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MIAMI.- En una decisión dividida, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó el martes 17 de junio un controvertido acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa federal 287(g), el cual autoriza a agentes locales a realizar funciones de inmigración durante operativos rutinarios.
La resolución R5 fue adoptada con tres votos a favor y dos en contra, tras una intensa sesión con fuerte oposición por parte de activistas, residentes y líderes comunitarios.
Colaboración con ICE
Este acuerdo faculta a ciertos oficiales del Departamento de Policía de Miami a interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país, además de brindarles acceso directo a la base de datos y sistema de gestión de casos de ICE.
La medida se adopta en una ciudad donde más de la mitad de los residentes nacieron en el extranjero, según el Censo de EEUU, y donde el tema migratorio es especialmente sensible. Además, todos los comisionados de la municipalidad son de origen foráneo.
Gran rechazo de los residentes
Durante el debate, numerosos ciudadanos tomaron la palabra para expresar su rechazo. Katrina Morris denunció una “grave objeción moral” a colaborar con ICE y alertó sobre el impacto en la seguridad pública al desviar recursos policiales. River Ramírez recordó los abusos documentados en centros de detención de inmigrantes, como violencia sexual y arrestos arbitrarios por perfil racial. Johan Muñoz Tabasco, educador y exindocumentado, señaló que la medida siembra temor entre sus estudiantes y socava la confianza en las autoridades. Margaret Godhold, por su parte, evocó su infancia bajo la dictadura argentina y comparó el acuerdo con prácticas autoritarias.
El programa 287(g), aunque es voluntario bajo la ley federal, ha sido impulsado por el gobierno estatal de Florida con presión política y amenazas de recortes presupuestarios.
Consideraciones en cuenta
El abogado municipal George K. Wysong reconoció la ambigüedad legal en torno al cumplimiento obligatorio de esta política por parte de la municipalidad, mientras que el jefe de policía Manuel Morales defendió la iniciativa como un mecanismo de alineación con las exigencias del estado.
Los comisionados Joe Carollo, Ralph Rosado, y Miguel Ángel Gabela justificaron su voto a favor como una medida necesaria para evitar la pérdida de aproximadamente 20 millones de dólares en fondos estatales y federales, incluyendo subvenciones Byrne y JAG.
Carollo, en una intervención de más de 20 minutos, evocó su historia como inmigrante, pero también manifestó preocupaciones sobre la seguridad nacional y el riesgo de ingreso descontrolado al país.
Por el contrario, los comisionados Christine King y Damian Pardo votaron en contra. Pardo, autor de una moción fallida para posponer la votación hasta la resolución de una demanda judicial de la ciudad de South Miami, advirtió que el acuerdo daña la imagen internacional de Miami como ciudad abierta e interconectada con América Latina, el Caribe y Europa, y va en contra de los valores fundacionales de la ciudad.
El trasfondo legal se ha tornado aún más relevante tras la demanda presentada por el alcalde de South Miami, Javier Fernández, quien busca una sentencia declaratoria contra el gobernador Ron DeSantis y la fiscal general estatal. Su argumento es que, al no operar una cárcel de condado, su ciudad no debería estar obligada a aplicar el programa 287(g).
Según datos oficiales, hasta el 16 de junio, ICE había firmado más de 700 acuerdos 287(g) en 40 estados. En Florida, los 67 condados han formalizado convenios para implementar este programa, además algunas ciudades como Hialeah, Coral Gables, Homestead, Davie, Sunny Isles, Orlando, West Miami, Key West, entre otras.
La decisión de Miami se produce en un contexto de creciente escrutinio y tensión entre políticas migratorias federales, estatales y locales, que plantea profundas implicaciones legales, económicas y sociales para una de las ciudades más diversas del país.
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