Organización en Puerto Rico insiste en pedido para que Gobierno de Trump libere fondos de programa contra violencia comunitaria

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NUEVA YORK – Yamilin Rivera, directora de Comunicaciones y Desarrollo de Taller Salud en Puerto Rico, dijo a El Diario que continúan en espera de la respuesta del gobierno federal al pedido de reconsideración por el freno en fondos del Departamento de Justicia (DOJ) al programa “Community Based Violence Intervention and Prevention Initiative (CVIPI)” dirigido a reducir la violencia comunitaria.

Rivera confirmó a este rotativo que, en abril, recibieron la notificación de la interrupción en el reembolso de dinero.

“A mitad del acuerdo, lo terminaron, porque eran tres años. En abril, nos llegó la comunicación, y nos quedamos con $1 millón y pico sin recibir, sin poder recibir el reembolso en el primer trimestre porque cerraron el sistema online para poder hacer la debida solicitud de reembolso”, explicó Rivera a preguntas de este periódico.

El programa CVIPI fue aprobado por el Congreso en 2022 a través de “Bipartisan Safer Communities Act” o Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras.

El fin del estatuto era mejorar las verificaciones de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años, prevenir la violencia comunitaria, amplíar los servicios de salud mental para niños y familias, e invertir en seguridad escolar y programas de intervención en crisis.

Se suponía que las autoridades federales distribuyeran los $250 millones asignados por la Legislatura en estados y territorios en un periodo de cinco años. Sin embargo, el 22 de abril, el DOJ canceló todos los fondos adjudicados a organizaciones comunitarias en EE.UU. y Puerto Rico, sin previo aviso ni proceso de transición.

En el caso de Puerto Rico, CVIPI era el único programa de intervención de violencia comunitaria.

Al momento de la terminación, quedaban $1,131,041.31 en fondos no utilizados. El contrato con el gobierno federal finalizaba el 30 de septiembre.

Taller Salud resaltó en un boletín informativo sobre el programa que cumplieron cabalmente con todos los requisitos financieros, administrativos y programáticos federales por nueve años.

La terminación se tradujo en la pérdida inmediata de servicios para 80 participantes activos y sus familias, cancelación de todos los ventos comunitarios que alcanzarían a unas 2,000 personas, así como el retroceso en la reducción de la violencia en Loíza, donde está la sede de la entidad, y en siete municipios vecinos.

El 7 de mayo, miembros de Taller Salud, cuyo enfoque es facilitar el acceso de las mujeres a la salud, la reducción de la violencia en entornos comunitarios y el fomento del desarrollo económico, participaron en una jornada de abogacía en Washington D.C., denominada “National Day of Action”.

Como parte de la movilización, alertaron del impacto del retiro de los fondos en los servicios que brinda la organización.

En específico, las activistas destacaron que las distintas iniciativas que encabezan desde el 2012 han significado una reducción del 65% en muertes violentas en zonas de Loíza, ubicado en el noreste de la isla.

Plantearon que la terminación de los fondos pone en riesgo programas vitales que previenen asesinatos, salvan la vida de jóvenes en riesgo y educan sobre masculinidades saludables.

“La eliminación de estos fondos representa una amenaza directa al derecho a la vida y a la seguridad de nuestras comunidades. El trabajo de intervención comunitaria no es un lujo, es una necesidad. Sin estos recursos, se pone en pausa una década de logros y se condena a nuestras juventudes a un futuro sin oportunidades ni apoyo”, expuso Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, en un comunicado con motivo de la jornada en la capital federal.

“Nuestro modelo de intervención no solo reduce la violencia, también crea redes de apoyo, conecta a jóvenes con empleo, y transforma el tejido social de comunidades empobrecidas. Esta decisión gubernamental ignora la evidencia y desmantela procesos comunitarios con resultados comprobados”, añadió la directora ejecutiva en medio de los esfuerzos que incluyeron reuniones con congresistas.

Recientemente, Taller Salud publicó el estudio “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico” que confirma el grave problema de pobreza acceso alimentos en comunidades como Loíza.

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