
Los fiscales federales han negado que se haya espiado deliberadamente una conversación telefónica entre Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, y su abogada defensora.
Según informó ABC News, los fiscales aseguraron que ni el gobierno estatal ni el federal intervinieron directamente en la llamada, que fue grabada como parte de los procedimientos habituales en las cárceles.
Este caso ha generado controversia tras las acusaciones de la defensa sobre una supuesta escucha indebida.

En una comparecencia reciente, la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo afirmó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan habían escuchado una grabación de una llamada entre Mangione y su equipo legal.
La jueza Margaret Garnett solicitó una aclaración al respecto, lo que llevó a los fiscales federales a presentar un documento judicial explicando los hechos.
En este documento, los fiscales señalaron que las llamadas realizadas desde las cárceles suelen ser grabadas y que tanto el acusado como la persona con la que se comunica son notificados de esta práctica.
De acuerdo con la presentación judicial, un asistente legal escuchó accidentalmente una llamada entre Mangione y Agnifilo, pero detuvo la reproducción tan pronto como identificó que se trataba de una conversación con un abogado.
Los fiscales también recordaron a la defensa que existen mecanismos para evitar que las llamadas entre abogados y clientes encarcelados sean grabadas. Esto sugiere que no era necesario tomar medidas adicionales en este caso.

La acusación, presentada por un gran jurado federal en Nueva York, menciona cuatro cargos, entre ellos dos por acoso, uno por posesión de armas y el más grave, asesinato con el uso de un arma de fuego. Estos señalamientos se originan en la muerte del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, ocurrido el pasado 4 de diciembre.
Según los informes, Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Midtown Manhattan mientras se dirigía a una conferencia de inversionistas.
Tras el crimen, Mangione permaneció prófugo hasta su captura en Altoona, Pensilvania, cinco días después. Luego de su aprehensión, las autoridades presentaron una denuncia federal inicial, preludio de esta acusación formal que lo coloca en una posición crítica.
En un tribunal federal de Manhattan, Luigi Mangione se declaró “no culpable”. Vestido con un uniforme de prisión color beige y esposado en los tobillos, enfrentó a la jueza federal Margaret Garnett mientras era observado por varias filas de quienes lo apoyan. Este proceso lo vincula con cargos que podrían llevarlo directamente a la pena de muerte.

En un intento por frenar la decisión, los abogados de Mangione han intensificado sus esfuerzos legales para evitar la aplicación de la pena de muerte.
Esta medida, respaldada directamente por la fiscal general Pam Bondi, coloca el caso en el centro de un debate más amplio sobre el sistema judicial y el uso de esta condena en los Estados Unidos.
Desde principios de mes, Bondi ha dejado claro su objetivo de avanzar con la sentencia capital contra Mangione.
Según un comunicado emitido por su oficina, la fiscal alineó su postura con lo que calificó como “la agenda del presidente Donald Trump para combatir el crimen violento y garantizar la seguridad del país".

Este caso ha captado la atención pública debido a la gravedad de los cargos y las circunstancias del crimen, así como por las recientes disputas legales relacionadas con las grabaciones de las llamadas en prisión.
Los fiscales han insistido en que no hubo intenciones maliciosas ni violaciones deliberadas de los derechos del acusado.
Sin embargo, la defensa ha planteado preocupaciones sobre la posible interferencia en la confidencialidad de las comunicaciones legales, un tema que podría influir en el desarrollo del caso.
Mientras tanto, el juicio sigue avanzando bajo la atenta mirada de los medios y la sociedad, esperando respuestas sobre qué motivó este acto y qué determinación tomará la justicia en los próximos meses.