Liberación de Jeanine Áñez, un gesto simbólico para ganar confianza

El pasado 6 de noviembre, Áñez, quien encabezó el gobierno interino boliviano en 2019 tras la renuncia del líder cocalero Evo Morales —en medio de una intensa crisis política y social provocada por acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales—, estuvo detenida desde marzo de 2021 por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución", luego de que se le acusara de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario socialista.

Después de pasar casi cinco años en prisión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló la condena de diez años de cárcel que pesaba sobre ella, argumentando que se vulneraron sus garantías constitucionales, al no haber sido procesada mediante un juicio de responsabilidades (un procedimiento especial para expresidentes).

Para el analista y consultor político Erick Fajardo, el fallo que anuló la condena contra Áñez “no sólo confirma las vulneraciones al debido proceso, sino que también expone un patrón de control del sistema judicial” que, a su juicio, se ha mantenido por décadas. “Una de las características del régimen del MAS, independientemente de si se trataba de (el expresidente Luis) Arce o de Morales, fue la de consignar presos políticos”, explica Fajardo en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Los presos políticos, a diferencia de Venezuela, fueron una suerte de trofeos políticos que el MAS se soslayaba de tener ahí, y además no solamente sufrían reclusión, sino que pasaban el viacrucis de un sistema muy elaborado de comparecencias judiciales públicas y televisadas, lo cual los convertía prácticamente en animales de circo”, precisa.

Una justicia subordinada al poder

El caso de Áñez, continúa, no es una excepción, sino “la expresión más reciente de una estructura judicial completamente subordinada al poder político”. “Un sistema judicial dominado por el MAS era un sistema judicial que servía como ejecutor de esta suerte de tortura, en la cual, además de sufrir reclusión, la persona era expuesta al escarnio público”, resalta.

El analista menciona que esta práctica se remonta a otros episodios emblemáticos de la historia reciente boliviana, como el del exsenador y exprefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, detenido durante el gobierno de Evo Morales en septiembre de 2008. “Fue secuestrado, despojado de su cargo y recluido bajo el cargo de cómplice en el famoso caso terrorismo. Estuvo preventivamente detenido por ocho años, es decir, el nivel del abuso es sin precedentes”, señala.

Aunque destaca que esta subordinación judicial “no nació con el MAS”, sino en los años 90 “bajo el pretexto de juicios de responsabilidades y demandas de inconstitucionalidad” que dieron pie a una “cultura política de descabezamiento judicial”, que, con la llegada de Morales al poder en 2006, “ese afán (de control judicial) se vuelve hiperbólico”.

“La reforma judicial reestructura el sistema, barre con los jueces independientes, muchos son procesados o perseguidos, y el poder judicial se recompone con figuras afines al MAS”. De esta manera, asegura, se consolidó un “comisariato político judicial”, donde los jueces eran nombrados directamente por un Legislativo controlado por el líder cocalero.

Un gesto “simbólico”

Para Fajardo, el fallo a favor de Áñez representa más un gesto “simbólico”, dirigido a la “a la clase media urbana”, que interpreta la decisión “como una señal de restitución de la independencia judicial”, que a un cambio en el sistema de justicia.

“La independencia judicial no creo que esté garantizada por señales. La estructura y la composición del poder judicial sigue siendo la misma que durante Arce. No han cambiado jueces y dado que estos son autoridades electas, no va a poderlas cambiar Rodrigo Paz”, sostiene.

“No digo que Áñez sea inocente o culpable, eso no me toca decirlo a mí. Digo que en el proceso contra Áñez hubo abusos, que su detención fue irregular y la manera como se procedió violó el debido proceso. Y eso fue autoría de estos mismos jueces que ahora le han dejado en libertad, un poco reaccionando al clima político y al cambio político”, apunta.

En su opinión, esos mismos jueces que encarcelaron a Áñez ahora “juegan el papel de chicos obedientes” frente al nuevo gobierno de Paz. “Están mostrándole una señal de voluntad de trabajar con el nuevo gobierno, ajustando algunas de las arbitrariedades que habían cometido”, asegura.

Un mensaje a Washington

Además de responder a un cambio de clima político interno, el analista estima que la liberación de la expresidenta interina busca enviar un mensaje externo, tanto a Estados Unidos como al Banco Mundial, que han condicionado el financiamiento a Bolivia a la restitución de la seguridad jurídica.

“Es un gesto, tanto dentro del país a la clase media, como también a Washington y al Banco Mundial. Los organismos financieros internacionales han exigido ver restituida la seguridad jurídica en Bolivia para poder hablar de créditos”, menciona.

En este sentido, considera que el presidente Rodrigo Paz “parece estar en la disposición de ofrecerle a Washington el lenguaje que necesita escuchar”, orientado a dar por muerto el ciclo del socialismo en la nación andina.

Entre esos gestos menciona “el no invitar a los autócratas del siglo XXI a la posesión” del pasado 8 de noviembre y la intención declarada del gobierno de dirigir a Bolivia hacia “un capitalismo para todos”.

“Veo a Washington muy entusiasta con la posibilidad de que las cosas cambien en Bolivia. Lo digo con respeto, es un entusiasmo, desde mi punto de vista, exagerado”, señala.

Menciona, por ejemplo, las recientes declaraciones del subsecretario de Estado, Christopher Landau, que ha dado por muerto al socialismo del siglo XXI en Bolivia, calificándolo como un “un buen augurio para la región”. A juicio de Fajardo, esta es una “pretensión demasiado grande y una percepción muy generosa para con un gobierno que apenas empieza”.

Fajardo considera, sin embargo, que una señal alineada a la lucha contra el narcotráfico de la administración de Donald Trump, es la designación de Ernesto Justiniano, como nuevo el nuevo zar antidrogas, dos décadas después de que ocupara el puesto de viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia.

“Está dando buenas señales, pero todavía tiene la larga tarea de deconstruir un sistema socialista que está en el imaginario popular, en las organizaciones sindicales y en los gobiernos subnacionales (...) Lo de Christopher Landau lo veo con simpatía, pero también como un entusiasmo un poco ingenuo de una parte de Washington”, subraya.

En su diagnóstico, la liberación de Áñez no implica el final del ciclo del socialismo en Bolivia, puesto que una elección no logra “desinstalar el aparato político y cultural que la izquierda ha construido en la región”. Agrega, igualmente, que el MAS dejó una huella profunda en el imaginario popular: “Es difícil extirpar toda la red de burócratas ligados ideológicamente a la izquierda que dejan estos gobiernos después de una larga estadía, en el caso del ciclo de más 15 años. Están anclados en lo que yo llamaría la cultura política”.

Morales, advierte, estaría apostando a que esa cultura política “le abra una ventana para reaparecer con legitimidad, conforme el proceso actual del presidente Rodrigo Paz se desgaste”. “Baja la cabeza, desaparece por momentos, pero siempre está ahí, y sus organizaciones siguen funcionando”, recuerda.

“La cultura política, el imaginario del socialismo del siglo XXI sigue circulando entre las comunidades rurales y las periferias urbanas. Ese es el verdadero peligro, el peligro que va más allá de que Evo Morales no esté en el asiento o de que su partido haya perdido incluso la sigla”, sostiene.

El líder cocalero, continúa Fajardo, aún conserva poder territorial, institucional y logístico: “Tiene más de 300 alcaldías y una estructura rural que permite logística, presupuesto y equipos de campaña. Las seis federaciones de cocaleros agrupan sindicatos socialistas y su vinculación al ciclo económico de la coca, y que los cocaleros del Chapare son parte del circuito del narcotráfico, entonces la capacidad económica para mantenerse activos es indiscutible”.

Por ello, intuye que el nuevo gobierno nació con un sentido de temporalidad, por el nivel de amenazas internas y externas, especialmente por su vicepresidente, el capitán de policía Edman Lara. “Tiene un tiempo, yo diría, de 18 meses máximo para mostrar que puede hacer lo que Gonzalo Sánchez de Lozada no pudo en 2002: concretar las expresiones de buena voluntad de los organismos cooperantes en acciones efectivas que impliquen financiamiento”, enfatiza.

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