Persecución en Venezuela: exigen respuestas por la desaparición del dirigente Yandir Loggiodice

hace 3 horas 1
Yandir Loggiodice lleva 45 díasYandir Loggiodice lleva 45 días sin comunicación tras su detención en el estado Bolívar (X-Twitter)

El Partido Centro Democrático (PCD), organización de oposición con importante presencia en la política venezolana, exigió este viernes acceso a información sobre el paradero de su secretario general, Yandir Loggiodice, quien lleva 45 días incomunicado desde su detención.

El partido calificó la captura como irregular y denunció que ha conmocionado tanto a su militancia como a otros sectores críticos del gobierno, intensificando las alertas por una posible violación de derechos fundamentales y garantías judiciales, según detalló la agencia EFE.

De acuerdo con la versión del partido, Loggiodice fue interceptado el 14 de julio mientras se encontraba en resguardo en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.

A través de la red social X, el PCD relató que la intervención incluyó alrededor de treinta agentes encapuchados y armados, quienes irrumpieron con violencia en el lugar donde el dirigente se alojaba. El operativo ocurrió sin ninguna orden legal que justificara la diligencia y, tras llevarse a Loggiodice, los actuantes se negaron a dar explicaciones sobre la naturaleza de la detención o la autoridad que la ordenaba, según el comunicado del partido.

El PCD denunció que, hasta la fecha, ningún familiar ni abogado ha logrado entablar comunicación con Loggiodice, lo que aumenta la preocupación por su integridad física y estado de salud.

Organizaciones denuncian desaparición forzada eOrganizaciones denuncian desaparición forzada e incomunicación prolongada en el caso del secretario general del PCD (X Twitter)

La dirigencia del PCD formuló un reclamo puntual: exigieron la “presentación con vida” de Loggiodice y demandaron su liberación inmediata y sin condiciones. Además, manifestaron temor ante la opacidad con la que las autoridades manejan el caso, advirtiendo posibles consecuencias aún más graves para la seguridad y los derechos individuales del dirigente.

Diversas figuras y organizaciones se sumaron al reclamo. Desde Vente Venezuela, bajo la dirección de María Corina Machado, el Comité de Derechos Humanos coincidió en calificar la actuación como desaparición. Señalaron que la detención ocurrió bajo coordinación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuyos funcionarios encabezaron la incursión.

La tensión creció cuando Machado destacó la vulnerabilidad médica de Loggiodice, ya que porta una válvula craneal y requiere atención especializada; cualquier situación de violencia física podría poner en grave peligro su vida.

María Corina Machado advierte queMaría Corina Machado advierte que la vida de Loggiodice corre peligro por sus condiciones médicas bajo detención clandestina (EFE)

La detención de Loggiodice se produce en medio de una escalada de conflictividad política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante el proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por figuras afines al oficialismo, proclamó la reelección de Nicolás Maduro, mientras se multiplicaban las denuncias de irregularidades y presunto fraude electoral.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de varios partidos opositores, rechazó los resultados y defendió el triunfo de Edmundo González Urrutia, según sus propios recuentos y testimonios. A pesar de las protestas y el rechazo ciudadano, el CNE oficializó el resultado sin validación internacional.

La salud de Loggiodice esLa salud de Loggiodice es motivo de alarma, pues requiere atención médica especializada por portar una válvula craneal (X- Twitter)

El seguimiento de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia permitió cuantificar el impacto de estos hechos. Según Foro Penal, hasta finales de junio de 2025, el número de personas detenidas como “presos políticos” ascendió a 940: 844 hombres, 96 mujeres, cuatro adolescentes y 85 extranjeros, cifras que experimentaron un incremento tras los comicios de julio de 2024.

De ese total, 771 son civiles y 169 militares, de acuerdo con el último informe disponible. Las denuncias más frecuentes incluyen allanamientos sin orden judicial, incomunicación prolongada, tratos crueles, tortura física y psicológica y apertura de procesos sin garantías mínimas.

(Con información de EFE)

Leer artículo completo