosas, pero sus manos estaban atadas y se veían obligados a dejarlos ir”, dijo a WPTV. Según Kaplan, este nuevo enfoque permite actuar con mayor rapidez y eficacia ante posibles amenazas, eliminando la necesidad de intervención posterior por parte de ICE u otras entidades.

El operativo conjunto estaría respaldado por un acuerdo entre la Policía de Carreteras de Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que permitiría a los agentes estatales actuar como agentes federales tras recibir una capacitación específica. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado cuántos policías estatales han completado ese entrenamiento, y la FHP no respondió a las preguntas de WPTV al respecto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respalda las acciones conjuntas con autoridades federales en materia migratoria. (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó el sábado un mensaje en X anunciando una colaboración entre el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “para lograr grandes resultados en la aplicación de la ley migratoria y las deportaciones”. En esa publicación, el gobernador promovió una operación en la que se habrían arrestado a 800 personas en el estado.

A pesar del respaldo público, el operativo aún genera interrogantes legales sobre su legalidad, transparencia y posible impacto en derechos civiles, al operar sin información pública clara sobre los protocolos, las capacitaciones o los límites de actuación de los oficiales estatales en funciones federales.