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La normativa establece lineamientos claves para las empresas de vigilancia que requieren del apoyo canino- crédito Secretaría de Alcaldía de BogotáLa Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reglamentó una serie de medidas para regular el trabajo de los perros empleados por empresas privadas en labores de seguridad, tras constatar irregularidades que incluyeron la muerte de un animal dentro del aeropuerto El Dorado en noviembre de 2023.
La norma, expedida en octubre de 2025, establece una jornada máxima de entre seis y ocho horas diarias, exige certificaciones anuales y prohíbe métodos de adiestramiento violento.
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El detonante de esta regulación fue la muerte de Limonar, un perro integrante del equipo de seguridad canino del aeropuerto El Dorado en Bogotá, quien según investigaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada falleció por asfixia, pese a que inicialmente se reportó como un accidente.
El 7 de noviembre de 2023, la entidad recibió una denuncia ciudadana detallando el estado en que se encontraba el animal.
A raíz de esta alerta, durante una visita de inspección a la empresa encargada, Logiscan Ltda., funcionarios comprobaron que la compañía desarrollaba actividades de vigilancia con perros sin contar con la licencia correspondiente y sin cumplir requisitos técnicos y sanitarios para el bienestar animal.
Adicionalmente, se halló que los caninos, incluidos los asignados a labores de seguridad en colaboración con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se encontraban en condiciones inadecuadas.
El informe determinó que Logiscan Ltda. carecía de licencia para operar con caninos, mantenía fallas sanitarias y tenía bajo su cuidado animales en situaciones incompatibles con la normativa vigente. Ante estos hallazgos, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las actividades de la empresa con perros y dispuso el cierre escalonado de los contratos vigentes.
También compulsó copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Ambiental, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y otras autoridades. Hasta el momento, el ICA no se ha pronunciado sobre las investigaciones en curso.
La entidad abrió un proceso administrativo sancionatorio contra el ICA, que había contratado los servicios de Logiscan Ltda. sin la debida autorización. La Superintendencia afirmó que el caso estuvo paralizado varios meses, pero fue reactivado para esclarecer no solo la muerte de Limonar sino el vacío regulatorio que permitió estas situaciones.
A raíz de este caso y tras la expedición de la Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025), se fijaron nuevas exigencias para empresas de seguridad privada que utilicen perros en sus servicios.
La llamada Ley Lorenzo recibe su nombre por un caso previo de maltrato a un canino en un centro comercial de Bogotá que motivó la promoción de una normativa orientada a proteger a estos animales y mejorar sus condiciones de trabajo y retiro.
Según la resolución, las jornadas serán así:
- Seis horas diarias para perros que realizan detección de sustancias peligrosas,
- Ocho horas diarias para aquellos asignados a defensa controlada o al acompañamiento de vigilancia.
Además, las empresas deberán cumplir requisitos como:
- Renovar anualmente su autorización para operar con perros de seguridad.
- Certificaciones actualizadas de salud y entrenamiento.
- Contratar pólizas de responsabilidad civil.
- Contar con convenios activos con clínicas veterinarias.
La normativa también prohíbe de forma expresa el uso de castigos violentos en el adiestramiento de los canes, exige protocolos de bioseguridad para alimentos y transporte, y establece el registro riguroso de las horas trabajadas por cada animal.
Las condiciones deberán comprobarse mediante bitácoras de seguimiento, que estarán bajo inspección periódica, incluso sorpresiva, por parte de la superintendencia.
El ente de control advirtió que se han identificado más compañías que incumplen estándares de bienestar canino y anunció mayores controles en el corto plazo. Asimismo precisó que el objetivo final de la política pública es avanzar hacia un reemplazo tecnológico de los caninos por medios electrónicos.
El Tiempo recogió la opinión de Juan Carlos Medina, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip). “La regulación permite fortalecer el vínculo entre el manejador y el animal y favorece la profesionalización del sector. Lo relevante es que se garantice el bienestar de los caninos y la idoneidad de quienes los manejan”, sostuvo.
Según el ejecutivo, los perros siguen siendo necesarios en el sector, pese a los avances tecnológicos, siempre que no cumplan funciones en espacios cerrados ni donde la seguridad ciudadana corra riesgos.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aclaró que la nueva regulación se aplica exclusivamente a empresas privadas del sector y no afecta a los perros empleados por la Policía o las Fuerzas Militares, cuyas condiciones laborales y bienestar están sujetas a lineamientos propios.
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