Avanza en el Congreso proyecto de ley para reestructurar FEMA y que responda directamente a Trump

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NUEVA YORK – El Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el “FEMA Act of 2025” o “Fixing Emergency Management for Americans Act of 2025” (Ley para la Gestión de Emergencias de los Estadounidenses) que busca que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) pase a ser una independiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que responda directamente al Presidente.

La medida fue aprobada por el comité con 57 votos a favor y 3 en contra. El proyecto de ley ahora pasa al pleno de la Cámara.

El H.R. 4669, presentado de manera bipartita el 23 de julio pasado, por el presidente del comité, Sam Graves, republicano de Missouri; y el líder de la minoría, Rick Larsen, demócrata de Washington, además cambiaría la manera en la que se asignan fondos a las demarcaciones afectadas por desastres.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, FEMA estará dirigida por un administrador que será designado por el presidente, con el asesoramiento y consentimiento del Senado, y que se reportará directamente al primer ejecutivo.

Las funciones relacionadas con la agencia bajo la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias y otras serían transferidas a ese administrador, añade el documento.

Bajo la ley Stafford, se proporciona asistencia federal a las jurisdicciones para la respuesta por desastre en caso de una “declaración de emergencia” o una “declaración de desastre mayor”.

La legislación para reformar FEMA busca “desarrollar una capacidad de respuesta federal que, cuando sea necesario y apropiado, pueda actuar con eficacia y rapidez para brindar la asistencia esencial para salvar vidas o proteger o preservar la propiedad, la salud y la seguridad públicas en caso de desastre natural o provocado por el hombre”.

A esos fines, se integrarán las responsabilidades de preparación, respuesta, recuperación y mitigación ante emergencias de la agencia para afrontar “eficazmente” los desafíos de un desastre.

Un análisis de la Asociación Nacional de Condados (NACo) sobre el trámite de la medida resalta que el proyecto de ley introduciría cambios “radicales” para agilizar la financiación y hacer más efectivo el programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA.

Ese programa proporciona asistencia financiera a los gobiernos estatales, tribales y territoriales para respuesta y recuperación por desastres. Entre otras cosas, los fondos del PA se utilizan para el reemplazo y reconstrucción de instalaciones públicas.

La legislación, según NACo, facilitaría una transición en el programa de PA del modelo de reembolso a uno de subvenciones, “con la posibilidad de que las subvenciones se otorguen directamente a los condados”.

Por otro lado, FEMA tendría 120 días a partir de la fecha de presentación de la estimación de costos para poner a disposición los fondos.

De convertirse en ley, los procesos de revisión de preservación ambiental e histórica (EHP) para proyectos se tendrían que hacer en un periodo más corto.

La pieza legislativa también implicaría reformas al programa de Asistencia Individual (IA) por medio de la creación de una solicitud universal para desastres para simplificar y agilizar el proceso.

Otras disposiciones prohibirían a FEMA emitir cartas de denegación antes de la determinación final del seguro en casos de reparación de hogares.

La Liga Nacional de Ciudades (NLC) destacó en un artículo que un nuevo programa de subvenciones en bloque cubriría eventos que provoquen daños de entre $1 millón y $10 millones, pero que no alcanzan los umbrales de desastre mayor. “FEMA debe distribuir estas subvenciones dentro de los 30 días posteriores a la declaración, con un mínimo del 75% de participación federal en los costos”, especifica la NCL

Por otro lado, FEMA tendría que proporcionar hasta el 25% de la participación federal aprobada para obras de emergencia, como la remoción de escombros y las medidas de protección, dentro de los 10 días posteriores a la declaración.

El caso de Puerto Rico

En territorios como Puerto Rico, los fondos FEMA para desastres representan buena parte del financiamiento para obras de reconstrucción desde el huracán María en el 2017.

Al momento, y, según los datos más recientes en la página web de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), de los $37,572,058,880 obligados por FEMA bajo el programa de Asistencia Pública, $12,059,181,548 han sido desembolsados por COR3.

COR3 es la agencia establecida por el gobierno de Puerto Rico para desembolsar fondos federales para reconstrucción amunicipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro una vez FEMA los obliga.

Precisamente, la Administración de la gobernadora Jenniffer González anunció la semana pasada que, el 24 de septiembre, miembros del “Consejo de Revisión de FEMA” (FEMA Review Council), creado por el presidente Donald Trump, visitarán la isla como parte de los esfuerzos para reestructurar la agencia.

El organismo realizará una vista ejecutiva en la que participarán jefes de agencias con el fin de recoger el insumo directo sobre las reformas propuestas para FEMA y su impacto en el territorio.

El Consejo fue creado mediante orden ejecutiva para asesorar al presidente sobre los cambios propuestos para la agencia.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) describió el FEMA Act of 2025 como “la reforma más significativa en décadas al sistema federal de respuesta a desastres”.

Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA, indicó en un comunicado enviado a El Diario que permanecen atentos a los cambios en la estructura de FEMA que se evalúan en el Congreso.

“El Gobierno de Puerto Rico, bajo el liderato de la gobernadora Jenniffer González Colón, se mantiene atento a estos cambios por su impacto directo en las políticas federales de recuperación y preparación que aplican a la isla. El proyecto aprobado por el comité complementa las discusiones que se están realizando por parte del ejecutivo a través del FEMA Review Council, que estará en Puerto Rico en las próximas semanas. Nuestro compromiso es siempre abogar para que se tomen en cuenta las realidades y necesidades de Puerto Rico dentro de cualquier reforma al sistema federal de respuesta a desastres”, compartió Boffelli.

Entre los ajustes propuestos en el proyecto, la funcionaria destacó agilizar los programas de respuesta y recuperación para acelerar la entrega de asistencia, incentivar la preparación estatal y local, incluyendo inversiones en mitigación y cobertura de seguros; simplificar la experiencia de los damnificados mediante una solicitud universal de asistencia; mejorar la transparencia y la rendición de cuentas con protecciones en la distribución de ayudas, y modernizar los procesos de permisos, adquisiciones y mitigación para reducir costos a largo plazo y acelerar la reconstrucción.

Según la página de monitoreo de medidas Congress.gov, la legislación cuenta con ocho coauspiciadores republicanos y cinco demócratas.

El H.R. 4669 también se encontraba ante la consideración del comité de Seguridad Nacional de la Cámara.