Petro reconoció como negociador de paz a uno de los señalados del ataque al helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi

Él es Sadid Darío Rojas, alias Samir, del frente 36 de las disidencias de las Farc, que fue nombrado negociador de paz - crédito Policía Nacional - suministrado a Infobae Colombia

El Gobierno nacional otorgó el reconocimiento oficial como negociador de paz a Sadid Darío Rojas, alias Samir, miembro del frente 36 de las disidencias de las Farc y que es buscado por las autoridades en Antioquia. Esta decisión, respaldada por una resolución ejecutiva firmada el 21 de noviembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro, se conoció en medio de la controversia por lo que serían los nexos de miembros del Estado con estos grupos.

Alias Samir figura en investigaciones oficiales relacionadas con uno de los episodios violentos más letales contra la Policía Nacional durante el 2025: el ataque a un helicóptero tipo Black Hawk en el municipio de Amalfi (Antioquia), ocurrido el 21 de agosto de 2025, en el que murieron 13 uniformados en circunstancias que generaron alarma.

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De acuerdo con el reporte publicado por Cambio, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada con presencia histórica en la región de Antioquia, asumió posteriormente la autoría del atentado, las autoridades judiciales y de inteligencia insistieron en señalar como principales responsables a miembros de este frente: que está en disputa, incluso, con los hombres de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Sadid Darío Rojas es señalado de estar involucrado en el ataque a un helicóptero en Amalfi (Antioquia), en el que murieron 13 policías - crédito Policía Nacional

La investigación sitúa a alias Samir entre los cabecillas más peligrosos del nororiente antioqueño, y que opera en al menos una docena de municipios del departamento: Campamento, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia y Cáceres. Estos territorios han sido escenario de ataques a la población y disputas entre organizaciones por el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Tras el ataque al helicóptero en agosto, el Gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado a través de su embajada en Bogotá, ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a la identificación y captura de los responsables directos e intelectuales del atentado. Esta medida incrementó la presión sobre las estructuras disidentes en el norte de Antioquia y motivó patrullajes intensificados en la zona.

De acuerdo con el citado medio, la decisión de convertir a alias Samir en interlocutor directo del Estado en el proceso de paz estuvo motivada por la petición expresa de tres bloques disidentes: Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes. Estos grupos emergieron tras la división del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc en varias facciones, cada una con su propio liderazgo armado y motivaciones políticas; ya ajenas a las de alias Iván Mordisco.

Según el texto de la resolución oficial consultado por Cambio, la inclusión de Samir persigue ampliar los canales de diálogo para facilitar la desmovilización, el cese de hostilidades y la entrega paulatina de armas en los territorios donde persiste la confrontación. Junto con Samir, el Ejecutivo reconoció como negociador a Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez, otro de los líderes disidentes, y que apareció mencionado en los chats con ‘Calarcá’.

Alias Danilo Alvizú (derecha), del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, en Putumayo, resultó mencionado en los audios de alias Calarcá - crédito suministrada a Infobae Colombia

Estos insurgentes ejercerá funciones de vocería durante las próximas fases del proceso y contarán con garantías limitadas de desplazamiento y protección personal, siempre bajo supervisión de organismos multilaterales y agencias estatales. En paralelo a su nueva posición como negociador, alias Samir mantiene órdenes de captura y procesos judiciales en curso, pues hasta antes de ser reconocido como delegado, era buscado en zonas rurales del departamento.

En efecto, la fuerza pública reportó de acciones para lograr su detención en Anorí y Amalfi, donde el frente 36 mantiene redes de apoyo logístico y bases móviles, según informes atribuidos por Cambio a fuentes de inteligencia militar. Todo esto, a la par de denuncias de organizaciones civiles y de derechos humanos, que han denunciado desplazamientos masivos, enfrentamientos armados y casos de violaciones al derecho internacional humanitario.

Voceros comunitarios han solicitado a las autoridades la consolidación de una presencia estatal efectiva que garantice la seguridad de la población civil, especialmente en los corredores de movilidad utilizados por los grupos ilegales. La designación de negociadores provenientes de estructuras armadas con graves antecedentes ha generado inquietud entre las víctimas y algunas autoridades locales, que advierten sobre los riesgos de una eventual impunidad.