Medida de Maduro saca a la luz la oscura historia del sistema eléctrico

La falta de una gestión confiable y de calidad estatal salta a la luz en las repetidas y largas interrupciones de electricidad que afectan a las regiones, y que la empresa estatal Corpoelec no ha logrado hacer cesar desde los grandes apagones de marzo de 2019.

La historia del servicio registra una crisis eléctrica (2008-2009) y dos emergencias en el sector (2010-2016) decretadas con motivo de una “sequía” que el gobierno nunca previó.

Este marzo, de nuevo el régimen de Nicolás Maduro alega “emergencia climática para resolver su “imprevisión”, afirman expertos. Resolvió que a partir del 24 de marzo los venezolanos deben “contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico”, y redujo a la mitad la jornada laboral de ocho horas de los organismos del Estado, durante seis semanas.

“La medida se toma debido al aumento significativo de las temperaturas globales, que ha afectado los niveles de agua en los embalses, especialmente en la región andina”, según el comunicado oficial.

Una excusa de Maduro

La decisión es considerada una “burda excusa” y su argumento “inconsistente” en medio de la recesión que afecta la producción nacional, según los especialistas. Destacan que no resuelve el problema eléctrico en la región andina ni en el territorio nacional.

“El problema del sistema es nacional. Además, trabajar día y medio no va a hacer que suban de nivel los embalses de los Andes”, afirma el ingeniero José Aguilar, consultor internacional del tema eléctrico. Y apela al refrán ‘piensa mal y acertarás’. “Creo que tienen en camino otro problemón, seguro tienen más, pero no lo van a decir”.

Además crea un grave problema adicional.

“La ineficiencia en el manejo del sistema eléctrico está llevando a la economía a profundizar la recesión que ya se veía a comienzo de este año 2025, y quiere decir que una vez más el modelo económico fracasó”, afirma en sus redes el economista José Guerra, diputado y ex investigador del Banco Central.

Inoperancia en Venezuela

La región andina que alude la comunicación oficial y está compuesta por cinco estados (Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y el Alto Apure) cuenta con cinco embalses que “han dejado en el suelo” y que operan cerca o por debajo del nivel mínimo para la generación de hidroelectricidad, según Aguilar.

Estos reservorios de agua, explica, generan 4.000 gigavatios horas (GWh) anuales, pero la región andina necesita cerca de 9.000 Gwh, lo que indica un déficit de 6,7 GWh, “que va en vía de crecimiento”.

“El estado de los embalses no se debe al cambio climático, sino al mal manejo de estos”, afirma el experto.

Estos embalses deben trabajarse al 100% durante tres meses al año, y los otros nueve durante ocho horas, mientras que las otras 16 horas deben operarse entre un 25% y un tercio de la capacidad, para que no se sequen, según explica. Pero no lo hicieron.

“En nueve meses durante 16 horas, en vez de operar el embalse al 25% o 30% de la capacidad instalada lo operaron al 127% como si estuviera entrando agua. Lo secaron, pero la culpa siempre se la echan a otro”.

Cuando falla la generación hidroeléctrica a través de los embalses la termoelectricidad (unidades que operan con combustible) ofrece la generación auxiliar suficiente para ayudar a solventar el problema eléctrico. Pero la región andina no la tiene.

“La región andina tiene dos unidades mayores, las unidades termoeléctricas tienen una capacidad instalada que sumada a la generación distribuida que puso Hugo Chávez es de 1,825 MW de potencia instalada. Pero de estos lo único que trabajan son 110 MW y por momentos 200 si llega suficiente combustible. Hasta el momento, todo ese hueco se ha cubierto con los embalses”.

Crisis del sistema eléctrico

El problema de la región andina es apenas un reflejo de la situación general del sistema eléctrico, cuyos apagones recurrentes generaron más de 100,000 protestas ciudadanas en las calles de Venezuela, durante 20 años (2000-2020).

La red presenta problemas en toda la cadena de generación, transmisión, distribución y hasta comercialización que permite llevar la luz a los venezolanos, coinciden ingenieros. Y no por falta de planes ni obras.

Solo en proyectos, Venezuela destinó para el sistema eléctrico más de 29 mil millones de dólares desde 2010 hasta 2016, según un informe de la ONG Transparencia Venezuela. Y además se aplicaron severos programas de racionamiento a la población.

Pero esto no redundó en mejoras del suministro, sino en denuncias de corrupción.

La situación nacional, a diferencia de países de América Latina como Argentina y Ecuador que han sufrido recientes apagones, ubica el sistema “a la par del continente africano”, según Aguilar.

La capacidad instalada a escala nacional es de 36,000 MW, de los cuales casi 17,000 son renovables, entre eólicos e hidráulicos, y 19,000 restantes son térmicos. Y estos registran la mayor dificultad. La demanda es de 14.000 MW en la actualidad y una disponibilidad de alrededor de 12,000 MW “si no se presentan problemas”, dice.

“La generación térmica brilla por su ausencia, primero porque gran cantidad de esa generación está inservible, otra indisponible por avería o canibalizada; y un contingente de MW que quedan y batallan tienen serias limitaciones de combustible”.

Sin mantenimiento

Y en hidroelectricidad, principal fuente de generación, los embalses están “en descenso”.

El Guri, ubicado en el sur, del cual depende Caracas y la mayor parte del país, “se aleja en estos momentos de la mejor cota para operar y sigue descendiendo”, aunque esto es usual en el primer trimestre de cada año, según Aguilar. Pero destaca un cambio inusual.

Desde 2024, el Guri presenta, por primera vez en ocho años consecutivos, “un descenso apreciable”, dice, lo permite avizorar limitaciones de dar luz si no se toman medidas sobre termoelectricidad.

“Si las condiciones climáticas están incidiendo, se requieren unidades de termoelectricidad con combustible, pero el problema es la falta de mantenimiento”.

La red transmisión que transporta electricidad al resto del país por largas líneas se encuentra “bastante averiada”, según el experto.

Hasta la fecha, ningún experto ve con claridad el costo de rescatar el sistema eléctrico, más allá de “ineficaces” medidas. “Eso solo lo sabe Papá Dios”, afirma Aguilar.

Medida genera contracción

El economista José Guerra recuerda que durante la crisis de 2009 que ocasionó un gran apagón, el Parlamento autorizó 30 mil millones de dólares para el servicio eléctrico, pero “esa plata la despilfarraron y hoy tenemos las consecuencias”.

Explica el alcance de la medida eléctrica en medio de una creciente recesión.

“Cuando se reduce una jornada de trabajo - y esta no es una cualquiera porque se trabajaría en realidad día y medio- se tiene un efecto de contracción en la actividad económica, pues hay que recordar que la producción del sector público, los bienes y servicios que genera, da cuenta de casi la mitad del PIB. Si se reduce la jornada de trabajo prácticamente a día y medio se produce un choque de oferta, esto da lugar a una contracción de la actividad económica, es decir, el efecto de esta reducción de la jornada va a provocar una mayor caída de la actividad que ha ya se aprecia: ineficiencia y corrupción en el manejo del sistema eléctrico”.

FUENTE: Entrevista a ingeniero José Aguilar, con información de redes