Miembro de la Junta justifica larga presencia de organismo en Puerto Rico: es la quiebra más grande en la historia de EE.UU.

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Nueva York – Cameron McKenzie, miembro de la Junta de Control Fiscal (FOBM) en Puerto Rico, apostó a una reforma contributiva holística para impulsar el desarrollo económico de la isla sometida desde el 2016 a las decisiones fiscales del ente federal que lidera los procesos de reestructuración de deuda pública.

“Nosotros estuvimos hablando como hace seis meses en la Junta con todos los gremios, y se lo pedimos, nosotros necesitamos una reforma contributiva que sea holística que ayude a las personas; primero un alivio al bolsillo, y segundo, que puedan crecer sus negocios. Eso se está trabajando. Eso me tiene bien entusiasmado”, dijo desde el foro “Estado actual de la economía: Desarrollo económico y bienestar de Puerto Rico” auspiciado por Supermercados Econo.

“Lo segundo: el Gobierno está trabajando de cerca con nosotros para ver qué podemos hacer para facilitar y agilizar el comercio con permisos. Lo que eran los nueve puntos de la Cámara de Comercio…”, añadió el también expresidente de la entidad que representa a pequeños, medianos y grandes negocios en el territorio.

Las declaraciones de McKenzie este viernes se dieron a preguntas del presidente de la cadena puertorriqueña de supermercados, Eduardo Marxuach.

Según el banquero, para avanzar en esta segunda meta hace falta que el sector privado grite.

“Nosotros verdaderamente necesitamos que el sector privado grite. Necesitamos que ponga sus dos pies en la tierra y le diga (al gobierno): ‘Miren señores, nosotros estamos aquí, faja’os y necesitamos que nos hagan la vida más fácil para nosotros poder crecer los negocios’”, emplazó el inversor.

“Para mí es esencial el que se cree un Puerto Rico próspero y la prosperidad viene del desarrollo económico y, ¿qué mejor que el sector privado?”, añadió McKenzie al periódico EL VOCERO.

“Necesitamos el apoyo del sector privado sin duda alguna… La Junta de Supervisión Fiscal necesita que las personas entiendan que nosotros nos queremos ir”, afirmó.

Sobre la gestión que debe hacer el gobierno de Puerto Rico a esos fines, dijo que están trabajando arduamente.

“Estamos viendo bastante alineados ese punto”, aseguró McKenzie.

Para que la Junta abandone la isla, según la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que creó el organismo, se deben aprobar cuatro presupuestos balanceados y lograr que el territorio reingrese al mercado de bonos.

A la pregunta de Marxuach sobre cuántos presupuestos balanceados consecutivos se han aprobado en Puerto Rico, McKenzie dijo que ninguno.

“Esto lo dije en (el programa Jugando) Pelota Dura y me brincaron encima. No llevamos ni uno. La razón por la que me siento esperanzado es porque ahora mismo están trabajando en el ERP (Planificación de Recursos Empresariales). Aquí, la gran mayoría, son dueños de negocios…Para tú poder tener esos libros al día y cerrar esos préstamos, ¿qué necesitas?…Ese sistema de contabilidad tiene que cerrarse todos los meses, ver cómo está al final del año, y eso el Gobierno lo está implementando ahora. No lo tiene. Eso es una de las cosas que me da a mí esperanza de que la Junta se va a poder disolver más rápido. La segunda cosa, el opal. Y esto es algo que no se habla mucho (Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) y se los pido, por favor, que hagan su búsqueda…Ahora, la Asamblea Legislativa tiene una entidad donde pueden decirle, ‘mira, yo tengo esta idea’…. ,‘dame tu opinión sobre esa idea y déjame saber si tiene un impacto’”, abundó.

La declaración del miembro de la FOMBR contrasta con lo que esboza la Administración de la gobernadora Jenniffer González, quien el mes pasado se atribuyó la firma del primer presupuesto balanceado con cargo al Fondo General.

El inversionista defendió los $2,000 millones en gastos de la Junta con el dinero de los puertorriqueños para firmas de asesoría legal y consultores como parte del proceso de reestructuración.

“Nosotros estamos hablando de la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos, la quiebra más grande de la historia de EE.UU. Cuando tú estás negociando contra personas que tienen billones de dólares para perder, posiblemente esas personas pierdan su empleo, pierden el dinero de los pensionados, estamos hablando de los bonistas…ellos van a contratar, te lo garantizo porque lo he visto, los mejores abogados y asesores que ellos pudieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si vas a estar montándote al ring contra un peleador de primera clase, más vale que el que sea tu gallo allá arriba sea el mejor peleador, y eso es en gran parte por lo que ha subido tanto el presupuesto”, argumentó.

La Junta junto al gobierno de Puerto Rico ha reestructurado hasta la fecha cerca del 80% de la deuda pública. En términos de la deuda del gobierno central, la Junta se atribuye haber reducido de $70, 000 millones a $37,000 millones el monto.

La jueza federal de Nueva York Laura Taylor Swain, que ve el caso por la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, confirmó el plan de ajuste el gobierno central en enero del 2022.

Al momento, la Junta se enfoca en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“El problema grande que tenemos ahora y no puedo entrar en tantísimo detalle, pero en esta última negociación se nos va la vida si no se hace bien”, planteó.

McKenzie justificó la lentitud de los procesos bajo el argumento de que buscan un plan que no sea engavetado.

“Lo que no queremos que pase, que es lo que ha pasado mil veces, es que se crea un plan y luego se engaveta”, afirmó.

Esta semana, se reavivó el debate sobre la salida de la Junta de Puerto Rico luego de que el comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes realizara una audiencia para evaluar el panorama fiscal de la isla bajo PROMESA a la que fue citado el director ejecutivo de la Junta, Robert Mújica, entre otras partes involucradas.

Para el empresario, si la Junta se va mañana, el propósito de PROMESA no se cumpliría.

“Si me estás preguntando si creo que va a haber una posibilidad de quiebra en un futuro si se va ahora (la JSF), te diría que sí, hay posibilidades”, declaró McKenzie a preguntas de El Nuevo Día.

¿Quién es Cameron McKenzie?

El inversor es fundador y CEO del banco de inversión McKenzie & Associates, que brinda asesoría financiera y servicios de mercado de capitales a empresas del mercado medio en EE.UU. y Latinoamérica.

McKenzie, quien también funge como Cónsul Honorario de Japón en Puerto Rico, se sumó a la Junta en diciembre de 2024, tras ser nombrado en septiembre por el expresidente Joe Biden con el insumo de líderes republicanos en el Congreso.

El financiero presidió la Junta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico de 2022 a 2023.

Con la llegada de McKenzie, se cuadró la cuota de siete miembros requeridos en la Junta.

Durante la audiencia en el Congreso y a preguntas del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, Mujica dijo que, mínimo y si cumple con el requisito de los presupuestos balanceados, la Junta continuará operando en la isla por cuatro años más.

“Los próximos cuatro años podrían llevar a cuatro presupuestos balanceados consecutivos. Y en ese periodo de tiempo nosotros podríamos hacer esas reformas. Pero nosotros necesitamos hacer al Gobierno responsable para asegurarnos que esas reformas realmente ocurran”, contestó.

Mujica responsabilizó al gobierno de Puerto Rico y a las distintas administraciones por la extensión de la Junta en el territorio.

“Es la culpa del Gobierno. Las herramientas y los mecanismos para que la Junta se vaya están en las manos del Gobierno”, insistió el director ejecutivo.

Sobre el presupuesto anunciado por la gobernadora, lo describió como un buen comienzo.

Al cuestionamiento de que los gastos en los que ha incurrido la Junta en consultores en casi 10 años es cinco veces más lo que estimó la Oficina de Presupuesto Congresional (Congressional Budget Office) o $370 millones de dólares, replicó: “Seamos claros. La Junta le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico más de $60,000 millones; $60,000 millones que los oficiales electos han incurrido en 16 años consecutivos, y eso resultó en las reducciones y las cosas que se han tenido que hacer”.

¿Cuáles son los poderes de la Junta en Puerto Rico?

En el proceso de reestructuración bajo PROMESA la Junta actúa como representante del deudor que en este caso es el gobierno de Puerto Rico.

El Artículo 314 especifica que la Junta podrá tomar cualquier acción a nombre del deudor para asegurar la restructuración.

La Junta además es el ente que aprueba todos los planes fiscales sometidos por el gobernador o gobernadora, en este caso. Si el gobernador no cumple con un plan que satisfaga a la Junta dentro del plazo establecido, el organismo impondrá su propio plan al gobernador y a la Asamblea Legislativa que se considerará como aprobado.

La ley además establece que, para garantizar responsabilidad administrativa, la Junta tienen la facultad de reducir personal, aplicar cambios en el pago de pensiones así como en la relación estructural de departamentos y agencias. La Junta también está autorizada por ley a modificar estructuras de recaudos o establecer nuevas, así como a privatizar y entidades públicas.

Aunque la principal misión es reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico, bajo PROMESA existe una provisión que estableció la creación de un grupo de trabajo en el Congreso cuyo enfoque sería el crecimiento económico de Puerto Rico. De acuerdo con las disposiciones del estatuto federal, el equipo congresional debía preparar un informe antes del 31 de diciembre del 2016, en el cual se examinará cómo las leyes federales impiden el crecimiento económico de Puerto Rico.

Un Informe de Estatus de los Trabajos en Cámara y del Senado que divulgó Comité de Finanzas de este último para septiembre del referido año hace referencia al curso de los trabajos.

Sin embargo, el reporte no ofrece datos específicos sobre medidas de desarrollo económico.

“Al igual que otros observadores, el Grupo de Trabajo está preocupado por la relativa falta de datos confiables sobre determinados aspectos de la situación económica, financiera y fiscal de Puerto Rico, los cuales son necesarios para un análisis productivo conducentes a elaborar recomendaciones razonables de política pública”, esboza el documento de siete páginas.

También se menciona la comunicación con varias agencias y entidades federales y en Puerto Rico para recabar insumo que lleve a la creación y ejecución de un plan de desarrollo económico.