Nydia Velázquez dice estar frustrada por auditoría que reveló pérdida de $1 millón en fondos para pescadores en Puerto Rico

Nueva York – Luego de que una auditoría arrojara que $1 millón de dólares en fondos federales no fue distribuido a pescadores en Puerto Rico tras la pandemia por COVID-19, la representante demócrata en el Congreso Nydia Velázquez emplazó a que se continúe supervisando el uso de dinero asignado por el gobierno federal a la isla.

“Nosotros no podemos dejar que esto se convierta en una norma”, planteó Velázquez mediante un comunicado enviado a El Diario.  “Con solo  27% de los $41,000 millones asignados para la recuperación de Puerto Rico gastado hasta el momento, cada dólar debe ser monitoreado y cada agencia debe rendir cuentas”, argumentó.

Este viernes, la congresista de Nueva York de origen puertorriqueño notificó sobre los resultados de la indagación que solicitó y que revelaron que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico no distribuyó parte de los $3.9 millones, resultado de dos acuerdos con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Bajo los convenios de colaboración, cada pescador elegible se suponía que recibiera entre $2,419 y $15,000 por pérdidas sufridas durante la pandemia.

La auditoría fue publicada el miércoles por la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Velázquez la había solicitado en el 2022.

Las ayudas habían sido asignadas a través de la Ley CARES (La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus) y la Ley de Asignaciones Consolidadas (CAA) de 2021 aprobadas en el Congreso.

A juicio de Velázquez, la situación prueba como un manejo “unilateral” de los recursos no es de beneficio para las comunidades.

“Es increíblemente frustrante ver cómo estos fondos, que pudieron hacer una gran diferencia, se perdieron”, señaló Velázquez. “Los pescadores puertorriqueños han pasado años esperando por ayuda, solo para ver estos recursos mal administrados. Esto confirma lo que ellos han estado diciendo desde el principio y muestra cómo decisiones administrativas opacas y unilaterales en el manejo de fondos de recuperación afectan directamente a las comunidades más necesitadas”, agregó.

Para Juan Capella Noya, consultor comunitario de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA Inc.), las revelaciones de la auditoría reflejan la falta de urgencia y compromiso de la agencia en Puerto Rico para manejar el financiamiento federal.

“La auditoría refleja la falta de urgencia y compromiso mostrado por el Departmento de Agricultura para administrar fondos de la Ley de Asignaciones Consolidadas, algo que los pescadores consecuentemente han denunciado y una de las razones por la que están pidiendo al Departamento nombrar a un nuevo director del programa de pescadores…”, leen las declaraciones escritas de Capella Noya incluidas en el comunicado de Velázquez.  

Los hallazgos apuntan a que el Departamento de Agricultura en la isla falló en distribuir $2.9 millones en pagos directos como parte de la segunda ronda de financiamiento, a pesar de que NOAA otorgó múltiples extensiones a la fecha límite.

Los oficiales en la isla atribuyeron la situación a la desconfianza de los ciudadanos con el proceso y preocupación sobre lo que harían con sus datos contributivos. Sin embargo, en el documento de solicitud, se indicaba que no era requerido presentar ese tipo de información.

Por otro lado, el Departamento intentó emplear $1.5 millones de los fondos no utilizados para comprar equipo. Esa solicitud fue denegada por NOAA, ya que no iba acorde con los propósitos del programa.

Posteriormente, la oficina en Puerto Rico reclamó casi $400,000 en gastos administrativos, lo que era equivalente a $682 por cada uno de los 586 cheques que se distribuyeron. No fondos no utilizados serían devueltos al Departamento del Tesoro.

El documento con los resultados de la auditoría explica que, en marzo de 2020, el Congreso aprobó la ley CARES, que incluía $300 millones para asistencia a pescadores en estados, tribus y territorios que habían sido impactados por la pandemia. De esos $300 millones, Puerto Rico recibió $1 millón. En diciembre de ese mismo año, la Legislatura en Washington D.C., aprobó CAA, bajo la que asignaron unos $255 millones adicionales a  NOAA Fisheries para apoyar los fondos previamente aprobados. La ley de consolidaciones otorgó, aproximadamente, $3 millones a la isla de los $255 millones.  A su vez, la entidad adjudicó dos acuerdos de cooperación separados al Departamento de Agricultura que totalizaron $3,960,036, uno en julio de 2020 y otro en agosto de 2021.

La intención detrás de los fondos federales era responder al impacto económico que la pandemia había provocado en el sector. Los pescadores son parte esencial de la economía costera en el archipiélago.

“Durante la pandemia de COVID-19, el confinamiento y la falta de turistas redujeron la demanda de productos del mar al por menor y generaron una importante presión sobre los precios del suministro local de pescado. Muchos pescadores tienen más de 50 años y limitaron su exposición para protegerse del virus, lo que redujo la disponibilidad de pescado y afectó sus ingresos durante la pandemia. Con el paquete de estímulo de la Ley CARES, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico planeó apoyar a sus cruciales industrias de acuicultura, pesca y productos del mar mediante pagos directos a los pescadores”, lee parte del reporte de 12 páginas.

El informe no incluye una recomendación específica, pero la OIG hizo referencia a hallazgos y recomendaciones similares contenidos en un reporte previo titulado “El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico desembolsó los fondos correctamente, pero tardó en gastar los fondos de asistencia para desastres pesqueros”.

“Nosotros recomendamos en el reporte previo que NOAA documente todas las actividades de seguimiento del proyecto en los archivos oficiales de la adjudicación acorde con el Manual de Subvenciones y Acuerdos Cooperativos del Departamento de Comercio. NOAA concurrió con la recomendación en ese reporte”, añade la Oficina del Inspector General.   

Para determinar el estatus de las adjudicaciones, los requisitos de elegibilidad y la disponibilidad de documentos, la OIG realizó pruebas en un total de 74 expedientes de adjudicaciones, incluyendo una muestra de los 15 pagos más altos y se muestrearon 61 expedientes.

También se evaluaron las comunicaciones entre la NOAA y el Departamento de Agricultura para determinar la efectividad de la supervisión que la oficina federal proveyó de los programas de asistencia bajo ambas leyes.

Adicional, se realizaron visitas a San Juan, capital de Puerto Rico, entre el 5 de febrero y el 9 de febrero de 2024 para revisar los archivos, y se realizaron entrevistas a personal de Manejo de Subvenciones y de la Oficina de Programas de NOAA, así como de empleados de Agricultura en la isla.